Por: Bache3000

El gobernador Alberto Weretilneck anunció el 10 de septiembre, a través de sus redes sociales, el envío a la Legislatura de un proyecto para habilitar la libre elección de obra social a los trabajadores y jubilados estatales de Río Negro, poniendo fin a la obligatoriedad de permanecer en el Ipross.

La iniciativa permite a los agentes públicos derivar sus aportes y contribuciones a otra entidad junto con su grupo familiar, con un plazo mínimo de doce meses antes de poder volver a optar, y prevé la reincorporación automática al instituto si la cobertura elegida deja de funcionar por causas ajenas al afiliado. El texto ingresó formalmente a la Legislatura el 15 de septiembre, con Acuerdo General de Ministros, y modifica la Ley 2753, la misma norma que en 1993 le dio al Ipross su carácter autárquico.

Los informes que el propio organismo remitió a la Legislatura ubican en 103.000 la cantidad de afiliados obligatorios, que además tienen a cargo la cobertura de su grupo familiar. El oficialismo apunta a tratar el proyecto en la sesión del jueves 24 de septiembre, mientras que desde la oposición el legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, reclamó constituir antes la Comisión Especial Legislativa de

Seguimiento del Ipross —prevista en el artículo 60 de esa misma ley— para escuchar a gremios, trabajadores y organizaciones antes de discutir cualquier modificación. Berros advirtió que una reforma de esa magnitud, impulsada sin ese paso previo, puede terminar desfinanciando y vaciando al instituto, y habló de un riesgo de "virtual privatización". Días después, Weretilneck redobló la apuesta y salió a responder con dureza a los cuestionamientos gremiales durante una visita a Bariloche.

Es en ese contexto que el planteo de Martiniau cobra otra dimensión. El arquitecto sostiene que la Ley 2753 consolidó, más que debilitó, la autarquía del Ipross: lo definió como entidad autárquica con individualidad financiera y obligó a depositar los aportes y contribuciones en cuentas propias del instituto dentro de los primeros diez días de cada mes. Pero advierte que esa autarquía formal convive con una dependencia real del Tesoro provincial, que el propio Gobierno reconoció al informar que una parte de los ingresos del Ipross proviene de aportes extraordinarios de la Tesorería, además de los aportes y contribuciones habituales. La discusión legislativa por la libre elección de obra social, señala esta lectura, se da precisamente sobre un organismo cuya autonomía financiera efectiva sigue sin estar del todo clara.

El segundo eje que introduce Martiniau tiene una conexión directa con lo que está en juego en la reforma: la base salarial sobre la que se calculan los aportes. Si una parte de los ingresos de los trabajadores estatales se paga por fuera de esa base, plantea, el Ipross puede terminar recibiendo menos recursos de los que en teoría le corresponderían, incluso antes de que empiece a regir la posibilidad de que los agentes se vayan a otra obra social. En ese escenario, sostiene que sería necesario diferenciar afiliados de aportantes —el instituto tiene 103.000 afiliados obligatorios directos, según sus propios informes a la Legislatura, pero eso no equivale a la cantidad de personas que efectivamente aportan cada mes— y cruzar esos datos con la evolución real de la masa salarial y de la recaudación.

Para el arquitecto, antes de resolver si conviene o no terminar con la afiliación obligatoria, la discusión de fondo debería incluir una revisión del circuito de recaudación y transferencia de aportes, las cuentas donde se depositan esos fondos, los balances y estados contables del Ipross, los informes del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General, la integración de la Junta de Administración y el grado de intervención del Poder Ejecutivo, y la brecha entre lo que crecen los salarios de los estatales y lo que efectivamente crece la recaudación del instituto.

Es, en buena medida, la misma información que la oposición reclama poner sobre la mesa a través de la comisión de seguimiento antes de que el proyecto llegue al recinto el 24 de septiembre.