Por: Bache3000

Este mediodía se realizó en la Sala 5 de los Tribunales de la Costanera la audiencia por el pedido de prórroga de la investigación penal preparatoria en la causa que tiene como imputado a César Catrigual Guerrero, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y lesiones. La audiencia estuvo a cargo del juez de garantías Víctor Gangarrosa, con la presencia del fiscal Guillermo Lista, los abogados querellantes Govetto y Toledo —en representación de Emiliano Hernández—, y el defensor Horacio Brucellaria.

El expediente investiga a Catrigual Guerrero por los incidentes ocurridos el 2 de marzo, cuando el intendente encabezaba el discurso de apertura de sesiones en el Gimnasio Municipal 5. Ese día, mientras un grupo de vecinos manifestaba por el conflicto del vertedero y la situación del Cerro Catedral, se produjeron disturbios entre manifestantes y simpatizantes del intendente. Según la denuncia y lo que se pudo ver posteriormente en videos, Catrigual Guerrero le propinó un golpe de puño a Hernández, integrante de Residentes Unidos Bariloche, mientras protestaba con un cartel en la mano. En el mismo episodio, otra mujer resultó lesionada al recibir un golpe en la nariz que la hizo caer al piso.

El reclamo de la defensa: pruebas subidas "fuera de horario"

Brucellaria pidió extender el plazo de investigación hasta el 13 de noviembre, argumentando que el 13 de agosto —día del vencimiento original— la fiscalía subió al sistema dos declaraciones clave a las 15.07, después del horario de atención, y presentó el control de acusación a las 23.52, tres minutos antes de que venciera el plazo. Según el defensor, eso le impidió controlar y contrastar esa prueba a tiempo.

"Esto es lo central: la falta de posibilidad de control de la defensa de actos propios de la etapa de investigación penal preparatoria", planteó Brucellaria.

El planteo ya había sido rechazado una vez por Gangarrosa y luego reflotado tras un recurso de revisión que resolvió el juez Pichetto, quien consideró que la cuestión debía discutirse en una audiencia ante el juez de garantías. Para el defensor, lo ocurrido configura una "irregularidad manifiesta" que podría derivar en la nulidad de lo actuado: "Esa irregularidad manifiesta trae aparejada la nulidad. Entonces, cuando lleguemos al control de acusación, la defensa va a tener que plantear la nulidad de todo y vamos a tener que volver para atrás", advirtió.

Fiscalía y querella: "no hay afectación al derecho de defensa"

El fiscal Lista rechazó punto por punto los argumentos de la defensa. Sostuvo que el sistema procesal vigente permite el acceso a las pruebas en cualquier horario y que no existe límite horario para las presentaciones cuando hay un plazo por vencer: "No hay limitación de horario para poder ver el sistema (...) por eso entendemos que desde este punto de vista no hay una afectación al derecho de defensa que justifique este agravio".

Sobre los testigos cuestionados, remarcó que están identificados y que la defensa puede entrevistarlos antes del control de acusación. También descartó la posibilidad de una salida alternativa —como la suspensión de juicio a prueba— porque, al tratarse de un hecho cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo, el Código Procesal Penal restringe ese tipo de acuerdos.

La querella, representada en el uso de la palabra por la doctora Toledo, adhirió al pedido de la fiscalía y fue más dura con la defensa: calificó el pedido de prórroga como una "medida dilatoria", ya que en los cinco meses de investigación la defensa nunca planteó una salida alternativa ni pidió antes la suspensión de juicio a prueba. "No estamos de acuerdo con que se prorrogue el plazo de la etapa preparatoria porque no está justificado, porque la defensa ya tuvo 25 días para poder ofrecer su propia prueba", sostuvo, en referencia al tiempo transcurrido desde que se presentó el control de acusación.

La resolución: ni prórroga ni rechazo inmediato

Tras escuchar a las tres partes, Gangarrosa no dio una definición sobre tablas. El juez optó por tomarse tres días hábiles para resolver por escrito si hace lugar o no a la prórroga de tres meses solicitada por la defensa, en un expediente que ya tuvo un rechazo previo, una impugnación y una audiencia de revisión antes de llegar a esta instancia. Mientras tanto, sigue en pie el planteo de fiscalía y querella de que se le otorguen a la defensa los cinco días hábiles que prevé el Código Procesal para ofrecer prueba, en lugar de conceder los tres meses pedidos.

La definición del juez de garantías será clave para el rumbo de la causa: si rechaza la prórroga, el expediente avanzaría directamente hacia la etapa intermedia con el control de acusación ya presentado por la fiscalía; si la concede, la investigación se extenderá hasta noviembre.