Por: Bache3000

El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ipross ingresó esta semana a la Legislatura rionegrina y arranca su recorrido formal el martes, cuando las comisiones empiecen a tratarlo. El debate en el recinto está fijado para el jueves 24 de septiembre, convocado por el titular del cuerpo, Pedro Pesatti. En el medio, la discusión ya se instaló con fuerza tanto en el plano político como en el sindical.

De visita en Bariloche esta semana, el gobernador Alberto Weretilneck defendió el corazón de la iniciativa con un argumento de "triple impacto positivo": libertad de elección para los trabajadores, un Ipross obligado a competir por sus afiliados y prestadores presionados a mejorar el servicio bajo amenaza de perder la habilitación del instituto.

Pero el tramo más filoso de sus declaraciones fue directamente para el sindicalismo estatal. Weretilneck sostuvo que "al final son más autoritarios los dirigentes gremiales que los gobernadores", al cuestionar que las conducciones sindicales se opongan a que los propios afiliados puedan elegir su cobertura de salud. Para el gobernador, la resistencia gremial funciona como un termómetro: "una buena manera de medir el ambiente democrático" en la provincia.

Los sindicatos responden: de la denuncia de "vaciamiento" al paro de 48 horas

La respuesta sindical no tardó. Desde UPCN Seccional Río Negro, con la conducción de Juan Carlos Scalesi, el planteo apunta al fondo del esquema: la reforma preserva para el Ipross la contribución patronal, pero libera el aporte personal, y para el gremio esa "libertad de elección" esconde en realidad que el único que elige no pagar es el propio Estado. UPCN exige, además, que se transparente el manejo del Fondo de Alta Complejidad —creado por el artículo 30 de la Ley Orgánica del Ipross y nutrido con aportes de la Lotería de Río Negro— y reclama que se ponga en funcionamiento, después de años sin actividad, la Comisión Especial de Seguimiento del Ipross que por ley debería auditar esos recursos.

Del otro lado, UnTER ya pasó de la denuncia a la acción directa. Su secretaria general, Laura Ortiz López, confirmó que el Plenario de Secretarios Generales resolvió por unanimidad efectivizar un paro de 48 horas coincidiendo con el día en que la Legislatura trate el proyecto. El gremio docente pide transparencia, participación de los trabajadores en la administración del instituto y una obra social solidaria y de calidad, y lo enmarca en una consigna de defensa colectiva: "la obra social se defiende en unidad y en la calle".

Con las comisiones arrancando el martes y el recinto convocado para el jueves 24, la agenda legislativa coincide con un paro anunciado y con sindicatos que ya marcaron postura pública contra la iniciativa. El resultado es una semana con expectativa de movilizaciones gremiales en toda la provincia, con eje en Viedma, donde funciona la Legislatura y donde se espera que se concentre la protesta el día del tratamiento en el recinto.

Qué dice el proyecto

La iniciativa reemplaza el actual "régimen de afiliación obligatoria" al Ipross para los estatales provinciales y municipales por un esquema "voluntario u optativo". Los puntos centrales:

Derecho de opción: los afiliados obligatorios podrán optar por derivar su cobertura de salud propia y la de su grupo familiar primario a otra entidad.

Qué se traspasa: el 100% del aporte personal —el 4% de los activos, el 5,5% de los pasivos— va a la entidad elegida. La contribución patronal del 7% sigue ingresando de manera obligatoria, íntegra y exclusiva al Ipross, con destino específico y "afectado": 3% para el Plan Oncológico y Planes Especiales, 2% para Discapacidad, Prestaciones Especiales y Prótesis, y 2% para Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.

Diferencia a cargo del trabajador: si la entidad receptora cobra más que el aporte personal derivado, la diferencia la paga el afiliado, sin límite fijado en el texto.

Plazos de permanencia: una vez ejercida la opción, hay que quedarse al menos doce meses en la nueva entidad. El regreso al Ipross recién está habilitado a los 36 meses, salvo que la entidad elegida rescinda el vínculo o pierda capacidad prestacional, en cuyo caso el afiliado vuelve automáticamente.

El Estado se exime: la Provincia, los municipios y el propio Ipross quedan liberados de responsabilidad por interrupciones o insuficiencias de cobertura en la entidad elegida.

Continuidad de tratamientos: los tratamientos en curso siguen a cargo del Ipross hasta el traspaso, y desde entonces pasan a la entidad receptora sin interrupción.

Quiénes quedan afuera: la opción no alcanza a funcionarios y autoridades superiores —cargos electivos, de designación política y autoridades de los tres poderes y organismos de control—, que seguirán obligados al Ipross.