Por: Bache3000

La tensión en la Legislatura de Río Negro escaló a los tribunales. Cambia Río Negro, el bloque integrado por Patricia McKidd, Ibarrolaza, Piccoti, Doctorovich y Sanguinetti, formalizó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de mandamus contra la conducción de la Legislatura, a la que acusa de impedirle ejercer sus funciones pese a contar con reconocimiento oficial desde hace casi un año.

El conflicto no es menor: pone en el centro de la escena la pulseada entre un bloque que dice tener todo el derecho a funcionar y una conducción legislativa que, según denuncian, decidió por la vía de los hechos dejarlo en un limbo institucional.

El planteo judicial tiene un antecedente concreto: la Resolución N.º 460/2025, dictada el 30 de diciembre de 2025 por la Presidencia de la Legislatura, que reconoció formalmente la existencia del bloque. Desde Cambia Río Negro remarcan que ese reconocimiento no es un capricho ni un caso aislado, sino que responde a una práctica parlamentaria repetida en la Cámara: los bloques "Foro Rionegrino" (Res. N.° 931/08), "Eva Perón" y "Carlos Auyero" (Res. N.° 249/14), "Edgardo Castello" (Res. N.° 512/08) y "Unidad Ciudadana" (Res. N.° 271/22) se conformaron bajo el mismo mecanismo.

"La resolución está vigente y la conformación del bloque se ajusta al artículo 46 del Reglamento Interno y a la práctica parlamentaria. No hay ningún motivo para que se nos impida ejercer las funciones que corresponden a un bloque legislativo", disparó McKidd, que no ahorró munición política al apuntar contra un histórico rival interno: "Llama la atención la negativa del propio legislador López cuando en 2014 recibió su bloque Carlos Auyero de la misma forma".

La frase no es un detalle menor: expone la contradicción de quien hoy —según la lectura del bloque— traba un mecanismo del que él mismo se benefició en el pasado.

La maniobra que denuncian: una comisión que "no tiene facultades" para frenar nada

El corazón de la denuncia es institucional y no admite matices, según el bloque: la Comisión de Labor Parlamentaria estableció, mediante un Acta Acuerdo del 10 de junio de 2026 —ratificada por la Presidencia recién el 25 de agosto—, un "criterio suspensivo" que en los hechos paralizó el funcionamiento pleno de Cambia Río Negro.

"La Comisión de Labor Parlamentaria no tiene facultades para suspender, dejar sin efecto o desconocer una resolución dictada por la Presidencia de la Legislatura", sostuvo McKidd, en lo que constituye el argumento central de la demanda: una comisión interna, dicen, no puede arrogarse el poder de pisar una decisión formal ya tomada por la máxima autoridad del cuerpo.

El reclamo no es simbólico. Alcanza cuestiones que hacen al peso real de un bloque en la Legislatura: la participación en Labor Parlamentaria, la integración de comisiones, la asignación conjunta de bancas y la intervención en los cierres de debate. En otras palabras, todo lo que define si un bloque tiene voz o queda relegado a un rol decorativo.

"No reclamamos privilegios. Reclamamos que se respete la voluntad expresada en las urnas por miles de rionegrinos y que nuestros legisladores puedan ejercer plenamente el mandato para el que fueron elegidos", señaló McKidd.

Desde el bloque explican que la vía judicial se activó recién después de agotar los reclamos administrativos sin obtener respuesta, lo que —sostienen— habilita el camino previsto en el artículo 44 de la Constitución Provincial. La acción invoca, además, presuntos incumplimientos a los artículos 2, 121, 123 y 132 de la Constitución Provincial, y a los artículos 29, 46, 49, 50, 51, 57, 58, 89 y 150 del Reglamento Interno de la Legislatura: una batería de normativa que busca dejar en claro que no se trata de una interna menor, sino de una discusión de fondo sobre las reglas de juego institucionales.

El conflicto trasciende las fronteras de Cambia Río Negro. Trascendió que legisladores ya identificados con La Libertad Avanza siguen de cerca el desenlace judicial y analizan replicar la misma estrategia si se encuentran ante un escenario similar de reconocimiento formal trabado por la conducción legislativa. El antecedente que se cree en la Justicia podría convertirse, así, en la hoja de ruta para otros bloques que sientan que sus derechos parlamentarios están siendo restringidos por la vía administrativa.

Con la pelota ahora en la cancha del Superior Tribunal de Justicia, Cambia Río Negro cerró su planteo con una definición que suena a advertencia: "Vamos a defender las herramientas que la Constitución y el Reglamento reconocen a los legisladores y, fundamentalmente, el derecho de los rionegrinos a que sus representantes puedan ejercer plenamente el mandato que recibieron en las urnas".