Por: Bache3000

Un hombre fue imputado en Bariloche por lesiones, privación ilegítima de la libertad y daño, tras un episodio de violencia de género contra una mujer con la que mantenía una relación. El juez de Garantías Juan Pablo Laurence dispuso su prisión preventiva hasta el 18 de diciembre de 2026, mismo plazo fijado para la investigación preparatoria.

Según la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de septiembre. La fiscal Sofía Ocampo sostuvo que el hombre interceptó a la mujer en una plaza y, tras reprocharle su intención de terminar la relación, la trasladó por la fuerza hasta su domicilio. Una vez allí, la habría agredido físicamente, dañado algunas de sus pertenencias y roto su teléfono celular, además de impedirle irse del lugar durante varias horas, hasta que la intervención de un tercero permitió que la mujer pudiera salir. Las lesiones que presentó fueron calificadas en un primer momento como leves.

Una causa con perspectiva de género desde el arranque

La Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta como lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y daño, en carácter de autor. Para sostener la acusación se presentaron la denuncia de la víctima, un certificado médico policial, una entrevista realizada en sede fiscal, informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y del Cuerpo de Investigación Forense, junto con otras actuaciones del Área de Investigación Judicial.

El imputado, asistido por la defensora pública penal Paola del Río, no se opuso a la apertura de la investigación ni al plazo fijado, aunque adelantó que trabajará sobre una versión distinta de los hechos: el hombre declaró y ofreció su propio relato del episodio, y la defensa anticipó que sumará testimonios y otra información para respaldarlo.

El punto de mayor discusión en la audiencia fue la medida cautelar. La Fiscalía pidió la de máxima intensidad, apoyada en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la situación de vulnerabilidad señalada por OFAVI, además de la necesidad de resguardar a la denunciante y a los testigos. La defensa propuso alternativas menos gravosas —prohibición de acercamiento y contacto, monitoreo electrónico— y remarcó que el hombre se presentó voluntariamente en la comisaría al enterarse de que era buscado, como argumento para descartar riesgo de fuga.

El juez Laurence coincidió en que ese riesgo no estaba suficientemente acreditado, pero sí dio por configurado el peligro de entorpecimiento por tratarse de una etapa inicial de la causa, la prueba que aún resta producir y la necesidad de proteger a la víctima y a quienes deban declarar. Con ese argumento ordenó la prisión preventiva. La defensa dejó planteada la reserva de impugnar la medida.