Por: Bache3000

Hay una manera fácil de discutir sobre el Cerro Catedral, y Bariloche la eligió: gritar. Un intendente que dice que la empresa se tiene que ir, una empresa que hace oídos sordos, vecinos que hacen fila eterna en un molinete que no lee tarjetas, discapacitados a los que alguien, en algún escritorio, les niega el pase que la ley les debe. Todo eso existe, todo eso indigna, y nada de eso es, en rigor, el problema. El problema —el que nadie nombra porque nombrarlo obliga a pensar, y pensar es más lento que indignarse— es otro: ¿para qué quiere Bariloche el Cerro Catedral? ¿Para qué lo necesita? ¿en qué condiciones?

La pregunta suena obvia hasta que se intenta responder. Y ahí aparece el silencio.

Bariloche construyó su cerro, hace décadas, con una función precisa: ser el imán que atrae, la excusa que trae gente, la razón por la que alguien elige gastar sus pesos en esta ciudad y no en otra. El Catedral no fue pensado como un negocio aislado sino como la cabecera de una cadena: detrás de cada esquiador hay un hotel, un restaurante, una escuela de esquí, un alquiler de temporada, un remise, un almacén de barrio que vive de que el cerro funcione. Esa cadena es la economía real de esta ciudad, y esa cadena es, también, lo que el debate actual ignora por completo.

Porque discutir si CAPSA se va o se queda sin discutir qué le permitimos hacer y qué no —sin discutir de qué manera esa concesión se articula con el resto del entramado turístico— es discutir el síntoma y olvidarse de la enfermedad. Es, para decirlo simple, gastar la bronca acumulada por años de malas colas, de pases mal gestionados, de POSNets que no andan, en una pelea que no resuelve nada de fondo. Porque incluso si mañana CAPSA desapareciera, quedaría la pregunta más incómoda de todas: ¿quién viene después? Los cañones de nieve, las sillas, la infraestructura —todo, absolutamente todo lo que hace que el cerro funcione como cerro— es de la empresa. Echarla sin saber quién ocupa ese lugar no es una solución: es un salto al vacío con la ilusión de que abajo hay red.

Y sin embargo tampoco alcanza con decir que hay que dejar tranquila a la empresa. Bariloche no le debe nada a CAPSA que no sea, exactamente, lo que un municipio le debe a cualquier concesionario: reglas claras, seguridad jurídica, y la exigencia de que cumpla. El Instituto Municipal de Servicios Concesionados existe para eso: para multar, para sancionar, para no perdonar lo que no debe perdonarse. Si esa herramienta no funciona, el problema no es CAPSA: es la dirigencia que la dejó oxidarse.

Ahí está, en realidad, la falla que atraviesa todo esto. No es una falla empresarial, aunque la empresa tenga lo suyo. Es una falla política: la ausencia absoluta de un plan. Nadie —ni el intendente, ni el gobernador, ni los concejales que hoy piden sangre— se sentó nunca a definir con precisión qué inversión de CAPSA le conviene a Bariloche y cuál no, qué cosas la ciudad está dispuesta a ceder para sostener esa inversión, ni cómo se protege a quienes hoy están del otro lado del mostrador: a los comerciantes de la base, a los guías, a los pequeños empresarios que cada temporada dependen de decisiones que se toman sin ellos. Es más fácil convocar una audiencia para pedir la cabeza de una empresa que convocar una mesa para diseñar una estrategia. La primera da un titular. La segunda da un futuro.

Porque el Cerro Catedral no es, no puede ser, una isla. No es un negocio que funciona para sí mismo ni una decisión que se toma por fuera del resto de la cadena de valor turística de la ciudad. Precios, servicios, estrategia: todo eso tiene que hablarse en el mismo idioma, tiene que responder a la misma lógica, tiene que tener, sobre todo, la misma dirección. Un cerro que sube sus tarifas sin que la ciudad sepa por qué, que restringe el acceso sin coordinar con quienes viven de ese acceso, que toma decisiones como si Bariloche no existiera del otro lado del cerro: eso no es autonomía empresarial, es una anomalía que la política permitió por comodidad, por desidia, o por las dos cosas juntas.

Y hay una pregunta que casi nadie se anima a hacer en voz alta, quizás porque la respuesta incomoda a demasiada gente: ¿para qué sirve plantear la batalla a muerte contra la empresa? ¿A quién le sirve, exactamente, que el conflicto escale en lugar de resolverse? Porque una pelea así, sostenida en el tiempo, no es gratuita: da rédito. Da votos, si se administra bien el enojo social acumulado. Da público, si se alimenta la indignación en lugar de canalizarla. Es más fácil pararse frente a un micrófono y prometer que el "pulpo" se va, que sentarse en una mesa técnica a diseñar las condiciones de una concesión. Lo primero se aplaude en el momento. Lo segundo no da titulares, pero es lo único que construye algo.

Y si la apuesta sale bien —si finalmente CAPSA se va— ¿alguien pensó qué pasa el día después? Porque la pregunta no es retórica: no hay, hoy, ningún candidato a reemplazarla, ninguna empresa esperando en la puerta con la inversión necesaria para sostener cañones de nieve, sillas, infraestructura que costó millones y que es, toda ella, propiedad de la empresa que se estaría echando. la batalla política sin tener resuelta esa incógnita no es una victoria: es heredarle a Bariloche un cerro parado, una temporada de invierno sin cerro, y una cadena de valor turística —hoteles, restaurantes, escuelas de esquí, comercios de la base— que se cae en cadena porque el eslabón principal desapareció. Ese costo no lo paga quien gritó más fuerte en la audiencia. Lo paga el que alquila cabañas, el que vive de la temporada, el que no tiene con qué reemplazar seis meses de ingresos.

¿Hay que proteger a los comerciantes de la base? Sí. ¿A los hoteleros? Sí. ¿A cada trabajador que vive, directa o indirectamente, del cerro? También sí. Pero esa protección no hace falta inventarla: ya existe. El EAMSEC no es una herramienta hipotética ni un organismo de papel; es, precisamente, el instrumento pensado para regular, multar y sancionar cuando la empresa se excede. Si se hubiera usado con la firmeza que la ley permite, gran parte de este conflicto no habría escalado hasta el punto en que está. Los extremos no se llegan porque no haya reglas: se llegan porque las reglas que existen no se aplicaron. Y esa es, otra vez, una responsabilidad que no es de la empresa —la empresa hace, con lógica de empresa, todo lo que el Estado le permite hacer—, sino de una dirigencia que tuvo el instrumento en la mano y prefirió mirar para otro lado, hasta que la bronca acumulada no dejó otra salida que la pelea a los gritos.

Todo, hoy, está llevado a los extremos. Y en los extremos rara vez se construye algo que dure. La empresa tendrá que bajar unos cuantos decibeles y reconocer que se equivocó en demasiadas cosas simples y evitables. Pero la dirigencia —esa palabra que en Bariloche suele significar "los que después no se hacen cargo"— tendrá que entender, de una vez, que un cerro no se gobierna a los golpes ni se resuelve con consignas. Se gobierna con un plan. Y ese plan, todavía, no existe.