Por: Bache3000

Bariloche amaneció esta semana con una sorpresa envuelta en buenas noticias. El pase residente no sube. Se entra al cerro más temprano. La temporada se estira hasta el 12 de octubre. Y para completar el cuadro, apareció una telecabina flamante, comprada y nacionalizada, esperando en algún depósito porteño el permiso para instalarse en Cerro Catedral. Todo junto, todo de golpe. Como si alguien, en algún escritorio, hubiera decidido que ya era hora de que CAPSA se mostrara generosa con esta ciudad.

Nosotros contamos la primicia ayer: el pase residente 2027 costará lo mismo que este año, un fenómeno tan raro en la Argentina que la propia empresa lo reconoce como "algo inédito". Esta mañana, en una conferencia de prensa a la que Bache3000 no fue invitado —je, cosas que pasan cuando uno hace demasiadas preguntas—, Helga Salvatelli confirmó lo que ya sabíamos: la tarifa de base se mantiene, el ingreso será desde las nueve por los medios troncales, y este año hubo un récord de más de 17.500 residentes esquiando gracias a los pases con descuento. También confirmó que la temporada se extiende, aunque con matices: no será todo el cerro, sino un sector, el que se habilite a partir del 1° de octubre, como viene ocurriendo en temporadas anteriores.

Y ahí no termina el paquete. Salvatelli anunció además la llegada de la nueva telecabina de Amancay, de diez pasajeros, apta para subir hasta con bicicleta, pensada para funcionar los doce meses del año. Una obra, dijo, que implica modernizar de raíz toda la base: estacionamientos, comercios, calles internas, y hasta el sistema de agua y baños públicos. Pero para eso, advirtió, necesita que el Concejo Municipal apruebe "los parámetros" antes de octubre. Si no, la próxima temporada Bariloche seguirá con los mismos medios de elevación de siempre.

Ahí es donde conviene frenar un poco el trineo y mirar el paisaje completo, porque la frase "que el Concejo apruebe los parámetros" no es tan inocente como suena. Desde hace meses, CAPSA reclama que se definan parámetros urbanísticos sobre 77 hectáreas del cerro que hoy no los tienen —y que, según la Carta Orgánica de Bariloche, son inalienables: no se pueden vender, ni lotear, ni convertir en negocio inmobiliario. Son del municipio, y son de todos.

Para entender por qué esta semana de golpe llovieron sonrisas, hay que retroceder unos meses, cuando la relación entre el municipio y la empresa estaba lejos de ser amable. Walter Cortés llegó a quitarle el saludo a Sebastián Trapa, dueño del cerro, y se paró e se fue de una reunión de empresarios apenas lo vio entrar. La cosa había escalado tanto que, semanas después, el medio local —que pertenece justamente a la familia Trapa— le levantó la pauta publicitaria al municipio, un gesto que en el ambiente todos leyeron como un mensaje de otro tenor. Ese era el clima hace poco: intendente y concesionaria, casi sin hablarse.

Y el clima no se había enfriado solo. Había un motivo concreto detrás de ese distanciamiento: tanto el gobierno de Cortés como los concejales de la oposición le venían reclamando a CAPSA algo tan simple como incómodo para la empresa: que integre a los residentes en vez de expulsarlos de su propia montaña. El planteo no era menor, y a la empresa le salió carísimo: le costó buena parte de la credibilidad que necesitaba para proponer cualquier tipo de proyecto en el cerro. Ahí está la explicación de por qué, en los últimos meses, prácticamente toda la política barilochense —oficialismo y oposición por igual— terminó dándole la espalda a la concesionaria. El costo de esa desconfianza acumulada es enorme, y en parte explica la ofensiva de buena onda que CAPSA desplegó esta semana.

Bache3000 le preguntó directamente a Mike Domínguez, presidente del EAMCEC y asesor del intendente Walter Cortés, si todo este paquete de anuncios significaba que ya había acuerdo para destrabar esa concesión. Domínguez fue cauto: dijo que no había ningún acuerdo, pero que "siempre hubo y hay diálogo". Una frase que, en el mundo de la política, suele significar que la puerta está más abierta de lo que se admite en público.

Y hay algo que confirma esa lectura: hubo una reunión entre los pesos pesados del municipio y de la empresa, el encuentro que empezó a encaminar este acuerdo después de meses de tensión. No fue una charla de pasillo ni un cruce casual: fue el momento en el que, según pudo reconstruir este medio, ambas partes se sentaron a destrabar lo que llevaba meses trabado. De ahí para adelante, todo empezó a moverse rápido.

Según pudo saber este medio por otras fuentes, sí habría un principio de acuerdo para avanzar con los parámetros que la empresa reclama, aunque todavía no esté cerrado ni confirmado. Todo dependería de que CAPSA acepte una adenda al contrato original, con condiciones que el propio municipio quiere imponerle. La misma Salvatelli ya había dicho, en otra ocasión, que estaban dispuestos a rediscutir el contrato.

No hace falta ser un lince para entender el mecanismo: si el reclamo de la gente era el precio del pase, ahí está el pase. Si el reclamo era entrar más temprano, ahí está el horario. Si el reclamo era una temporada más larga, ahí está la extensión. Y a cambio, dicen las malas lenguas del Concejo, la empresa espera que le abran la puerta a las 77 hectáreas. Todo con la mejor de las sonrisas, como corresponde en esta clase de negociaciones donde nadie firma nada pero todos entienden todo.

Vale aclarar, para no dejarse embaucar por el relato de la empresa: no es cierto que CAPSA necesite la aprobación del Plan Director para invertir en la telecabina. Lo que necesita es la autorización del EAMCEC, que se gestiona con el municipio —con el Intendente, a través de la comuna y el sindicato de comercio—, no con el Concejo Deliberante. CAPSA tiene seguridad jurídica hasta 2056 para invertir y amortizar sus obras en medios de elevación y en la base. No necesita ningún permiso extra: necesita, nomás, decidirse a invertir.

Lo que sí discute el Plan Director es otra cosa, un negocio distinto: la ampliación del área urbana. Mezclar ambas discusiones —la obligación contractual de invertir con el negocio inmobiliario sobre tierra pública— es, como mínimo, una forma elegante de confundir a la ciudad.

Y hay un dato que conviene no perder de vista cuando se habla de generosidad empresarial: Bariloche le cobra a CAPSA un canon apenas superior al del Cerro Campanario, un cerro bastante más chico. Esto podría ser materia de revisión. Según la comparación de 2025, poco más de mil millones de pesos contra ochocientos millones. Doscientos millones de diferencia para explotar la montaña más grande y más visitada de la Patagonia. Quien mire esos números entenderá por qué hay quien dice, sin vueltas, que Bariloche no le hace un favor a CAPSA: se lo subsidia.

Y ahí es donde conviene decir las cosas con todas las letras: esto no es solo un problema de pases de esquí. Es un debate mucho más profundo, el de siempre, el que ninguna ciudad turística termina de saldar del todo: cómo se garantiza que haya derrame para toda la ciudad, y que las inversiones que llegan estén en línea con eso. Porque no puede existir una inversión que termine generando un enclave económico, un mundo aparte que funciona puertas adentro de la montaña mientras el resto de Bariloche la ve pasar de lejos, sin beneficiarse. Ahí, en esa pregunta, se juega una diferencia de fondo entre dos modelos económicos: uno que entiende al cerro como motor de desarrollo colectivo, y otro que lo entiende como negocio de unos pocos con paisaje de fondo.

La pelea, en el fondo, no es por el pase ni por la telecabina. Es por quién decide el futuro de una montaña que, según la ley, le pertenece a todos los barilochenses. Por eso, en la reforma de la Carta Orgánica que se discute estos días, ya se anticipa que se buscará incluir la inalienabilidad expresa de esas tierras, para blindarlas de cualquier tentación inmobiliaria futura. El argumento es simple: el Catedral tiene que ser motor de desarrollo para toda la ciudad, no un negocio de unos pocos.

Mientras tanto, la nieve sigue cayendo, los turistas siguen subiendo, y en algún escritorio de la montaña —o del municipio, ya da lo mismo— alguien sigue dibujando los parámetros de un acuerdo que, aunque nadie lo firme todavía, ya empezó a moverse.