Por: Bache3000

La discusión por las tasas municipales es, desde hace casi tres años, la constante de la relación entre Walter Cortés y la oposición del Concejo Municipal. Con tres concejales propios sobre once, el intendente depende de la oposición para cada herramienta de recaudación, y la principal de todas, la Ordenanza Fiscal y Tarifaria - que fija cuánto y cómo se actualizan las tasas, las multas y los derechos municipales - está sin aprobar desde que el Concejo rechazó la versión 2026 en diciembre.

Esta semana el argumento volvió a aparecer, pero no por la puerta de las tasas sino por la del empleo municipal, y en cuatro días encadenó, por lo menos, las voces de un concejal opositor, el intendente, el sector comercial y el asesor del Ejecutivo. Así arrancó.

El punto de partida fue el martes, en el Concejo Municipal, con la aprobación del proyecto de ordenanza 578/26 impulsado por Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche): la creación de una comisión evaluadora tripartita, integrada por el Ejecutivo, el SOYEM y un veedor del Concejo, para analizar caso por caso el pase a planta permanente de cerca de 400 trabajadores municipales contratados. El proyecto original planteaba un pase directo, pero las negociaciones con el resto de los bloques y con el gremio lo convirtieron en un mecanismo de evaluación.

"En principio hay casi 400 trabajadores de distintas áreas que están siendo precarizados o por lo menos están en una situación de indeterminación desde hace muchos años. Gente que presta servicios en la parte de barrido, en deporte, en discapacidad, en la escuela de La Llave, en la parte de cultura", explicó Costa Brutten a Bache3000 antes de la votación. Y aclaró el alcance: "No es un pase directo a planta. Es un control, es un mecanismo de control para determinar quiénes prestan el servicio y quiénes están en condiciones de ser reconocidos como trabajadores de planta permanente".

Sobre la urgencia fue gráfico: "Muchos de ellos tienen contratos por un mes, otros por tres meses y nadie puede estar con su obra social de forma indeterminada o sin ingresos que respalden lo que tiene que ver con su familia". La ordenanza juntó siete votos (Julieta Wallace, Roxana Ferreyra, Samantha Echenique, Lucas Pérez, Facundo Villalba y Laura Totonelli acompañaron al autor), los tres del PUL votaron en contra, con Gerardo Del Río sosteniendo que "no es el momento", y Juan Pablo Ferrari (JSRN) estuvo ausente. El dato pesa: si hay veto, la insistencia necesita ocho. Desde el SOYEM, Juan Ivanissevich lo dijo con todas las letras: "Nos faltó por ahí el octavo para saber y quedarnos tranquilos de que frente a un posible veto del intendente quede firme", y apeló a "que el intendente no lo vete, como la vez pasada", en referencia a la ordenanza de pase a planta que Cortés ya había vetado en abril.

La respuesta del intendente no tardó ni un día y llegó en un mensaje de audio enviado a Bache3000. Cortés anticipó que va a vetar la comisión y la describió como "un endeudamiento casi a propósito para que la gestión no funcione". "Si no hay plata para pagar, sería innecesario", agregó. Aclaró que la Municipalidad "nunca pidió crédito a los bancos" porque la economía está "totalmente saneada", pero en el mismo video admitió que sin el módulo fiscal aprobado la negociación salarial de fin de año "va a ser muy difícil". Ahí apareció el nudo de siempre: para el Ejecutivo no hay margen para pases a planta ni para actualizar sueldos hasta que el Concejo apruebe la Fiscal y Tarifaria, y aprobar la Fiscal y Tarifaria significa, en la boleta del vecino, un aumento de las tasas. En 24 horas, la discusión por el empleo municipal se convirtió en la discusión por las tasas.

Más voces al debate

Con el intendente planteando que necesita recaudar más, Bache3000 abrió el abanico y fue a preguntarle al sector que paga buena parte de esas tasas qué opina. El que respondió fue Elián Caramichos, que esta misma semana pasó de presidir la Cámara de Comercio de Bariloche a presidir la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), y no dejó margen de interpretación: "El pedido se eleva siempre a nivel municipal, porque los impuestos municipales fueron subiendo, y el reclamo es que no es buen momento. Porque si ustedes están con menos recaudación, justamente es porque nos está yendo mal. Entonces, no es momento de subir las tasas". Su diagnóstico: "Por un lado tenemos una merma de consumo considerable. Básicamente todos los negocios estamos facturando de forma interanual lo mismo que facturamos el año pasado, con la diferencia de que los costos se nos incrementaron considerablemente".

Habló del "peor otoño, muchos dicen, de los últimos 20 años", de una temporada de invierno que resultó "insuficiente para gran parte de los comercios", y remató: "Hoy observamos, con mucha tristeza, que a negocios históricos de la ciudad no les queda otra que cerrar las puertas". El reclamo, aclaró, no apunta solo al Municipio: "A principios del año pasado nos sacaron la bonificación del 30% en Ingresos Brutos, y tuvo un muy mal impacto", y "la presión de ARCA en este momento es muy, muy alta". En los tres niveles, admitió, las gestiones van "sin grandes novedades en ninguna de las tres líneas".

Este viernes se sumó la última voz, desde adentro del Ejecutivo. Agustín Domingo, asesor del intendente, publicó en este medio una columna de opinión que no contesta a Caramichos ni nombra a nadie, pero expone la versión de la Municipalidad sobre por qué cobra lo que cobra. Parte de un fallo de la Corte Suprema (Banco Galicia contra la Municipalidad de Córdoba) que les exige a los municipios justificar el costo de cada tasa, un fallo que, reconoce, "se lee como un freno virtuoso a la voracidad local", aunque para él muestra otra cosa: "el control más duro recae sobre el tributo más visible, no sobre el más opaco".

Su tesis es que tasa e impuesto son en la práctica lo mismo, el vecino "paga porque el poder público puede ejecutarlo", y lo que cambia es quién rinde cuentas: a la Nación nadie le pide el costo del IVA ni el destino de Ganancias, y ahí "el lazo entre quien paga y quien decide se corta". En el municipio, en cambio, el que cobra es el que tiene que mostrar el gasto: "El vecino ve el pozo, el camión de residuos, la oficina que no atiende. Puede comparar, protestar, votar". Los intendentes recurren a las tasas, sostiene, "no por voracidad" sino porque la coparticipación no alcanza y llega mediada por la Provincia, y ante un estándar judicial que "el resto del sistema no soportaría" quedan tres salidas: disfrazar un impuesto, depender más de las transferencias o recortar el servicio visible. "En los tres casos paga el mismo contribuyente", advierte.

Puestas en fila, las cuatro apariciones muestran una discusión con tres pisos. El primero es laboral: 400 contratados que quieren estabilidad y un Concejo que, con siete votos, decidió que hay que empezar a evaluarlos. El segundo es fiscal: un Ejecutivo que dice que no puede pagar eso ni los aumentos de fin de año con un módulo congelado desde hace catorce meses y una recaudación que cae. El tercero es el que le da tenor político a todo: quién decide cuánto pagan los barilochenses.

El intendente sostiene que sin la Fiscal y Tarifaria lo dejan sin herramientas; la oposición sostiene que fue el propio Ejecutivo el que usó las herramientas al máximo y que ningún aumento vale sin ordenanza; parte del empresariado sostiene que, se decida donde se decida, no puede pagar más; y el asesor del intendente sostiene que el vecino paga igual, se llame tasa o impuesto, y que al menos en el municipio puede ver dónde va la plata.

Lo que viene no invita a que baje la temperatura. El veto del intendente a la comisión evaluadora, si se concreta, vuelve al Concejo, donde la insistencia necesita ocho votos que hoy no están garantizados. En octubre el Ejecutivo debe mandar el presupuesto 2027 con su propia Fiscal y Tarifaria, con la de 2026 todavía sin aprobar. Y todo esto ocurre en plena campaña para las elecciones de constituyentes del 1 de noviembre, donde se va a discutir, entre otras cosas, cuántos concejales tiene que tener Bariloche. La mayorìa de los turistas vuelven en noviembre. La discusión por las tasas, por lo visto, ya no se va.