Por: Estanislao Cazaux - Presidente del Tribunal de Contralor Municipal
La reforma de la Carta Orgánica no puede convertirse en una discusión exclusivamente política acerca de cuántos concejales debe haber, cuánto dura un mandato, quién reemplaza a quién o qué facultad corresponde a cada organismo. Todo eso habrá que discutirlo, pero sería imperdonable que, después de veinte años, convoquemos a una Convención Constituyente sólo para cambiar algunos artículos y dejar prácticamente intacto el funcionamiento del Estado municipal.
Bariloche cambió muchísimo. El mundo cambió todavía más. Actualmente el Municipio, en muchos aspectos, sigue funcionando con procedimientos, estructuras y lógicas pensadas para otra época; por eso creo que debemos animarnos a una reforma mucho más profunda.
No propongo una Carta Orgánica más grande, propongo una Carta Orgánica mejor. Más sencilla, más moderna, más exigente con quienes administran, más protectora de los ciudadanos y, fundamentalmente, mucho más preparada para el futuro que se avecina.
Hay diez cuestiones que, a mi entender, deberían formar parte de esa discusión.
Durante años confundimos control con burocracia; sin embargo, no son lo mismo. Pedir cinco firmas, hacer circular un expediente durante semanas o multiplicar intervenciones administrativas no hace más transparente al Estado, muchas veces sólo lo hace más lento. Creo exactamente lo contrario: el Municipio debe poder decidir rápido y el ciudadano debe poder tener acceso a toda la información.
Tenemos que simplificar procedimientos, eliminar pasos administrativos obsoletos y establecer definitivamente el expediente digital como regla. Cada decisión debe dejar una huella absolutamente trazable: quién decidió, cuándo, por qué, cuánto costó, quién fue contratado y cuál fue el resultado final de todo el proceso.
La tecnología hoy permite algo que hace veinte años parecía imposible, menos burocracia y más transparencia al mismo tiempo. Éste debería ser uno de los principios fundamentales de la nueva Carta.
Creo que tenemos que terminar con una vieja costumbre institucional: que todos intervengan en todo. Cuando todos deciden, finalmente nadie es responsable.
El Ejecutivo tiene que gobernar y ejecutar. El Concejo, por su parte, debe legislar, representar a los vecinos, aprobar las grandes decisiones y ejercer el control político. Por último, el Tribunal de Contralor tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia en la gestión pública, con independencia real, sin subordinación política y con autonomía funcional, presupuestaria y tecnológica; pero sin perder de vista que también debemos modernizar la forma de controlar.
El control del futuro no puede consistir solamente en revisar expedientes meses después de que ocurrieron los hechos. Tenemos que avanzar hacia un control inteligente y permanente, con sistemas capaces de detectar automáticamente sobreprecios, contrataciones repetidas, concentración de proveedores, fraccionamientos de compras, desvíos presupuestarios o cualquier comportamiento anormal. La tecnología que utiliza quien administra también tiene que estar disponible para quien controla; y diría algo más: el organismo que controla al Estado no puede encontrarse tecnológicamente un paso por detrás del organismo controlado.
Hay algo que deberíamos incorporar definitivamente a nuestra cultura institucional, el Estado no debe ser evaluado solamente por cuánto gasta, sino por lo que consigue.
Cada área municipal debería fijarse objetivos públicos y medibles. Si se destinan recursos a vivienda, debemos saber cuántas soluciones habitacionales se generaron; si se realizan inversiones en calles, cuántos kilómetros se pavimentaron o arreglaron; y si se destinan fondos al transporte público, cuánto mejoraron sus frecuencias.
Si creamos o mantenemos un organismo, tenemos derecho a saber qué resultados produce. Esto puede parecer obvio; sin embargo, nuestro Estado está construido principalmente alrededor del presupuesto y no de los resultados. Sabemos cuánto dinero entra y cuánto sale, pero resulta muchísimo más difícil determinar qué consiguió concretamente la ciudad con ese dinero.
La nueva Carta Orgánica debería incorporar una verdadera cultura de resultados. Una institución pública no se justifica simplemente por existir: se justifica por lo que hace.
Bariloche tiene una deuda histórica con su infraestructura, calles, pluviales, redes, transporte, conectividad, veredas, servicios y equipamiento urbano. No podemos redescubrir este problema cada cuatro años.
Creo que la Carta debería establecer un Fondo Permanente de Infraestructura de Bariloche, protegido institucionalmente y destinado exclusivamente a la inversión. Una parte determinada de los recursos extraordinarios, de la recuperación de valorizaciones urbanísticas y de otras fuentes específicas debería ir obligatoriamente allí.
No para pagar el funcionamiento cotidiano. No para ampliar estructuras políticas. Para hacer ciudad. Tenemos que empezar a pensar las políticas públicas a veinte años y no a cuatro.
Bariloche enfrenta una paradoja extraordinaria debido a que tiene un extenso territorio y, al mismo tiempo, a miles de familias les resulta cada vez más difícil acceder a un lugar donde vivir.
El suelo urbano no puede ser pensado solamente como una mercancía. Cuando el Estado lleva una calle, autoriza determinado desarrollo, modifica indicadores urbanísticos o construye infraestructura, incrementa enormemente el valor de la propiedad privada. Una parte razonable de ese valor generado por decisiones de toda la comunidad tiene que volver a la comunidad: para hacer infraestructura, generar suelo urbano, facilitar la vivienda y mejorar los barrios.
No estoy hablando de impedir inversiones; exactamente lo contrario. Bariloche necesita inversión privada, necesita construir, desarrollar y crecer. Pero necesitamos hacerlo con reglas claras y con una idea elemental: si la ciudad genera valor, una parte de ese valor debe ayudar a construir ciudad.
Bariloche es una ciudad extraordinariamente extensa donde no existe una sola realidad. Quien vive en el Oeste enfrenta determinados problemas; quien vive en el Alto enfrenta otros; el Este tiene desafíos completamente diferentes y el Centro tiene los suyos.
Por eso creo que vale la pena discutir un sistema mixto de representación en el Concejo Municipal, una parte de los concejales elegidos por toda la ciudad mediante representación proporcional y otra parte elegida territorialmente por zonas.
No se trata solamente de discutir si queremos siete, nueve, once o cualquier otra cantidad de concejales. La verdadera discusión es otra: ¿queremos que todos los sectores de Bariloche tengan efectivamente una voz dentro del Concejo? Yo creo que sí.
Debemos cambiar nuestra manera de entender la participación, ya que la democracia municipal no puede aparecer únicamente cada cuatro años.
Hoy la tecnología permite que un vecino pueda presentar una iniciativa desde su casa, acompañar una propuesta, consultar un expediente, participar de una audiencia pública, conocer cómo votó cada representante y seguir posteriormente qué ocurrió con lo que propuso.
Creo que Bariloche debería tener una gran Plataforma Ciudadana Digital: una puerta única entre el vecino y el Municipio para trámites, reclamos, propuestas, expedientes, audiencias, presupuesto, obras, contrataciones e información pública. Todo desde un mismo lugar.
Pero con una condición fundamental: participar tiene que servir para algo. Si escuchamos a los vecinos y después nadie explica qué pasó con sus propuestas, eso no es participación; es solamente una reunión.
Éste, a mi entender, debería ser uno de los grandes saltos de la reforma. La Carta que estamos discutiendo probablemente nos acompañe durante los próximos veinte años, lo que significa que estamos escribiendo reglas para una ciudad que llegará cerca del 2050. ¿Realmente podemos imaginar ese período sin inteligencia artificial? Es imposible.
La inteligencia artificial va a cambiar completamente el Estado. Puede ayudarnos a ordenar el tránsito, diseñar recorridos del transporte, anticipar incendios, detectar pérdidas de agua, mejorar la recolección de residuos, analizar el crecimiento urbano, encontrar irregularidades en las cuentas públicas, controlar contrataciones, responder consultas, simplificar trámites que hoy demoran semanas y elaborar información presupuestaria en tiempo real.
Por eso no tenemos que discutir si el Municipio va a utilizar inteligencia artificial —lo va a hacer—; lo que tenemos que decidir ahora es bajo qué reglas lo hará.
Allí la Carta Orgánica tiene una oportunidad histórica. Yo incorporaría una verdadera Constitución Digital Municipal basada en los siguientes principios:
Todo vecino debe tener derecho a saber cuándo una decisión que lo afecta fue tomada o sustancialmente asistida por IA.
Ninguna multa, sanción, exclusión de un beneficio o decisión que afecte derechos puede quedar exclusivamente en manos de un algoritmo: siempre debe existir una persona responsable a quien acudir.
El ciudadano debe tener derecho a pedir una explicación sobre la lógica aplicada.
Los algoritmos utilizados para decisiones relevantes deben estar registrados y los sistemas de alto impacto deben poder ser auditados.
Los datos personales deben estar estrictamente protegidos y ningún sistema puede discriminar a una persona por el barrio donde vive, su situación económica o cualquier otra condición personal.
Soberanía digital municipal: Los datos de Bariloche no pueden quedar cautivos de una empresa privada. El Municipio tiene que conservar siempre el dominio, acceso, trazabilidad y posibilidad de migración de su información.
La tecnología debe trabajar para el Estado; nunca el Estado debe quedar prisionero de la tecnología.
Tenemos el privilegio de vivir en una ciudad rodeada por uno de los patrimonios naturales más extraordinarios del planeta. Bosques, lagos, montañas, ríos, costas y el Cerro Catedral, entre otros. Tenemos la obligación de protegerlos.
Sin embargo, no creo en la falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo. Una ciudad en la que los jóvenes no pueden conseguir vivienda, trabajo o posibilidades de progresar tampoco es sustentable. Necesitamos inversión, turismo, actividad económica, nuevas viviendas e infraestructura.
La pregunta no es "desarrollo sí o desarrollo no"; la pregunta es qué desarrollo queremos: uno inteligente, planificado y compatible con el entorno.
La Carta debería establecer una obligación especial, cuando una decisión pueda comprometer recursos ambientales irreemplazables para las próximas generaciones, el nivel de evaluación, transparencia y participación ciudadana tiene que ser sensiblemente mayor. Nosotros podemos equivocarnos, pero nuestros hijos no deberían pagar durante cincuenta años nuestros errores.
Resulta fundamental que el Municipio revise integralmente su propia estructura, teniendo en cuenta organismos, trámites, ordenanzas, procedimientos, tasas, registros y sistemas informáticos.
De esta manera se tendría que explicar públicamente qué sigue siendo necesario, qué debe modernizarse, qué puede unificarse y qué directamente debería desaparecer.
El Estado tiene una tendencia natural a acumular: se crean organismos, trámites, requisitos, excepciones y formularios, pero casi nunca se elimina nada. Pasan veinte años y terminamos administrando una ciudad del siglo XXI con estructuras pensadas para el siglo XX. La nueva Carta debería obligarnos periódicamente a preguntarnos algo muy sencillo: ¿para qué sirve esto? Y cuando no exista una buena respuesta, tener el coraje de eliminarlo o cambiarlo.
No propongo una Carta Orgánica llena de declaraciones imposibles de cumplir. Propongo una Constitución municipal clara, moderna y exigente. Una Carta que proteja derechos, pero que también construya herramientas para hacerlos efectivos; que permita gobernar sin burocracia innecesaria y controlar sin paralizar; que obligue a mostrar resultados, cuide cada peso del vecino, proteja nuestro medio ambiente, facilite la inversión y permita generar suelo y vivienda.
Una Carta que acerque el gobierno a los barrios, que incorpore la inteligencia artificial con límites claros para proteger a las personas y que obligue al Estado municipal a modernizarse permanentemente.
Bariloche fue muchas veces una ciudad vanguardista que se animó a hacer primero lo que después otros terminaron haciendo. Creo que tenemos que recuperar esa ambición. No deberíamos conformarnos con actualizar un texto de hace veinte años, deberíamos redactar una de las Cartas Orgánicas municipales más modernas de la Argentina. Tenemos una oportunidad que difícilmente vuelva a repetirse pronto y debemos aprovecharla.
El peor resultado de esta reforma sería terminar discutiendo durante meses nombres, cargos y estructuras para finalmente cambiar solo algunas palabras.
La pregunta más importante de esta Convención no debería ser cuánto poder tendrá cada sector, sino algo mucho más sencillo: ¿qué Bariloche queremos dejarles a nuestros hijos?
Si conseguimos responder eso, la reforma habrá valido la pena. Porque una Carta Orgánica no debería escribirse pensando en quién gobierna hoy ni en quién gobernará mañana, tiene que escribirse pensando en quienes van a vivir en Bariloche cuando nosotros ya no gobernemos nada.