Por: Bache3000

Hay una escena que se repite en esta ciudad como si fuera parte del paisaje, tan habitual como el viento que baja del cerro: alguien anuncia con solemnidad que las cosas van a cambiar, fija una fecha, y cuando la fecha llega, resulta que las cosas necesitan un poco más de tiempo. Esta tarde, a las 13.00, en las oficinas del Tribunal de Contralor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ocurrió la última función de esa obra que Bariloche viene representando desde julio. Solo que esta vez, quienes la protagonizan insisten en que no es la misma obra de siempre.

Para entender lo que se firmó hoy hay que retroceder unas semanas. A fines de julio, el intendente Walter Cortés decidió romper el convenio que unía a la Municipalidad con la Cooperativa de Electricidad Bariloche desde 1988 —treinta y siete años de un acuerdo que se renovaba solo, automáticamente, como esas suscripciones que nadie se acuerda de haber contratado—.

Lo hizo mediante la Resolución N° 2415-I-2026, y con ella anunció que el Municipio iba a retomar la "gestión integral" del servicio de alumbrado público: no ya toda la electricidad de la ciudad, aclaremos, sino específicamente esas luces que iluminan las calles por la noche y que hasta entonces operaba, cobraba y mantenía la CEB. La medida iba a regir a partir del 1° de septiembre. El intendente lo explicó con una frase que el debate público tomó, desde entonces, casi como una apuesta: "el monstruo no es tan grande, nos podemos hacer cargo del alumbrado público".

La Cooperativa no se quedó callada. Su presidente, Alejandro Pozas, salió a cuestionar tanto el fondo como la forma: dijo que la rescisión era jurídicamente improcedente, porque el convenio había nacido de una ordenanza del Concejo Deliberante y una ordenanza no se cambia con una simple resolución del Ejecutivo. Y fue más allá: presentó una acción judicial reclamando que el Municipio le debía a la CEB una actualización de la tarifa del alumbrado que no se hacía desde el año pasado. A comienzos de agosto, la Justicia le dio parcialmente la razón (y otra patrte se la reconoció a la Municipalidad): el Juzgado Contencioso Administrativo suspendió varias de las herramientas con las que el Ejecutivo pretendía avanzar sobre el servicio, entre ellas sanciones y retenciones impulsadas desde la Secretaría de Hacienda municipal.

Después, hubo una inspección municipal en las oficinas de la CEB, que también despertó humores en ambas instituciones.

Con ese antecedente, las partes llegaron a una audiencia de conciliación ante el juez Iván Sosa Lukman que, como se contó en este mismo diario, terminó sin acuerdo. Fue entonces, después de ese fracaso, cuando el presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, tomó la posta y convocó él mismo a las partes: a las 13.00, en su despacho, con los abogados de siempre —Pablo Calello y Ernesto Saavedra por la CEB, la secretaria legal y técnica Yanina Sánchez por el Departamento Ejecutivo—. Y lo que la Justicia no había logrado destrabar, lo destrabó, al parecer, el tribunal municipal.

En criollo, lo que se firmó fue esto: por tres meses, del 1° de septiembre al 30 de noviembre inclusive, quedan suspendidas todas las actuaciones judiciales y administrativas entre las partes, y con ellas, la posibilidad de que el Municipio se haga cargo del alumbrado público queda prorrogada dentro de ese mismo plazo. Mientras tanto, la Cooperativa sigue operando el servicio y podrá incorporar, desde el 1° de septiembre, adicionales a cuenta de futuros aumentos de tarifa, que deberá informar y que en definitiva aprobará la Comisión de Transacciones. Para los tableros comunitarios, otro de los frentes del conflicto, se acordó aplicar el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad de Río Negro, el mismo programa ya usado en el barrio Alun Ruca. Y, por último, ambas partes se comprometieron a no innovar ni litigar sobre ninguno de estos puntos mientras dure el acuerdo.

La lectura que hacen desde el Ejecutivo es esta: la resolución que le saca el alumbrado a la Cooperativa sigue vigente, no se cayó, solo quedó suspendida por tres meses —del 1° de septiembre al 30 de noviembre inclusive— para ordenar la transición. Y remarcan un dato: aseguran que el personal ya está capacitado, que los aspectos técnicos ya están resueltos, y que lo único que faltaba era la información técnica que maneja la Cooperativa —planos, inventario de luminarias, el detalle fino de una red que administró durante casi cuatro décadas—, información que la CEB entregó justamente hoy. Es decir: según el Municipio, dentro de tres meses el alumbrado público de Bariloche sí pasa a sus manos, y lo que se firmó esta tarde no es una suspensión indefinida sino el tiempo que les tomará a los equipos técnicos de ambas partes ordenar el traspaso sin que la ciudad se quede a oscuras en el medio.

Sobre las deudas, el panorama es menos prolijo. Cada parte le reclama plata a la otra, pero ninguna de las dos sabe con precisión cuánto le reclama la otra: son montos que hoy no están determinados.O por lo menos están discutidos o no reconocidos. Esa discusión, la de ponerle un número a cada reclamo, quedó completamente delegada a la Comisión de Transacciones, que se reunirá el 7 de septiembre. Y cualquier aumento en los costos del servicio deberá pasar por el mismo filtro: tendrá que ser validado por esa comisión y demostrado por la Cooperativa, no aplicado de manera unilateral.

Y hubo, además, un dato que le dio al acuerdo de esta tarde un peso extra. Esa misma mañana, horas antes de la firma, el juez Sosa Lukman había ordenado ejecutar una deuda de casi 3.904 millones de pesos que la CEB le reclama a la Municipalidad y al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, con un embargo sobre fondos municipales que debía registrarse ante la Contaduría General de Río Negro. Es, de todo lo que este conflicto lleva discutiendo, la cifra más alta que se puso arriba de la mesa. Ese embargo, sin embargo, queda ahora momentáneamente en suspenso: al alcanzar el acuerdo firmado esta tarde también a las actuaciones judiciales en danza, la ejecución ordenada por la mañana no avanzará, al menos, durante los próximos tres meses.

La reunión terminó a las 14.45. Todos firmaron, todos volvieron a sus oficinas, y por ahora hay paz: tres meses en los que, según esperan en ambas partes, no solo se ordenará el traspaso del alumbrado sino que se cerrarán, de una vez, todos los reclamos judiciales que este conflicto dejó abiertos desde julio —embargo incluido—.

Lo que queda, más que una tregua eterna, es una apuesta con fecha de vencimiento: en noviembre (post elecciones a convencionales) se sabrá si esa paz alcanzó para resolver lo que la Justicia, sola, no había podido resolver.