Por: Bache3000
La justicia de Bariloche resolvió este miércoles condenar a Pablo González a 4 años de cumplimiento efectivo y 8 años de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo agravado de Sergio Massaro, atropellado y abandonado en la calle Peulla el 17 de mayo del año pasado. La condena se dictó en el marco de un juicio abreviado, un mecanismo que supone un acuerdo previo entre fiscalía y defensa sobre la pena.
Según el relato del Ministerio Público Fiscal, en la madrugada del 17 de mayo de 2025, González conducía un Volkswagen Gol bordó, en sentido norte-sur, por la calle Peulla, una arteria de ripio próxima a la Ruta 40 sur. Al girar bruscamente, González embistió a Massaro, que caminaba por el lugar junto a otras dos personas.
Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio. El auto fue hallado más tarde abandonado entre los arbustos de la cancha Lera. Massaro, mientras tanto, ingresó al Hospital Zonal con un traumatismo encefalocraneano grave y destrucción de masa encefálica. Permaneció en estado crítico hasta que, el 20 de mayo, se confirmó su muerte cerebral y posterior fallecimiento.
La fiscalía, a cargo de Guillermo Lista, le atribuyó a González el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria, por haberse dado a la fuga y por no haber intentado socorrer a la víctima. El tribunal tuvo en cuenta que González no registra antecedentes penales y que pidió disculpas a la familia durante la audiencia.
Pese a que la condena ya estaba dictada, un detalle de la audiencia no pasó inadvertido: mientras la familia de Massaro renunció a seguir litigando, la defensa de González, a cargo del doctor Pablo Guerrero, no renunció a los plazos procesales de impugnación. Ese gesto llamó poderosamente la atención tanto de los fiscales como de los jueces presentes, y también sorprendió al propio equipo que acompaña a la familia de la víctima.
Gastón, hermano de Sergio Massaro, relató a Bache3000 al finalizar la audiencia lo desconcertante de la situación: "el defensor de él pidió 10 días de plazo y sin embargo ya se había llegado a un acuerdo (…) los jueces ya habían dado la condena y sin embargo se echó para atrás el defensor de él, así que no sé qué pasó, pero bueno, tendríamos que seguir esperando".
Gastón también apuntó contra los límites del sistema penal para casos como este: "las leyes están, digamos, demasiado para atrás, porque no puedes darle la pena máxima a seis años de prisión a una persona que mató a una familia. O sea, hoy él mató a mi hermano y estamos peleando, lo máximo que le pueden dar son seis años".
Pese a la incertidumbre generada por el pedido de la defensa, explicó que la decisión de su familia de avanzar con el acuerdo respondió a una necesidad propia, más que a una sensación de justicia cumplida: "nosotros con mi familia decidimos llegar a ese acuerdo por el tema de que sabemos que mi hermano no va a volver, y bueno, queremos que él descanse en paz también, y nosotros también necesitamos descansar, porque estamos todo el tiempo pensando qué va a pasar".
También remarcó el trabajo del equipo fiscal que acompañó a la familia durante todo el proceso: "ellos lo tratan de hacer lo posible para que se dé una condena firme, pero bueno, ellos no son los que toman la decisión exacta, sino que tenés en los jueces la última palabra".