Por: Bache3000
A pocos meses de la elección de convencionales municipales que revisarán la Carta Orgánica, la agrupación Todos por Bariloche difundió una carta dirigida a todos los partidos, agrupaciones y alianzas que competirán en los comicios del 1° de noviembre, en la que reclamó incorporar al debate siete ejes que, aseguran, forman parte del texto vigente desde 2007 pero jamás se cumplieron.
La organización, señaló que perdió su personería política hace dos años por decisión de la Justicia Electoral y el Gobierno provincial, remarcó que continúa funcionando como espacio comunitario y pidió que, más allá de las diferencias ideológicas, los candidatos asuman como propios los puntos que consideran "fundacionales" para terminar con lo que definieron como un saqueo de recursos y derechos sobre la ciudad y su gente más vulnerable.
El primer reclamo apunta a la autonomía municipal, en particular a la injerencia del Municipio sobre cuestiones hoy monopolizadas por la Provincia, como el estado de escuelas, hospitales y salas de salud, la seguridad ciudadana, la recaudación tributaria y la coparticipación inversa.
El segundo eje es la recuperación del poder concedente sobre la distribución de la energía eléctrica, atributo municipal que, según la carta, la Provincia usurpó en 1996 mediante la ley 2902. De acuerdo al texto, Bariloche paga más de 3.000 millones de pesos anuales a la Provincia por la fiscalización del servicio, y en 30 años se habrían fugado más de 90.000 millones de pesos por ese concepto, pese a que la propia Carta Orgánica de 2007 ordena gestionar su restitución.
El tercer punto reclama los cánones de las concesiones del Cerro Catedral que, sostienen, la Provincia cobró y se apropió durante más de 20 años, pese a que sucesivos acuerdos y ordenanzas devolvieron la jurisdicción del cerro a Bariloche. Según la nota, la Carta Orgánica manda a reclamar esa suma y nunca se hizo ninguna gestión al respecto.
El cuarto reclamo es la puesta en funcionamiento del fondo fiduciario creado en 2007 para atender las necesidades urgentes de niños y ancianos, que debería nutrirse de grandes empresas sin domicilio en Bariloche que operan en la ciudad sin reinvertir en ella. Pese a estar reglamentado por la ordenanza 2092 de 2010, la agrupación denuncia que el lobby comercial y la presión política de sectores foráneos impidieron su cumplimiento.
El quinto punto refiere a la participación de Bariloche en la autoridad interjurisdiccional de cuencas y en las regalías hidroeléctricas, un mandato que, afirman, nunca se gestionó pese a que la ciudad es la principal productora del agua de la cuenca, mientras Viedma y Neuquén sí utilizaron fondos similares para obras costaneras y de parquización.
El sexto eje apunta a la gestión de la jurisdicción sobre la totalidad del lago Nahuel Huapi, un mandato de las disposiciones transitorias de la Carta Orgánica que debía cumplirse en dos meses desde su sanción, en 2007, y que según la nota nunca fue gestionado.
El séptimo y último punto reclama la recomposición de la coparticipación y los impuestos directos: Bariloche aporta el 30% del tributo provincial y recibe apenas el 17% de retorno, una diferencia que, sostienen, impide el desarrollo de obras y servicios en la ciudad.
La carta, firmada por Rodolfo Rodrigo en representación de Todos por Bariloche, plantea que las cuestiones operativas de la reforma deberían discutirse con quienes tuvieron responsabilidad ejecutiva en el Municipio, mencionando a Edgardo Gagliardi, Cesar Miguel, Marcelo Cascón, Omar Goye, Maru Martini, Gustavo Genusso y Walter Cortés, aunque insistió en que los siete puntos reseñados deben sostenerse "con toda firmeza" en la nueva Carta Orgánica, sin distinción de partidos ni alianzas electorales.