Por: Bache3000

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura rionegrina aprobó este lunes por mayoría el proyecto 1137/2026, que modifica la Ley K 2753 y reemplaza la afiliación obligatoria al Ipross por un régimen voluntario para activos, futuros ingresantes, jubilados y pensionados. El texto ahora va directo a la sesión del jueves 24, en única vuelta.

La reunión fue larga y tensa. Y aunque el oficialismo consiguió las firmas, la pregunta que más se repitió en la sala no tuvo una respuesta que conformara a todos: ¿por qué ahora y por qué tan rápido?

Para entender el enojo gremial hay que mirar para atrás. En Bariloche, la bronca con la obra social no nació con este proyecto. Hace poco más de un año, trabajadores, jubilados y sindicatos estatales se plantaron en las oficinas locales del Instituto para exigir que la entonces presidenta, Marcela Ávila, viniera a dar la cara por las demoras en autorizaciones, los reintegros irrisorios y la falta de respuestas en salud mental, oncología e internación. Ávila terminó renunciando a comienzos de este año, en medio de críticas opositoras que incluyeron el gasto en una nueva sede, y su vice, Ivana Porro, quedó al frente.

Fue la misma Porro la que este lunes tuvo que defender en comisión una reforma que Alberto Weretilneck anunció el 10 de septiembre y envió a la Legislatura el 15. Menos de dos semanas entre el anuncio y el recinto.

La titular de UnTER, Laura Ortiz, habló en nombre de varios gremios estatales y cuestionó que no hubo diálogo previo con las autoridades. El planteo sindical fue claro: el problema no es cómo irse del Ipross, sino cómo recuperarlo, mejorar sus prestaciones y darles respuesta a trabajadores, jubilados y familias. Es, en el fondo, el mismo reclamo que los afiliados barilochenses vienen haciendo hace años en la puerta de la delegación.

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) fue de las más duras. "¿Por qué el apuro?", disparó. La legisladora apuntó contra el tratamiento en única vuelta, que a su criterio recorta la participación ciudadana, y contra la inactividad de la Comisión de Seguimiento del Ipross. Es el mismo reclamo que había planteado José Luis Berros, jefe del bloque peronista, cuando pidió constituir esa comisión antes de tocar la ley y advirtió que el camino podía terminar en una "virtual privatización".

Su compañera de bancada Ayelén Sposito preguntó por la deuda del Instituto con los hospitales públicos y por qué garantía tendría un afiliado enfermo de ser aceptado por otra obra social. "Yo no veo nada de solidario", sentenció, y advirtió que la presión podría terminar cayendo sobre el sistema público de salud. Su intervención incluyó además un cruce con funcionarios y legisladores por sus actitudes mientras hablaban los representantes de los trabajadores.

Gabriela Picotti se sumó a los reparos sobre los tiempos. "El IPROSS tendría que ser una opción, una buena opción a elegir", planteó, convencida de que no hay necesidad de apurar la sanción.

El riesgo de quedarse con los pacientes más caros

El argumento técnico más fuerte no vino del peronismo sino de un legislador que está a favor de la libre elección. Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) explicó el riesgo con sencillez: los trabajadores jóvenes, sanos o con mejores sueldos son los que más chances tienen de migrar, y en el Instituto quedarían quienes necesitan los tratamientos más costosos. Menos aportes, más gasto. Para evitarlo propuso un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas, con garantía del Tesoro provincial si no alcanzara.

La idea choca con una discusión que ya estaba abierta. El arquitecto Raúl Martiniau había planteado días atrás que la autarquía del Ipross es más formal que real, porque el Instituto ya depende de aportes extraordinarios de la Tesorería, y que parte de los aumentos salariales de los estatales quedaría fuera de la base sobre la que se calculan los aportes. Si hoy la caja no cierra sola, la pregunta es qué pasa cuando además empiezan a irse los que aportan más y gastan menos.

Porro puso cifras sobre la mesa. El Instituto trabajó con tres escenarios de salida: 1%, 10% y 15% de los titulares. Sobre una base de 102.381 titulares, el escenario más leve implica unos 1.023 afiliados menos y una pérdida mensual cercana a los 230 millones de pesos. La presidenta aclaró que la contribución patronal del 7% seguirá dentro del Instituto aunque el trabajador se vaya, con destino fijo: planes oncológicos y especiales, discapacidad y prótesis, farmacia ambulatoria y crónicos. Lo que no hubo fue una proyección concreta para los escenarios del 10% o 15%, que son los que desvelan a los gremios.

El debate también dejó expuestas fallas de redacción. Picotti detectó que el texto podía leerse como si el afiliado que se va necesitara 48 meses para volver, y no 36. Las autoridades admitieron el error. "Lo vamos a revisar en la redacción", reconocieron. Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) marcó una posible contradicción con el convenio de transferencia de la Caja previsional con ANSES, que garantiza la continuidad de los jubilados en el Ipross: ¿qué pasa con quien se va en su último año de actividad y se jubila antes de poder regresar? Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) preguntó por qué un futuro jubilado tendría que pasar primero por el Ipross para después optar por PAMI, y qué convenios habrá con otras obras sociales.

Del lado de la oposición dialoguista, Juan Murillo Ongaro (PRO-Unión Republicana) recordó que junto a Mansilla ya habían impulsado eliminar la obligatoriedad desde el ingreso al Estado, una forma de reclamar la autoría de la idea que el PRO viene haciendo desde el anuncio. Aclaró que su bloque mira aspectos del proyecto "con buenos ojos", pero también pidió más tiempo para escuchar a trabajadores y afiliados. Hasta los que acompañan la idea pidieron frenar un poco.

Sobre el final, Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) volvió al punto de partida. "No queda claro el porqué", insistió, y preguntó si existe realmente un pedido masivo de trabajadores para cambiar el régimen.

La respuesta política llegó de Facundo López, jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro. Dijo que la reforma es una decisión de Weretilneck para que ningún estatal se sienta "cautivo" de una obra social que no le responde, que la amenaza de perder afiliados obligará al Ipross a mejorar y que los prestadores, sobre todo en Viedma, dejarán de relegar a pacientes que hoy no tienen alternativa. "No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos", sostuvo. Porro agregó que el Instituto abrirá sus puertas a afiliados voluntarios, como asociaciones de comercio, consejos profesionales y universidades.

Quedan así dos lecturas del mismo problema. Para el oficialismo, la libertad de elegir es la herramienta para mejorar el Ipross. Para los gremios y buena parte de la oposición, abrir la puerta antes de arreglar la casa es arriesgarse a que se vayan justo los que la sostienen. El jueves, en el recinto, se sabrá cuál de las dos se impone. Lo que ya quedó claro en comisión es que el proyecto llega con correcciones pendientes y con una pregunta sin responder: el apuro.