Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten presentó este jueves un escrito formal para frenar el contrato que la Municipalidad de Bariloche firmó con la empresa ALTEC S.A.U. para manejar el sistema de estacionamiento medido de la ciudad. Se lo entregó en mano al intendente Walter Cortés y pidió que se suspenda la ejecución del contrato de manera urgente, hasta que se compruebe que todo se hizo como corresponde.

¿Cuál es el reclamo central? El concejal sostiene que este no es un simple cambio de software, sino un contrato grande y de largo plazo: dura tres años, le da a la empresa un 8% de todo lo que se recauda por el estacionamiento medido, más un 2% extra por el sistema de cámaras que leen las patentes automáticamente, y un piso mínimo que el Municipio tiene que pagarle sí o sí cada mes, equivalente a 5.000 litros de nafta. Además, el contrato le da a ALTEC la exclusividad del servicio, algo que —según Costa Brutten— podría dejar al Municipio "atado" a esa empresa a futuro.

El primer gran cuestionamiento es si el intendente tenía la potestad de firmar este contrato solo, sin pasar antes por el Concejo Deliberante. Costa Brutten explica que la Carta Orgánica y una ordenanza municipal establecen que ciertos contratos importantes necesitan la autorización previa de los concejales, y pide que se determine si eso ocurrió en este caso. Si no ocurrió, reclama que el expediente se mande inmediatamente al Concejo para que lo trate.

El segundo punto, y quizás el más sensible, tiene que ver con el trabajo de la gente. El sistema de estacionamiento medido de Bariloche fue creado, en parte, para darle trabajo a cooperativas locales. El concejal advierte que si se automatiza todo con cámaras y aplicaciones, esas cooperativas y sus trabajadores podrían quedar afuera. Por eso le pide al Municipio que informe con precisión cuántas personas trabajan hoy en el sistema, cuántas podrían perder su puesto, y qué plan existe para que no se queden sin trabajo.

Costa Brutten también reclama transparencia total sobre cómo se eligió a ALTEC: si hubo licitación, si se consultó a otras empresas, o si se la contrató directamente sin comparar precios ni ofertas. Pide que se muestre toda la información: contratos, informes técnicos, correos, facturas y cualquier papel que explique por qué se decidió cambiar el sistema anterior —que funcionaba a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata— por este nuevo esquema con ALTEC.

Por último, el concejal pidió que intervenga el Tribunal de Contralor Municipal, el organismo que controla que la plata pública se use de forma correcta, y dejó asentada su intención de iniciar acciones legales si el Municipio no responde o si el contrato sigue en marcha sin las autorizaciones necesarias.