Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro sesiona este jueves desde las 8 de la mañana en Viedma, y el tema que concentra la atención es el proyecto 1137/2026, con el que el gobernador Alberto Weretilneck busca terminar con la afiliación obligatoria al IPROSS. Llega al recinto con dictamen favorable por mayoría del plenario de comisiones del martes 22, después de haber pasado el lunes por Asuntos Sociales, y con un dato que no es menor: se trata en única vuelta.

El texto modifica la Ley K N° 2753 y reemplaza el régimen obligatorio por uno voluntario u optativo para trabajadores activos y jubilados del Estado provincial y de los municipios, incluidos los futuros ingresantes. Quien decida irse deberá permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad y podrá pedir su regreso al IPROSS después de 36 meses, sin períodos de carencia. La opción alcanza a todo el grupo familiar a cargo. Si la cobertura elegida cesa por motivos ajenos al afiliado, la reincorporación es automática, y los tratamientos en curso deben continuar sin interrupciones. Quedan afuera del derecho de opción quienes ocupan cargos electivos y políticos, los magistrados y el funcionariado judicial.

El proyecto mantiene dentro del instituto la contribución patronal del 7%, aunque el trabajador se vaya, con destino específico: 3% para planes oncológicos y especiales, 2% para discapacidad, prestaciones especiales y prótesis, y 2% para farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas. La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, aseguró que esos fondos no irán a Rentas Generales y presentó tres escenarios de migración: 1%, 10% y 15% de los afiliados. Sobre una base de 102.381 titulares, una salida del 1% (unos 1.023 afiliados) representaría una pérdida mensual cercana a los $230 millones, según sus propios cálculos. La Provincia estima que los trámites de cambio podrían empezar en diciembre, siempre que antes se reglamente la ley y se adecúen los sistemas.

Y la rosca viene así...

Del lado de los que defienden la reforma, el jefe del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), sostuvo que el objetivo no es desfinanciar al instituto y que la posibilidad de perder afiliados obligará al IPROSS y a sus prestadores a mejorar la atención: "No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos". Weretilneck, por su parte, buscó despejar el fantasma del desfinanciamiento con un argumento de solidaridad: "Los sueldos más altos vamos a seguir aportando". El PRO-Unión Republicana, que reclama haber presentado hace casi dos años una iniciativa para que los empleados públicos dejen de ser "rehenes de Ipross", respaldó el giro del Gobierno. Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) también apoya la libre elección, aunque propuso crear un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas para evitar el desfinanciamiento, y Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) planteó que la opción debería existir desde el ingreso al empleo público y preguntó qué pasará con quienes se jubilen.

Enfrente, la oposición cuestiona el fondo y las formas. Magdalena Odarda (Vamos con Todos) objetó que el proyecto avance en única vuelta y lo resumió en una pregunta: "¿Por qué el apuro?". Ayelén Sposito, de su mismo espacio, puso en duda que la reforma conserve algo del carácter solidario del sistema y reclamó más tiempo para escuchar a sindicatos y jubilados. El bloque PJ-Nuevo Encuentro pidió que el proyecto siga en comisión hasta contar con más datos y escuchar a todos los sectores, jubilados incluidos, y Pedro Dantas alertó sobre posibles contradicciones con convenios previsionales. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales, Marco Calarco sostuvo que el problema está en el funcionamiento y el esquema de financiamiento de la obra social más que en la obligatoriedad, y Emiliano Sanhueza pidió informes sobre la administración de los recursos y las deudas que mantienen con el IPROSS los municipios y los distintos poderes del Estado.

La votación llega con varios puntos abiertos. Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro pidieron 48 horas de reserva, un mecanismo que deja avanzar el dictamen y define la postura recién en el recinto, y lo mismo hizo Juan Martín (PRO), que justificó el pedido en la velocidad del trámite y en la falta de consenso para una segunda vuelta. Es decir, el espacio que reclama la autoría de la idea también pidió tiempo. Weretilneck se muestra confiado en reunir una mayoría, con el respaldo ya anunciado del PRO y de Primero Río Negro, pero el número final dependerá de lo que definan los bloques que se reservaron el voto. En comisión también quedó en evidencia que los plazos de salida y regreso generaron dudas (la legisladora Gabriela Picotti preguntó si los 12 meses de permanencia se suman a los 36 para volver) y las autoridades del instituto admitieron que la redacción debía revisarse. Siguen sin respuesta clara la situación de los jubilados y la compatibilidad con convenios previsionales.

Mientras adentro se cuentan los votos, afuera la discusión será de otro tenor. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) resolvió por unanimidad, en su Plenario de Secretarías Generales del viernes 18 en General Roca, hacer efectivo el paro de 48 horas que ya había definido su Congreso, para el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre. El gremio marchará a la Legislatura en Viedma el mismo día de la sesión y no descarta actividades simultáneas en otros puntos de la provincia. Su secretaria general, Laura Ortiz López, fijó la postura con una consigna: "Antes de hablar de libertad de elección necesitamos transparencia". Piden conocer aportes, ingresos, distribución de recursos, endeudamiento y cobertura de medicamentos e insumos, además de participación de los trabajadores en la Junta de Administración del instituto.

El sindicato aclara que denunciar el deterioro del IPROSS no equivale a proponer abandonarlo: su planteo es defender el carácter solidario del sistema y exigir que funcione. En su comunicado, además, sostuvo que el informe presentado por la presidenta del instituto no se corresponde con la realidad que viven los afiliados, y acusó a la Legislatura de legislar a espaldas de los trabajadores. Con dos días sin clases en las escuelas adheridas y una movilización que apunta al recinto, el conflicto docente le agrega presión política a una sesión que el oficialismo quiere resolver rápido.