Por: Bache3000

La primera reunión de la Comisión Especial del Concejo Municipal que analiza la concesión del Cerro Catedral, realizada el jueves pasado, abrió una oportunidad que Bariloche no debería desaprovechar. La comisión fue creada para revisar el contrato vigente desde 2018 y analizar actividades y situaciones que no quedaron contempladas en aquella readecuación, pero hay una pregunta que debería estar en el centro de esa discusión: qué modelo de Cerro Catedral quiere Bariloche para los próximos treinta años.

Porque el problema no es solamente qué actividades deben agregarse al contrato, cuánto debe invertir CAPSA o qué condiciones debe cumplir la concesionaria. El problema es mucho más profundo: cómo evitar que el principal activo turístico de la ciudad termine funcionando, en los hechos, como un sistema dominado por una sola empresa.

Durante muchos años, la discusión sobre Catedral quedó concentrada fundamentalmente en los medios de elevación. Pero el Cerro es mucho más que eso: es alojamiento, gastronomía, escuelas de esquí, alquiler de equipos, transporte, agencias de viajes, instructores, actividades recreativas, servicios para residentes y peatones y una enorme cantidad de actividades que conforman la experiencia turística de nuestra ciudad. Por eso, la revisión de la concesión debería preguntarse quién gobierna ese conjunto de actividades y bajo qué reglas.

La explotación privada de los medios de elevación no necesariamente debe significar el control privado de todo el ecosistema turístico de la ciudad, y esa distinción es fundamental: una empresa privada puede ser un excelente concesionario y realizar las inversiones necesarias, pero eso no significa que el Estado municipal y las fuerzas vivas de la ciudad deban renunciar a su capacidad de planificación, regulación y coordinación del destino.

En este contexto aparece el pedido de CAPSA para obtener, de alguna manera, tierras en propiedad dentro del área del Cerro. Y aquí la discusión no debería reducirse al precio del metro cuadrado o al impacto ambiental, porque la pregunta importante no es cuánto valen esas tierras o qué pasará con ellas, sino qué significa para el futuro de Catedral que el actual concesionario pase de tener el derecho de explotación a ser, además, propietario de tierras estratégicas dentro del área.

CAPSA ya posee activos fundamentales para la explotación del centro de esquí, y si a eso se agregara la propiedad de tierras estratégicas, una futura licitación tendría que enfrentar una situación particularmente compleja: ¿quién estaría dispuesto a competir contra una empresa que ya cuenta con los medios de elevación, infraestructura, equipamiento y otros activos indispensables y que, además, sería propietaria de parte de las tierras estratégicas? La cuestión, entonces, no es CAPSA. La cuestión es la competencia futura.

Una concesión puede ser larga, pero la posibilidad de competir debería permanecer abierta. Bariloche debería poder imaginar que en 2056, cuando termine el actual período de concesión, pueda existir una nueva licitación en la que distintos operadores tengan posibilidades reales de presentarse. Si durante estos años se transfieren tierras estratégicas al concesionario, se corre el riesgo de que esa futura competencia quede condicionada. Por eso, antes de discutir la transferencia de tierras, la Comisión debería hacerse una pregunta sencilla: ¿esta decisión mejora o reduce la posibilidad de que exista competencia en Catedral en el futuro, y colabora con el derrame del Cerro hacia la economía barilochense?

Bariloche no necesita inventar el modelo desde cero. El caso de Andorra ofrece una experiencia interesante para analizar: allí existen centros de esquí con explotación empresarial y participación de los gobiernos locales. En el caso de SAETDE, una de las sociedades vinculadas al dominio de Grandvalira, el Comú d'Encamp mantiene aproximadamente el 34% del capital y participa en su estructura de gobierno. Es decir, el privado puede invertir y gestionar, pero el sector público conserva participación y capacidad de decisión, y el modelo andorrano mantiene además una separación entre la explotación del dominio esquiable y la propiedad de los terrenos, que permanecen vinculados al ámbito público. No se trata de copiar el modelo de Andorra, sino de rescatar un principio útil para Catedral: se le puede otorgar al sector privado seguridad jurídica, un horizonte de largo plazo e incentivos para invertir sin necesidad de transferirle la propiedad del patrimonio estratégico. Ese equilibrio merece ser estudiado por la Comisión.

La Comisión podría analizar también la creación de un sistema de gobernanza integral del Cerro que no se limite a una relación entre el Municipio y la empresa concesionaria. Sería fundamental incorporar a las principales asociaciones empresariales de Bariloche y a las instituciones intermedias que representan a la comunidad: la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, las asociaciones vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía, las agencias de viajes, los prestadores de servicios y otras instituciones representativas de la ciudad deberían tener un ámbito formal de participación.

No se trata de que estas instituciones administren el Cerro, sino de que quienes representan buena parte de la actividad económica y social de Bariloche puedan participar en la definición de las políticas de largo plazo de su principal activo turístico. Un esquema de estas características permitiría que las decisiones sobre Catedral no quedaran circunscriptas a una negociación entre el poder concedente y el concesionario, y que el Cerro sea pensado como parte integral del desarrollo económico de Bariloche y no como una unidad de negocios aislada de la ciudad.

La Comisión podría incluso proponer que, como parte de la revisión del contrato, se constituya una Mesa o Consejo de Gobernanza del Cerro Catedral —o una Sociedad del Estado, o un Ente autárquico— con representación del Municipio, el concesionario y las principales instituciones empresariales e intermedias de Bariloche. La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio deberían tener un lugar natural en ese ámbito, junto con las entidades de hotelería, gastronomía, agencias de viajes, prestadores turísticos y otros sectores vinculados con la montaña. Esto permitiría algo que hasta ahora ha faltado: una visión integral y de largo plazo, construida entre quienes tienen responsabilidades diferentes pero un mismo interés, que Catedral sea un motor de desarrollo para toda Bariloche.

Ese organismo podría abordar cuestiones como el valor del pase, residentes y peatones, turismo estudiantil, estacionamiento, transporte, agencias de viajes, escuelas e instructores, alquiler de equipos, gastronomía, hotelería, nuevas actividades turísticas, promoción del destino, infraestructura, sustentabilidad ambiental, planificación territorial y la relación entre el Cerro y el resto de Bariloche. CAPSA —o quien resulte concesionario en el futuro— podría continuar a cargo de los medios de elevación, las inversiones, el mantenimiento y la explotación de los servicios que correspondan, pero la planificación y la gobernanza del destino deberían ser una responsabilidad compartida. De esa manera, el concesionario administra una empresa, pero no gobierna en soledad un territorio que es estratégico para toda la comunidad.

Esta es quizás la confusión que Bariloche debería evitar: defender la propiedad pública de las tierras estratégicas no significa pretender que el Municipio administre un centro de esquí, ni tampoco impedir la inversión privada. Significa establecer con claridad los límites entre propiedad pública, regulación pública y explotación privada. El sector privado necesita reglas claras, seguridad jurídica y un horizonte suficientemente largo para invertir; el Estado necesita conservar la capacidad de decidir qué desarrollo quiere para su patrimonio; y la comunidad necesita mecanismos para que la riqueza generada por el Cerro tenga un verdadero derrame sobre Bariloche. Las tres cosas pueden y deben coexistir.

La discusión que acaba de comenzar puede transformarse en una simple negociación contractual o puede ser algo mucho más importante: la oportunidad para que Bariloche defina, por primera vez de manera integral, qué quiere hacer con Catedral durante las próximas tres décadas. Queremos un centro de esquí exitoso, sin ninguna duda.

Queremos inversiones, también. Queremos empresas privadas eficientes, por supuesto. Pero también deberíamos querer competencia, participación pública, planificación, transparencia y beneficios concretos para la comunidad, y sobre todo deberíamos evitar que decisiones tomadas hoy hagan imposible modificar el modelo mañana. Porque una concesión termina, una inversión se puede reemplazar y un operador puede cambiar, pero una tierra estratégica que deja de ser pública difícilmente vuelva a serlo.

Por eso, antes de decidir cuánto vale una hectárea o qué inversión ofrece una empresa a cambio de ella, la Comisión debería hacerse una pregunta mucho más importante: qué estructura de propiedad y gobernanza permitirá que el Cerro Catedral siga siendo, en 2056, un activo estratégico de todos los barilochenses y no el territorio económico de una sola empresa. Esa es, en definitiva, la discusión que acaba de comenzar.