Por: Bache3000

El proyecto, que ya cuenta con sanción legislativa, establece un régimen integral de habilitaciones para los establecimientos y transportes que intervengan en la faena, elaboración y comercialización de productos de origen animal en Río Negro. La norma divide las competencias de fiscalización entre el tránsito provincial y el municipal, bajo las pautas del Código Alimentario Argentino, y designa al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como autoridad de aplicación, en fiscalización concurrente con el Ministerio de Salud y la Policía provincial.

La iniciativa también resuelve un reclamo histórico de los crianceros: autoriza el traslado de carne vacuna y ovina para autoconsumo, mediante una guía y la presentación del cuero marcado o señalado que certifique la propiedad del animal.

En la votación general, el proyecto obtuvo 35 votos afirmativos y 6 negativos. Votaron en contra Magdalena Odarda, Ayelén Spósito y José Luis Berros (los tres de Vamos con Todos), Daniel Sanguinetti (Juntos Somos Río Negro), Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti.

El legislador Gustavo San Román (JSRN), miembro informante de la iniciativa, explicó que la norma resuelve vacíos legales y delimita competencias entre provincia y municipios, y remarcó que busca garantizar de forma estricta la inocuidad alimentaria. Precisó que la provincia fiscalizará el tránsito provincial, mientras que los municipios mantendrán el control local.

El artículo 15 y la fauna silvestre: el punto más resistido

Como ya había adelantado Bache3000 en una nota previa, el artículo 15 —que habilita el procesamiento y la comercialización de productos derivados de la fauna silvestre, entre ellos el guanaco y el jabalí— fue el que generó más polémica en el recinto. La norma establece que esos productos deberán procesarse en establecimientos habilitados, y que el organismo con competencia en fauna silvestre determinará cada año las especies autorizadas, las temporadas, los cupos de extracción, las zonas habilitadas y los períodos de veda.

Varios legisladores acompañaron el proyecto en general pero cuestionaron puntualmente ese artículo:

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) fue la voz más crítica y rechazó la iniciativa en su totalidad. Sostuvo que se trata de "un retroceso ambiental que mercantiliza la fauna autóctona" y advirtió que "carece de base científica, vulnera el Acuerdo de Escazú y alterará el equilibrio ecológico".

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) acompañó el texto en general por considerar que "beneficia a pequeños productores y crianceros locales", pero rechazó el artículo 15 por sus dudas sobre el procesamiento comercial de las especies nativas.

Alejandra Mas (PJ-NE) también apoyó el proyecto en general y valoró la simplificación del autoconsumo y la fiscalización conjunta entre áreas provinciales, aunque pidió votar por separado el artículo 15 por falta de certezas sobre la fauna silvestre.

Fernando Frugoni (CC ARI) respaldó la iniciativa en general para mejorar la trazabilidad cárnica, pero propuso excluir a las especies nativas de la comercialización y anticipó su voto negativo al artículo 15 si no se limitaba a la fauna exótica.

Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) votó a favor en general al señalar que la iniciativa "atiende una demanda histórica de la Región Sur", aunque adelantó su rechazo al artículo 15 y sostuvo que "el Estado debe acompañar con inversiones".

Desde el oficialismo, Soraya Yauhar (JSRN) defendió el artículo al aclarar que la faena de fauna nativa "se regirá bajo planes nacionales de manejo, sin peligro de explotación". En la misma línea, Juan Murillo Ongaro (PRO) destacó el rigor sanitario del proyecto y cuestionó a "los sectores que infunden temor en redes sociales sin proponer alternativas para formalizar la actividad".

El presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), desestimó las críticas y denunció "una campaña de desinformación basada en mensajes predeterminados y amenazas telefónicas". Aclaró que la iniciativa "no modifica la protección de la fauna" y remarcó que el proyecto "protege a pequeños productores y fortalece el control en rutas mediante las patrullas policiales".

La ley prevé un esquema de infracciones y sanciones que van desde el apercibimiento hasta la clausura temporaria o definitiva de los establecimientos, con multas de entre 200 y 5.000 kilogramos en pie de la categoría novillo. Los fondos recaudados por aranceles y multas se destinarán al Fondo de Apoyo Ganadero, que financiará el equipamiento y la movilidad del cuerpo de inspectores.

La norma entrará en vigencia a los 90 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, y el Poder Ejecutivo tendrá ese mismo plazo para dictar la reglamentación.