Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó ante el Concejo Municipal el Proyecto de Ordenanza N° 691-26, que propone prohibir los llamados "códigos de descuento": retenciones directas que la Municipalidad aplica sobre el sueldo de sus trabajadores a favor de mutuales, cooperativas, financieras, cajas de crédito y tarjetas no bancarias, en concepto de préstamos y créditos personales.

El proyecto sostiene que este mecanismo, pensado en su origen para facilitar el acceso a bienes y servicios, terminó convertiéndose en una puerta de entrada a financiaciones con tasas de interés elevadas que comprometen buena parte del ingreso de los empleados municipales. Según los fundamentos de la iniciativa, usar el sistema de liquidación de haberes como vía de cobro directo le da a las entidades privadas una garantía que ningún otro acreedor particular tiene, y le carga al Municipio la tarea de retener y transferir esos fondos.

El Estado, ¿cobrador de deudas privadas?

Ese es el planteo central del proyecto: que la Municipalidad dejó de ser solo empleadora para pasar a funcionar, de hecho, como agente de cobro de obligaciones que sus trabajadores contrajeron con entidades privadas. Costa Brutten plantea que esa función es ajena a la relación de empleo público y que expone a los agentes a situaciones de sobreendeudamiento que pueden comprometer la subsistencia de sus familias.

La iniciativa aclara que no busca borrar deudas: los agentes municipales seguirán debiendo lo que corresponda, pero las entidades acreedoras tendrán que salir a cobrar por las vías legales ordinarias, sin apoyarse en el aparato administrativo del Municipio.

Qué cambia si se aprueba

De sancionarse, el Departamento Ejecutivo tendría 30 días corridos para dar de baja los códigos de descuento vigentes que no estén exceptuados, y debería notificar a las entidades alcanzadas con al menos 15 días de anticipación. También quedaría prohibido firmar nuevos convenios que habiliten este tipo de retenciones.

Se mantienen exceptuados de la prohibición los aportes previsionales y de obra social, las cuotas sindicales del SOYEM, los embargos y retenciones judiciales, los descuentos fijados por ley nacional o provincial, y los créditos otorgados directamente por la Municipalidad o por bancos de capital estatal.

El proyecto cita antecedentes en Chubut, Mendoza y Buenos Aires, además de fallos recientes de la Justicia rionegrina que ya pusieron límites transitorios a estas retenciones ante casos de sobreendeudamiento. El SOYEM figura como colaborador de la iniciativa.