Por: Bache3000

El arquitecto Raúl A. Martiniau presentó un documento denominado "Bariloche en Común - Agenda Urbana para una Ciudad Integrada", en el que propone repensar la estructura de gestión de San Carlos de Bariloche a partir de un diagnóstico que describe a la ciudad como fragmentada, con un crecimiento casi exponencial que no fue acompañado por una planificación integral ni por acuerdos amplios entre los distintos sectores que la habitan.

El trabajo parte de una premisa central: Bariloche dejó de ser una aldea de montaña para convertirse en una metrópolis, pero sigue siendo gestionada con herramientas normativas que no contemplan esa escala. Según el documento, no existe en la ciudad un Código ni un conjunto de ordenanzas que adopten abiertamente el concepto de planificación, y históricamente se trabajó bajo criterios de uso del suelo basados en valores de cambio y no de uso, lo que impidió ajustar la infraestructura a las necesidades reales de cada sector.

Menos del 30% de la ciudad tiene cloacas

El diagnóstico también apunta a la falta de autonomía municipal frente a la Provincia y la Nación. El Superior Tribunal de Justicia ratificó que salud, educación y seguridad son competencias constitucionales de esos niveles superiores, pero fuera de esas áreas no existe un mandato jurídico claro que los obligue a proveer infraestructura urbana y servicios locales, lo que deja al municipio atrapado entre la demanda vecinal y la falta de herramientas presupuestarias.

El documento describe un cuadro de situación elocuente: menos del 30% del ejido cuenta con cobertura de sistema cloacal, con proyectos de expansión paralizados desde hace tiempo, sin cronograma público ni presupuesto asignado para revertirlo. A eso se suma que la cooperativa eléctrica local vio reducido su margen de autonomía por decisiones del poder provincial que recortaron su capacidad como entidad concedente, mientras que el servicio de gas quedó en manos de una empresa multinacional que lo administra con lógica puramente comercial, sin mecanismos de control municipal y con prácticas cuestionadas en materia de ampliaciones de red y disponibilidad de conexiones domiciliarias.

El texto agrega que la vialidad sufre una superposición de jurisdicciones nacionales, provinciales y locales que impide una planificación coherente, y que buena parte de la obra pública se ejecuta sin planificación integral ni participación técnica de las áreas municipales competentes. A todo esto se suma un dato que grafica la dispersión de la ciudad: la densidad poblacional promedio es de apenas 4,3 habitantes por hectárea, aunque existen sectores con valores mucho más altos donde el déficit de servicios y equipamiento comunitario es crítico.

Frente a ese escenario, la propuesta central del documento es la creación de nueve Unidades de Gestión Vecinal (UGV), definidas a partir de un criterio ambiental elaborado por el SEGEMAR: Colonia Suiza, Lago Moreno/Península San Pedro, Pampa del Gutiérrez, Faldeo del Otto, Pampa de Huenuleo, Zona Urbana Sur, Zona Urbana Centro, Abanico del Arroyo Ñireco y Las Chacras. Cada una tendría autoridades elegidas por voto directo de los vecinos de su jurisdicción, presupuesto territorial propio, y competencias sobre mantenimiento de espacios públicos, pequeñas obras, equipamiento comunitario y control de determinados servicios.

El esquema no crea nuevos municipios: el intendente y el Concejo Municipal mantienen las competencias exclusivas sobre Carta Orgánica, política tributaria, endeudamiento, planificación urbana general y seguridad, entre otras. Las UGV se rigen por una Junta de Gestión Vecinal colegiada de entre cinco y siete miembros, que elige entre sus integrantes a un coordinador —el candidato más votado— mientras que el resto de los cargos, llamados directores, se reparte según el método D'Hondt para garantizar representación proporcional de las distintas listas. Los mandatos durarían cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva, y la remuneración del coordinador equivaldría al 60% de la de un concejal, mientras que los directores percibirían el 50%.

El documento incorpora además un segundo órgano de participación, el Consejo Vecinal de cada UGV, sin funciones de gobierno ni de administración, integrado por juntas vecinales, organizaciones comunitarias, clubes, comerciantes e instituciones educativas, entre otros actores, con el objetivo de que la participación no se concentre únicamente en la cabecera de cada unidad sino que llegue a barrios y sectores. Un Consejo de Coordinación Territorial, integrado por el intendente y los nueve coordinadores, sería el ámbito donde se articulen las políticas y obras que afecten a más de una unidad.

"El poder municipal permanece arriba, la gestión se descentraliza hacia abajo, la participación nace desde abajo hacia arriba", resume el propio documento, que cierra con una definición que funciona como síntesis de toda la propuesta: Bariloche es, y debe ser, un proyecto en común.