Por: Bache3000

Hace unos días se llevó a cabo una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Dina Huapi en la que se abordó un proyecto del concejal Gabriel Páez titulado “Condónese (sic) los intereses por mora al vecino Carlos Barraquero”.

Allí, Páez argumentó que en agosto Carlos Barraquero quiso tramitar un libre de deuda y le informaron que registraba una deuda desde 2023 por su complejo turístico, de la que no tenía conocimiento ni le había sido notificada, aunque accedió a un plan de pagos. Sin embargo, luego le apareció otra deuda que, según le explicaron, sería producto de un error administrativo durante la gestión de Mónica Balseiro (2019-2023).

Sin dejar muy claros los mecanismos de cálculo ni los criterios aplicados, el proyecto apuntaba a condonar los intereses de la deuda de Barraquero y llegó sin demasiado análisis al recinto. De hecho, el pedido del vecino ingresó el 7 de agosto y la sesión se realizó el 3 de septiembre: un trámite expeditivo.

Así las cosas, los concejales Mónica Balseiro y Gabriel Páez votaron a favor de eximir al vecino del pago de $461.873 “en concepto por intereses por deuda de tasa de Desarrollo Urbano y Servicios Retribuidos al vecino Carlos Barraquero”. La actual titular del Deliberante, Paola Noguerol, votó en contra, pero la ordenanza fue aprobada por mayoría.

Los vínculos detrás de la condonación

Cabe mencionar que Carlos Barraquero es padre de Gerónimo Barraquero, quien entre 2019 y 2023 fue presidente del Concejo Deliberante de Dina Huapi, cuerpo que integró junto a Gabriel Páez.

Además, en 2023 Gerónimo Barraquero fue candidato a intendente con Mónica Balseiro como compañera de fórmula: la entonces jefa comunal resignaba su lugar para ir como candidata a concejal. Perdieron las elecciones, pero Balseiro igualmente ingresó al Concejo, mientras que Barraquero volvió a la actividad privada.

Más allá de los marcados vínculos personales y políticos entre los actores mencionados, esta condonación (con recursos de todos los dinahuapenses) sienta un grave antecedente para cualquier vecino que deba tasas municipales y considere que no puede pagarlas. A eso se suma que en este caso no se trataba de una vivienda particular, sino de un complejo turístico comercial.

Como si fuera poco, tampoco se respetó el procedimiento previsto para estos casos: si un vecino plantea que no está en condiciones económicas de pagar una deuda con el municipio, debe presentarse ante el Poder Ejecutivo, la situación es analizada por el área de Desarrollo Social y allí se determina si abona o no. Está claro que este tipo de procedimientos se aplica a personas sin ingresos o con graves problemas económicos.