Por: Bache3000

Abdala explicó que se enteró del cambio al llegar el martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales y no encontrarse entre sus integrantes. Consultó a los legisladores presentes y algunos no recordaban haber votado esa modificación, mientras que otros aseguraron directamente que nunca se había puesto a votación. Para respaldar su denuncia, pidió que se reprodujera el audio del registro audiovisual de la sesión del 6 de agosto, que —según planteó— no coincide con lo que después quedó asentado por escrito.

Según relató, la versión taquigráfica consigna que el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, pidió la lectura de una nota de modificación de comisiones que, de acuerdo al texto oficial, ya había sido presentada el día anterior en la Comisión de Labor Parlamentaria. Sin embargo, Abdala sostuvo que esa nota recién se presentó la misma mañana de la sesión, y que en el audio real López solo pide que "quede en el acta" una comunicación, sin que se abra ningún debate ni votación al respecto. Pese a eso, el documento taquigráfico da cuenta de una votación unánime que, según la legisladora, jamás ocurrió.

Marcela Rossio reemplazó a Abdala en la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Legislación General; Natalia Reynoso pasó a integrar la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo en lugar de Sanguinetti, quien a su vez pasó a Presupuesto y Hacienda; y el propio López tomó el lugar de Abdala en la Comisión Especial de Control Externo del Tribunal de Cuentas.

Abdala calificó el episodio como "un hecho grave" y pidió que conste en actas su impugnación a la versión taquigráfica por considerarla "falaz". Solicitó además una investigación para esclarecer lo sucedido y advirtió sobre el riesgo de que en el futuro se repita un mecanismo similar con consecuencias mayores, como el desafuero de un legislador sin que este haya sido efectivamente votado en el recinto. Citó los artículos 57 del reglamento interno y 132 de la Constitución provincial para sostener que un cambio de comisión permanente requiere el voto del pleno, y no puede resolverse por la sola voluntad de un bloque.

Sanguinetti fue más allá y habló directamente de una "falsificación de un documento público". El legislador barilochense enmarcó el episodio en un contexto más amplio de tensión política: recordó que junto a otros siete legisladores —un total de ocho, el 18% de la Cámara— decidieron apartarse de sus bloques de origen y hoy se encuentran en un limbo institucional, "boyando", sin definiciones sobre su pertenencia partidaria. Según describió, ese grupo ya había sido despojado de oficinas y asesores, y ahora se sumó la salida de las comisiones en las que venían trabajando, "de prepo".

El reclamo de Abdala y Sanguinetti no es un hecho aislado. Desde que la legisladora dejó Juntos Somos Río Negro para pasar a La Libertad Avanza, la tensión en la Legislatura fue en aumento: primero le quitaron las oficinas, luego los asesores, y ahora, a pedido de Facundo López, la sacaron de las comisiones en las que se desempeñaba. La diferencia con los pasos anteriores es el mecanismo utilizado esta vez: uno que, según la denuncia, deja constancia de algo que nunca sucedió, ya que en los papeles figura una votación que nadie realizó.

Ante los cuestionamientos, López salió a respaldar a los trabajadores taquigráficos y negó que la versión hubiera sido adulterada. Argumentó que los cambios se habían planteado en la Comisión de Labor Parlamentaria, integrada por los titulares de los bloques, el secretario legislativo y el presidente del cuerpo, y sostuvo que "no hemos hecho nada irregular ni ilegal". Recordó, además, que tanto Abdala como Sanguinetti habían decidido dejar el partido, motivo por el cual fueron reemplazados por legisladores de Juntos Somos Río Negro en las comisiones.

La controversia sumó una voz opositora cuando el vicegobernador Pedro Pesatti intentaba cerrar el debate: Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro, pidió que se investigue lo ocurrido, al considerar que, de confirmarse la denuncia de Abdala, se trataría de "un hecho gravísimo" por tratarse de la adulteración de un documento público. En el mismo sentido, López señaló que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar judicialmente la existencia de un delito, y trascendió que la oposición evalúa recurrir a la Justicia.

Finalmente, Pesatti resolvió la disputa con un tecnicismo: puso a votación los cambios en las comisiones tal como habían sido planteados por López, y la Cámara los aprobó por mayoría, dejando así firmes las modificaciones cuestionadas. La controversia, sin embargo, deja abierto un interrogante que todavía no fue respondido: cómo la versión taquigráfica pudo anticipar una decisión que recién se votó después, y por qué —según denunciaron Abdala y Sanguinetti— el texto remite a una sesión anterior en la que esos cambios tampoco habían sido tratados. Entre los propios legisladores, las lecturas del episodio se dividieron: para algunos se trata de una cuestión de forma, para otros de una irregularidad, y para no pocos, de un hecho grave que compromete la credibilidad de los registros oficiales del cuerpo.