Por: Bache3000

Según reveló el portal Infobae, en junio del año pasado, de madrugada, Verónica Aldazabal despertó a sus hijas de 11 y 7 años, armó una mochila y se subió con ellas a una camioneta prestada rumbo a la provincia de Buenos Aires. No llegó a apagar las luces de la casa. Había decidido escapar de Bariloche después de que la Justicia de Río Negro sobreseyera a Mario Campi, abuelo paterno de las nenas, a quien había denunciado por presunto abuso sexual.

Según su testimonio a ese medio, la causa había arrancado años antes, cuando la menor de las niñas —entonces de 4 años— le contó que su abuelo le hacía "cosas malas". La denuncia penal se presentó en Bariloche pero, siempre de acuerdo al relato reconstruido por Infobae, la investigación se archivó rápidamente. Un año después la nena volvió a pedir ayuda, esta vez a su maestra de música en el colegio, lo que motivó una denuncia de oficio de la institución educativa y la reapertura de la causa.

La Justicia ordenó entonces una Cámara Gesell. De acuerdo con la versión de la madre recogida por ese medio, cuando la niña estaba por declarar le informaron que del otro lado del vidrio se encontraba su abuelo, la persona a la que señalaba como su presunto agresor. La nena habría entrado en crisis y dicho que no recordaba nada. Campi fue sobreseído por la Fiscalía N° 4 de Bariloche.

Un informe pericial presentado posteriormente por una especialista en psicología forense —a pedido de la abogada de Aldazabal, según consta en la nota original— señaló irregularidades en la evaluación psicológica realizada en Bariloche y advirtió sobre el riesgo de revictimización de la menor.

La causa en San Isidro

Tras instalarse en Buenos Aires, Aldazabal radicó una nueva denuncia por abuso sexual agravado ante la Justicia de San Isidro. Según su relato a Infobae, allí las niñas comenzaron a hablar por primera vez: la hija mayor relató, en el marco de su tratamiento psicológico, episodios de exhibicionismo, filmaciones durante el baño y situaciones de connotación sexual, que habría atribuido a su abuelo.

La profesional que atendió a la niña incorporó a su informe un diagnóstico de estrés postraumático y de abuso sexual infantil sospechado, de acuerdo al documento citado por Infobae.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro, a cargo de Rodrigo Fernando Caro, dispuso medidas de protección para las nenas y pidió que se fijara fecha para una nueva Cámara Gesell, que finalmente se realizó esta semana. Según pudo saber Infobae, en esa instancia las niñas habrían ratificado los relatos de abuso.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia radicada en San Isidro es el que involucra a Mónica Balseiro, ex intendenta de Dina Huapi y abuela paterna de las nenas. Según el relato de la niña mayor, recogido en el informe psicológico incorporado a la causa y reconstruido por Infobae, Balseiro habría participado de algunas de las filmaciones denunciadas. Aldazabal aclaró a ese medio que se trata de un extremo que "está en investigación", sin imputación formal ni resolución judicial al respecto hasta el momento. Balseiro no fue consultada por Infobae para esa nota.

La disputa por la competencia judicial

El conflicto judicial no se limita al fuero penal. El Juzgado de Familia N° 7 de San Isidro se declaró incompetente para intervenir y remitió el expediente a Río Negro, algo que la familia paterna reclama activamente. Aldazabal apeló esa decisión y ahora la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires deberá definir si las nenas permanecen bajo tutela del fuero bonaerense o si son trasladadas nuevamente al sur. La madre sostiene, siempre según su testimonio publicado por Infobae, que teme un traslado forzoso antes de que sus hijas puedan ser escuchadas en condiciones adecuadas, y afirma haber recibido mensajes intimidatorios para que abandone el reclamo judicial.

El caso encuentra un antecedente reciente en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 11 de diciembre pasado, sobre una situación similar entre las provincias de Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, en el que el máximo tribunal remarcó la necesidad de priorizar la sede judicial que garantice mejor la protección de los derechos del niño involucrado.

La denuncia también hace referencia, según el detalle que reconstruyó Infobae, a un allanamiento realizado en marzo de 2025 en Dina Huapi —localidad donde reside la familia paterna— en el marco de una investigación de la Fiscalía de Río Negro sobre una presunta red de distribución de material de abuso sexual infantil, detectada a partir de una alerta del sistema internacional CyberTipLine de la organización NCMEC. La causa no vincula a Campi con esa investigación, aunque la denuncia solicita formalmente que se coteje el material secuestrado en esos allanamientos con la identidad de las niñas, dado el escaso tamaño de la localidad.

Por el momento, tanto la definición sobre la competencia judicial como la resolución de fondo del caso siguen pendientes ante los tribunales bonaerenses.