Por: Bache3000

La Cooperativa de Viviendas Eben Ezer no esperó ninguna aprobación para volver a la carga. Este miércoles, a través de un espacio patrocinado en Bariloche2000 —es decir, una publicidad paga, no una nota periodística—, la entidad presidida por Griselda Garcés anunció que presentó su proyecto en el municipio el 7 de agosto y que, una vez aprobado, abrirá la inscripción para 600 lotes sociales nuevos. Sumados a los cerca de 500 que ya dice tener en cartera, la cuenta da 1.100 lotes destinados a familias que buscan un terreno propio en Bariloche.

El comunicado llegó de la mano de una batería de piezas publicitarias que la cooperativa y la empresa G. Garcés S.A.S. distribuyeron el mismo día por WhatsApp y redes. Una promete "11 vacantes disponibles" con financiación accesible y "cupos limitados". La otra, ya con la marca G. Garcés, habla directamente de negocio: nuevas inscripciones para agosto y septiembre, una "primera tanda de 50 lotes" de 300 metros cuadrados (algo que no existe, porque no están delimitados), un millón de pesos de entrada y "lo demás se financia".

No es un dato menor que ambas entidades —la cooperativa que dice representar a familias trabajadoras y la sociedad anónima que vende los mismos lotes como negocio inmobiliario— tengan al frente a la misma persona: Griselda Garcés preside tanto Eben Ezer como G. Garcés S.A.S. Esa doble función es, ni más ni menos, la que le permite mover la misma tierra bajo dos caretas distintas: una cooperativa social de un lado, una inmobiliaria del otro. Y detrás de las dos, sosteniendo el negocio desde el origen, la familia Li, propietaria original de las tierras.

El problema es que todo ese negocio se monta sobre un terreno que, según el propio municipio, no está en condiciones de aprobarse ni de habitarse. Fuentes municipales consultadas por Bache3000 confirmaron que, ante la publicación de Ebenezer, la Municipalidad no presentará la medida cautelar que había anunciado semanas atrás. Pero aclararon que eso no significa un cambio de postura: sostienen que es "muy difícil" que la cooperativa logre algún día la aprobación para dividir la tierra en unidades particulares, porque hoy esas 30 hectáreas figuran como un terreno indiviso, sin subdivisión catastral. Ese trámite —explicaron— ni siquiera se resuelve en el municipio, sino en Catastro provincial, y recién después debería pasar por el Concejo Deliberante para que autorice los parámetros urbanísticos, es decir, qué se puede construir ahí y qué no.

Y ahí aparece el obstáculo de fondo, que no es solo administrativo sino territorial: el municipio confirmó que está llevando adelante estudios para delimitar el predio del vertedero, y que planea instalar una nueva celda de disposición de residuos justo al lado de los terrenos que compró la cooperativa, porque las celdas actuales están colapsadas y agotadas.

En otras palabras: mientras Ebenezer y G. Garcés venden la promesa de una casa propia, el propio municipio está diseñando la expansión del basural exactamente en el lugar contiguo a esos lotes. Nadie en el municipio niega que la cooperativa sea propietaria de la tierra. La diferencia, insisten, es que una cosa es tener el título y otra muy distinta es conseguir la autorización para dividirla y habitarla en un lugar que describen directamente como "invivible".

Esa palabra no es un exceso retórico. Los vecinos que ya viven alrededor del vertedero lo vienen denunciando hace tiempo: el humo constante de la quema de basura, la presencia de roedores y la convivencia diaria con la disposición de residuos son parte del paisaje cotidiano de esa zona. A eso se suman los antecedentes sanitarios que ya había marcado el propio intendente Walter Cortés en declaraciones anteriores: casos de leptospirosis confirmados en el sector y una zona de amortiguación —el Buffer Norte— que, por normativa, admite apenas 12 habitantes por hectárea. Muy lejos de las miles de familias que hoy pagan cuotas soñando con una casa propia ahí.

Cortés había sido categórico meses atrás: calificó la venta de esos lotes como "una avivada", remarcó que catastralmente esas parcelas "no existen" para la Municipalidad y adelantó que impulsaría una denuncia penal contra los responsables. El municipio nunca desmintió esa postura. Lo que cambió, según las fuentes consultadas por este medio, es la estrategia judicial: no van a correr detrás de una cautelar mientras el proceso administrativo real —el que decide si algo de esto puede aprobarse alguna vez— avanza, si es que avanza, por Catastro y por el Concejo, con años de por medio, y mientras el propio Estado local define ahí mismo dónde va a seguir tirando la basura de toda la ciudad.

En el medio, el negocio no se detiene. Con la misma presidenta al frente de la cooperativa y de la sociedad anónima, y con el aval de la familia Li, se sigue ofreciendo tierra en cuotas a cientos de familias que hoy pagan por lotes que el propio municipio dice que no existen, en un terreno que las autoridades ambientales y sanitarias consideran no apto para vivir y que además está en la mira para ampliar el vertedero. Si el plan avanza tal como lo anuncian sus propios folletos, el número de familias comprometidas en este conflicto podría multiplicarse: de las 500 actuales a 1.100. Todas, en la misma zona que el municipio ya eligió como destino de la próxima celda de residuos.