Por: Bache3000

Finalmente se realizó la audiencia entre la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y el Municipio de la ciudad, y no hubo acuerdo. Ningún tipo de acuerdo. Por parte de la Cooperativa asistió un conglomerado importante de representantes: Alejandro Pozas, el consejero y tesorero Alejandro Seguí, los abogados Pablo Calello y Ernesto Saavedra, y el gerente Horacio Fernández. Por parte del Municipio, se había anticipado la presencia de Mike Domínguez, que finalmente no fue, y en su lugar el municipio envió a la asesora letrada Yanina Sánchez.

El juez a cargo de la mediación, Iván Sosa Lukman, planteó los tres ejes por los que habían sido convocadas las partes. El primero, la deuda por alumbrado público. El segundo, la deuda por el tableo comunitario, que reclama la Cooperativa y que estimaría a su favor en cinco millones de dólares, mientras que el Municipio le reclama a la CEB el pago de tasas por un monto cercano a los 1.400 millones de pesos. El tercer tema, el más urgente de todos, era llegar a un acuerdo sobre la prestación del servicio de alumbrado público, que a partir de este 1° de septiembre debería pasar a manos del Municipio.

Ese traspaso quedó dispuesto luego de que el intendente Cortés firmara una resolución dando de baja el contrato que la Municipalidad mantenía con la Cooperativa, y estableciendo que el propio municipio se haría cargo del servicio. La medida, impulsada por el asesor Agustín Domingo, dejó al municipio en una posición complicada: en la mediación pidió una prórroga de al menos un mes (a pocas semanas de las elecciones para Convencionales), pedido que los integrantes de la Cooperativa descartaron de plano.

En cambio, propusieron un contrato por cinco años con actualización tarifaria, argumentando que el servicio es deficitario y que la CEB no puede seguir poniendo dinero de sus propias arcas para sostenerlo.

No hubo acuerdo sobre las deudas —de hecho, ni siquiera llegaron a discutirse— y tampoco lo hubo sobre la continuidad del servicio: si bien la Cooperativa aceptaría una extensión, exige que se trate de un contrato firmado y no de un "parche". Con el traspaso a horas de concretarse, todo indica que el Municipio no logró construir la estructura necesaria para asumir el servicio en toda la ciudad, y ahora estaría evaluando revisar su propia decisión.

Más allá de la mediación judicial, hay diálogos informales entre la CEB y el Municipio que buscan destrabar el conflicto antes de que se cumpla el plazo.