Por: Bache3000

El ataque ocurrió en la vía pública, en la madrugada del domingo 6 de septiembre. De acuerdo con la acusación, cuatro personas interceptaron al hombre y lo golpearon: terminó con lesiones en distintas partes del cuerpo y una herida en el abdomen provocada con un arma blanca. Fue trasladado al Hospital Zonal, donde sigue internado y todavía no pudo prestar declaración.

Para la Fiscalía, esos cuatro no actuaron por cuenta propia. El fiscal Facundo D'Apice y la fiscal adjunta María José Jalil formularon cargos contra una mujer como instigadora: sostienen que habría impulsado el ataque en el marco de un conflicto previo con la víctima. Tanto la calificación legal como el grado de participación que le atribuyen son provisorios y pueden cambiar a medida que avance la investigación.

En la audiencia, la imputada declaró y negó haber intervenido en el hecho. El defensor penal adjunto Nahuel Benac no se opuso formalmente ni a la formulación de cargos ni al plazo pedido.

Cámaras, celulares y una víctima que todavía no pudo declarar

Para sostener la acusación, la Fiscalía citó registros de cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos, además de las declaraciones de personas que presenciaron distintos momentos de la secuencia o que estuvieron con la víctima antes del ataque. También hubo allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se dispusieron peritajes sobre esos dispositivos. La pieza que falta es el testimonio del hombre internado, que se incorporará cuando su estado de salud lo permita.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Pablo Laurence consideró que en esta etapa inicial hay elementos suficientes para habilitar la investigación, que se extenderá hasta el 11 de febrero de 2027. Hasta entonces, la imputada deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima, sus familiares y las personas que declararon en la causa, y tiene prohibido contactarlas por cualquier medio, de manera directa o a través de terceros. El objetivo de las cautelares es proteger a la víctima, resguardar a su entorno y evitar intimidaciones a quienes ya declararon en el legajo.

El juez también autorizó la apertura y el análisis del teléfono secuestrado, aunque limitados al período cercano al momento del ataque.