Por: Bache3000

Un año y un día después de que seis funcionarios judiciales denunciaran a la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón, el caso llega hoy a su final administrativo. A las 16, el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción sesiona en la ciudad para tratar el informe del legislador Juan Murillo Ongaro (PRO), el instructor sumariante. Según pudo saber Bache3000, la conclusión ya está escrita: "no se comprobó ningún delito", el expediente no puede avanzar hacia la destitución y lo que queda es, en el mejor de los casos para los denunciantes, una sanción disciplinaria menor.

Fuentes judiciales explicaron a este medio que el sumariante tomó las declaraciones testimoniales, analizó lo que resolvieron los fiscales de Viedma en la vía penal y determinará que la causa no puede continuar en el Consejo de la Magistratura, el único camino posible hacia una destitución. La propuesta que llevará hoy al pleno es que lo de Cendón es “un problema en su rol de jefa”, y que eso se resuelve con sanciones que debe definir el procurador general Jorge Crespo: un apercibimiento, un llamado de atención y, a lo sumo, una suspensión. Destitución, no. Para avanzar en ese camino tenía que haberse comprobado algún delito, y Murillo Ongaro informará hoy que eso no sucedió.

El Consejo deberá votar si aprueba o no el dictamen. Según las fuentes consultadas, en la enorme mayoría de los casos el pleno convalida lo que propone el sumariante. Crespo, el Procurador, sería además quien tenga la última palabra sobre la sanción.

La denuncia se presentó el 9 de septiembre de 2025 ante Cecilia Criado, entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo. La firmaron el entonces fiscal Tomás Soto, el fiscal Guillermo Lista, los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, el jefe de división Germán Torres y la defensora penal adjunta Mónica Goye. Le atribuyeron a Cendón mal desempeño, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones: abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Describieron un cuadro de “mobbing laboral severo” e injerencia indebida en causas, con maltratos y humillaciones a empleados del Ministerio Público Fiscal y a testigos. A fines de ese mes, el Sitrajur sumó una denuncia propia por violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático, y pidió la suspensión preventiva de la fiscal. El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro se pronunció en respaldo de los trabajadores afectados.

Desde el inicio, el caso corrió por dos carriles. El disciplinario quedó en el Consejo de la Magistratura, que a comienzos de noviembre abrió el sumario, designó a Murillo Ongaro como instructor y rechazó suspender a Cendón por considerarlo “prematuro”. En diciembre desestimó un segundo pedido de suspensión. El penal se derivó a la Fiscalía General y se radicó en Viedma, para que no quedara en manos de fiscales con vínculo directo con la investigada.

Ese carril se cerró en abril. El 1° de abril, el fiscal jefe de Viedma Hernán Trejo desestimó todas las denuncias: concluyó que los hechos atribuidos a Cendón no constituyen delito y que, a lo sumo, son irregularidades administrativas. Los denunciantes pidieron la revisión y cuestionaron que Trejo hubiera resuelto sin citar a un solo testigo, sin ordenar pericias y sin secuestrar dispositivos. El 20 de abril, el fiscal jefe Juan Pedro Peralta, en su carácter de fiscal general subrogante, declaró inadmisible el recurso: sostuvo que los denunciantes “no revisten el carácter de víctimas” y que, al haber acudido al Consejo y no a la sede penal, no estaban legitimados para recurrir. Esa doble decisión es la que hoy sella la suerte del sumario: sin delito, no hay destitución.

El expediente administrativo, mientras tanto, avanzó bajo un hermetismo que los denunciantes cuestionaron durante todo el año. Su abogada, Carla Orticelli, se quejó en abril de que hasta entonces no los habían citado a declarar y de que no tenían acceso al cronograma de audiencias ni al listado de testigos. En julio acusaron al instructor de vaciar la prueba de cargo, pidieron veedores externos para las audiencias —la APDH, el Colegio de Magistrados, el Sitrajur y la Asociación Civil de la Defensa Pública— y consiguieron que nueve legisladores del PJ Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, encabezados por José Luis Berros, presentaran un pedido de informes en la Legislatura.

El plazo de instrucción venció el 19 de agosto y el informe quedó listo a fines de ese mes. Murillo Ongaro respondió siempre lo mismo: “no puedo andar ventilando información”. Y aclaró que su tarea termina en un informe: la decisión es del pleno.

En la previa de la sesión, desde el sector de los denunciantes difundieron un comunicado de prensa, al que accedió Bache3000, en el que dan por descontado el archivo con una simple “recomendación” ética o administrativa. Sostienen que el resultado “está sellado de antemano” y que cerrar así el expediente “representa una parodia de juzgamiento”. Enumeran las irregularidades que le atribuyen a la instrucción: que tras más de 40 testimoniales ninguno de los seis denunciantes directos fue citado a ampliar su denuncia; que se negó a convocar a los siete médicos, psicólogos y psiquiatras que trataron a las víctimas y constataron el daño psicofísico; que de los 38 testigos judiciales propuestos sólo se citó a 18; que ante sus reclamos la instrucción resolvió que los denunciantes “no son parte en las actuaciones”; y que empleados subordinados debieron declarar a puertas cerradas, en algunos casos con la denunciada presente, lo que —dicen— condicionó sus testimonios.

El documento contrasta el trámite con otros sumarios del sistema disciplinario provincial —como el de la exjueza de El Bolsón Erika Fontela, suspendida de manera preventiva durante la investigación y luego destituida por violencia laboral— y subraya un dato que ya es un hecho: quienes denunciaron se fueron del Poder Judicial y la denunciada sigue en la jefatura. Soto renunció a la Fiscalía poco después de firmar la denuncia. Goye presentó su renuncia indeclinable en agosto, tras 19 años de carrera en el fuero penal y la Defensa Pública. Cendón, a diferencia de otros sumariados, nunca fue apartada del cargo.

La defensa de la fiscal siempre sostuvo lo contrario. El abogado Damián Torres calificó (en medios provinciales) el caso como “un tema completamente político”, remarcó que en el ámbito penal ya se definió que no hubo delito y se quejó de la presión mediática. Para la defensa, lo que hubo en el Ministerio Público fue un conflicto laboral como los que existen en cualquier lugar de trabajo.

Hoy, a las 16, el Consejo de la Magistratura dirá si comparte la lectura del sumariante. Todo indica que sí. Y que el caso Cendón, que hace un año sacudió al edificio del Ministerio Público Fiscal de Bariloche y obligó a viajar al propio Crespo y al fiscal general Fabricio Brogna para calmar los ánimos. Según los denunciantes, todo terminará sin jury, sin destitución y con la fiscal jefa en el mismo despacho.