Por: Bache3000

La APDH Regional Bariloche expresó su preocupación por la vigencia —hoy cuestionada judicialmente— del nuevo Régimen Penal Juvenil y pidió que la ley no se aplique en Río Negro hasta que la provincia cuente con los medios adecuados para cumplirla. El documento, titulado "Régimen Penal Juvenil inaplicable en nuestra provincia", lleva las firmas de Ezequiel Palavecino, presidente del organismo, y de Rubén Marigo, secretario de Violencia Institucional.

El contexto es el de una norma que empezó a regir hace pocos días y que ya generó reacciones opuestas en todo el país. La Ley 27.801 fue convertida en ley por el Senado a fines de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y, según su artículo 52, entró en vigencia a los 180 días: el plazo se cumplió el sábado 5 de septiembre. La norma derogó las leyes 22.278 y 22.803, vigentes desde 1980, y montó un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, con un tope de 15 años de condena y la prohibición expresa de aplicar prisión perpetua. Hasta ahora, quienes tenían menos de 16 años no podían recibir una condena penal, aunque los jueces sí podían disponer medidas que restringieran su libertad, como la internación en institutos.

El lunes 7 de septiembre el Gobierno publicó el decreto reglamentario —que crea un sistema de supervisores, regula la asistencia a las víctimas y abre una sección para adolescentes en el Registro Nacional de Reincidencia— y ese mismo día la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió la aplicación de la ley en territorio bonaerense. Desde el oficialismo nacional, en cambio, se celebró la entrada en vigencia como el fin de la impunidad por razones de edad.

Sobre ese escenario se apoya el planteo del organismo barilochense. La APDH remarca que la ley no solo baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sino que además deja sin efecto el criterio anterior, que excluía del castigo penal los delitos de acción privada y aquellos reprimidos con penas de hasta dos años de prisión, multa o inhabilitación. Para la entidad, ese retroceso contradice el principio de progresividad y afecta tanto a la Convención sobre los Derechos del Niño como a los dictámenes de su Comité, que desaconseja reducir la edad de imputabilidad.

El documento agrega un segundo cuestionamiento de fondo: la posibilidad de que adolescentes de hasta 17 años reciban las mismas penas que una persona mayor de 18. Ese punto, señalan, ya fue rechazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Mendoza vs. Argentina", el fallo de 2013 por el que el Estado argentino fue condenado tras imponer prisión perpetua a jóvenes por delitos cometidos siendo menores de edad.

El tramo más duro del comunicado apunta a la infraestructura provincial. La APDH sostiene que en Río Negro no hay jueces, defensores ni fiscales especializados en la materia, ni el procedimiento adecuado que la propia ley exige, y mucho menos lugares de detención específicos donde se garantice la reinserción social, la formación laboral y cultural, el deporte o la atención médica y psicológica. El organismo recuerda que viene denunciando desde hace años que los espacios de detención funcionan como "depósitos de personas" que violan los derechos humanos e impiden la reinserción social, tal como establece el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Por eso, la conclusión del texto es concreta: la ley no debería ponerse en vigencia en la provincia hasta que existan los medios para cumplirla. El comunicado cierra, como es habitual en los documentos del organismo, con la consigna "Memoria, Verdad y Justicia".