Por: Bache3000
Carina Muratti tiene 62 años y hace siete que trabaja como Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) para alumnos con discapacidad auditiva en la Escuela de Educación Especial N° 19. Desde hace un par de meses vive un ida y vuelta burocrático que la tiene, en sus propias palabras, "en un tire y afloje". Pero para ella el trámite jubilatorio nunca fue una opción a estas alturas: su hijo Santiago —el joven barilochense que sufrió maltrato institucional en un centro bonaerense y cuyo caso Bache3000 contó en detalle en enero— está internado y depende pura y exclusivamente de la obra social para sostener su cobertura médica, sus medicaciones y su internación. Sin ese trabajo activo, esa cobertura se cae.
Muratti reconstruyó para Bache3000, paso a paso, la secuencia de meses que la tiene en vilo.
Todo arrancó con un llamado de su escuela: "Hace un par de meses me llaman de la Escuela Especial 19 diciendo que habían recibido un mail de supervisión, diciendo que por la edad que tengo, tengo 62 años, ya estaba en condiciones de jubilarme". Su respuesta fue inmediata: "les digo no, porque me faltan años de estar frente al aula".
Desde la escuela le pidieron una nota. Ella explicó por escrito la situación de su hijo: por qué necesitaba seguir activa y que la obra social provincial era la única cobertura que sostenía la internación y el tratamiento de Santiago. Y después, nada: "escribimos todo, venimos de las vacaciones de invierno, silencio de radio".
El siguiente capítulo ocurrió mientras viajaba a Buenos Aires a visitar a Santiago, internado. La llamó un vocal de la Junta de Clasificación de Primaria de Viedma, pidiéndole documentación médica de su hijo. Muratti se la envió completa: estudios, derivación, papeles de la internación.
El 19 de agosto fue a ANSES con su abogada, con turno para el reconocimiento de servicios. Ahí presentó la certificación que el propio Consejo de Educación había demorado un mes en entregarle. La respuesta del organismo previsional fue clara, y coincidía con lo que ella venía sosteniendo: "no está en condiciones de jubilarse, le faltan dos años". Se lo dieron por escrito y lo reenvió tantoa la Junta de Clasificación de Primaria, como a otra casilla de Movimiento y Registro Docente en Viedma.
Este lunes 24 de agosto - relató Muratti— la volvieron a citar en la Escuela Especial 19 para entregarle una resolución que, otra vez, la intima a jubilarse. Cuando llamó a Viedma para hacer notar la contradicción con lo que ANSES acababa de certificarle, encontró otro dato llamativo: "la nota sale con fecha 18 de agosto, cuando yo les mandé el 19 de agosto, o sea, ni leyeron lo que mandé".
Por la Resolución N° 4636, firmada el 18 de agosto por la vocal gubernamental, el Consejo Provincial de Educación resolvió denegar la permanencia en la docencia activa de Muratti y le fijó como plazo el 31 de diciembre para iniciar el trámite jubilatorio, invocando el artículo 58 de la Ley Provincial 391. Dos días después, una segunda resolución (N° 4688) corrigió un error de tipeo en los considerandos de la primera —confundía la Junta de Clasificación de Primaria con la de Secundaria— pero ratificó la decisión de fondo.
El expediente muestra además que la propia docente había pedido, mediante una nota personal del 24 de junio, que se autorizara su continuidad activa explicando el caso de Santiago, y que tanto la Junta de Clasificación para la Enseñanza Primaria como la Dirección de Educación Inclusiva rechazaron ese pedido.
Del otro lado del mostrador, el formulario de requerimiento de documentación que ANSES le entregó el 19 de agosto en la UDAI Bariloche dice que Muratti "no reúne el derecho a realizar la jubilación docente ya que no cuenta con 10 años al frente de alumnos". La determinación del sistema previsional (SICA) cierra con un veredicto sin matices: "SIN DERECHO".
En otras palabras, mientras la Provincia sostiene que a Muratti, por edad, ya le toca jubilarse, el organismo que efectivamente tendría que pagarle esa jubilación certifica en papel membretado que todavía no cumple los requisitos.
Para Muratti, la discusión nunca pasó por su propio futuro laboral. "Yo puedo laburar de cualquier cosa", dijo, dejando en claro que no es el trabajo en sí lo que defiende. Lo que está en juego es la cobertura médica de su hijo: "el problema es Santiago, Santiago se queda sin cobertura, sin medicaciones, sin internación". Esa obra social, ligada a su cargo docente activo, es hoy el sostén de un tratamiento que incluye internación. Además, ella misma convive con diabetes y una medicación mensual que también depende de esa misma cobertura.
La aclaración final de la docente busca despejar cualquier lectura equivocada de su reclamo: "yo estoy en condiciones de trabajar, de hecho trabajo, trabajo todo el día. No es que no me quiera jubilar, no puedo jubilarme, no me dan los años".