Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó ante el Concejo Municipal el proyecto de ordenanza 747-26, que busca crear formalmente la Guardia Urbana Municipal de San Carlos de Bariloche. Lo llamativo es que ese cuerpo ya existe y opera en el territorio: según reconocen los propios fundamentos del proyecto, el municipio cuenta desde hace tiempo con personal y dispositivos que cumplen tareas de prevención y presencia territorial, pero sin que ninguna ordenanza los organice, delimite ni habilite.

Esa falta de marco normativo no es un detalle menor. El proyecto advierte que puede resultar contraproducente para el propio municipio: si los agentes de la Guardia transgreden alguna norma o tienen algún inconveniente en su accionar, hoy no hay una ordenanza que defina qué pueden y qué no pueden hacer, ni que ampare jurídicamente ni a ellos ni a los funcionarios que los supervisan. Esa desprotección puede derivar en observaciones administrativas, cuestionamientos judiciales o responsabilidades funcionales y patrimoniales para el Estado municipal.

La iniciativa aclara que no busca crear una policía municipal ni ampliar facultades, sino regularizar una actividad que el Estado municipal ya despliega de hecho, otorgando seguridad jurídica tanto a los agentes como a los vecinos. Se establece expresamente que la Guardia será un cuerpo civil, preventivo y no armado, sin facultades de investigación criminal, sin capacidad de allanar, labrar actas, aplicar sanciones ni sustituir a la Policía de Río Negro o a las áreas municipales con competencias específicas como Tránsito, Bromatología o Inspección General. Cada situación que exceda sus funciones deberá derivarse al organismo legalmente competente.

Entre las tareas que el proyecto busca encuadrar legalmente figuran las recorridas preventivas a pie, bicicleta, motocicleta o vehículos municipales, la orientación a vecinos y turistas, la detección de situaciones de riesgo, la colaboración en emergencias y la participación en operativos de eventos públicos y corredores escolares. También prevé un rol para las Juntas Vecinales, que podrán informar puntos críticos y proponer recorridos preventivos dentro de un Mapa Municipal de Prevención Barrial.

El texto habilita además el uso de cámaras corporales, geolocalización y coordinación con los sistemas de videovigilancia municipal y provincial, con el resguardo de que, ante la sospecha de un delito, la intervención pase de inmediato a la Policía de Río Negro o a la Justicia. Y fija controles de transparencia: registro de intervenciones, informes trimestrales al Concejo Municipal, una partida presupuestaria específica y la prohibición de usar los recursos de la Guardia con fines partidarios.

De aprobarse, el Departamento Ejecutivo tendrá 90 días para presentar un Plan de Implementación con la estructura, el personal y el presupuesto necesarios, y 60 días para reglamentar la ordenanza. Hasta entonces, el cuerpo que ya recorre las calles de Bariloche seguirá operando sin el paraguas legal que el propio proyecto reconoce como necesario.