Por: Bache3000

La sesión del Consejo de la Magistratura que debía resolver el dictamen del sumariante Juan Sebastián Murillo Ongaro sobre la fiscal jefa Betiana Cendón dejó menos novedades jurídicas que postales políticas. Porque más allá de lo que se votara puertas adentro, lo que se vio en la sala ya contaba una historia.

De un lado, el equipo de la fiscal, que llegó para acompañarla en la instancia que puede definir si el sumario termina en una sanción menor o en algo más. Y con ellos, la presencia que más miradas se llevó: el intendente Walter Cortés, acompañado por Estanislao Cazaux y Mike Domínguez. Que un jefe comunal en ejercicio se siente en una sesión del Consejo de la Magistratura no tiene antecedentes: es la primera vez que un intendente asiste a una reunión de este tipo.

Del otro, los denunciantes y un público que fue a respaldar la acusación. Entre ellos, el fiscal adjunto Álvaro Viterbori, uno de los que impulsó la denuncia, y Mónica Goye, también denunciante, que ya no forma parte del Ministerio Público tras su renuncia. Los acompañaban Rubén Marigo (APDH), Marcelo Cayumil —pareja de la senadora nacional Ana Marks—, Edgardo Straini (ex secretario general de la UnTER), Laura Loureiro y Carla Orticelli, hermana de la fiscal adjunta María Fernanda Orticelli, otra de las denunciantes, que no estuvo en la sala. Un mapa bastante nítido de los sectores que vienen cuestionando a Cendón desde el inicio de la causa.

También se los vio en la sala a Ezequiel Palavecino, presidente del Colegio de Abogados de Bariloche, y a la legisladora del PRO Malala Frei, que siguió la sesión por su cuenta.

Cortés fue escueto y eligió no meterse en el fondo del asunto: "Vine a apoyar a la fiscal, que está haciendo muy bien su trabajo. No es mi tarea opinar sobre la causa, hay que preguntarle a los responsables".

La frase, breve, dejó una lectura inevitable: el intendente no opinó sobre la causa, pero dejó claro de qué lado estaba. Y en una sesión donde cada silla parecía una declaración, eso también es una postura.

Mientras tanto, la vía penal ya quedó cerrada: tanto el fiscal Trejo como el fiscal en jefe Juan Pedro Peralta concluyeron que no hubo delito, algo que los denunciantes cuestionan. Lo que resta es el capítulo administrativo, y por lo que trascendió, el dictamen apunta a sanciones menores vinculadas al rol de Cendón como jefa, que en última instancia debería definir el procurador Jorge Crespo.