Por: Bache3000

La Defensoría del Pueblo de esta ciudad fue concebida formalmente en el año 2007 y nació con el mandato de actuar de manera autárquica e independiente para proteger los derechos individuales y colectivos frente a actos u omisiones de la administración pública.
A lo largo de sus jóvenes 19 años, los procesos de selección de los defensores han estado frecuentemente inmersos en intensos debates políticos en el Concejo Municipal, prórrogas de mandatos, amparos y demoras que tensionaron su autonomía. Los perfiles de quienes encabezaron el área, también llamaron la atención por diferentes razones.
Aunque superando las barreras burocráticas iniciales, el organismo consolidó un esquema de despliegue territorial (atención en los barrios, mediación comunitaria y redes de contención por violencia de género) para acercar la institución a los sectores más vulnerables de San Carlos de Bariloche.
Sin embargo, la mayor parte de la ciudadanía no acude a ella, no la siente propia y en una inmensa mayoría, no sabe siquiera que existe y menos aún, dónde está emplazada su sede, ni qué problemáticas podría resolver.
Esto ha generado que la Defensoría sea fuertemente cuestionada desde su rol y por ende, la enorme estructura salarial y de funcionamiento que tiene. Hoy su sede es alquilada, tiene empleados municipales en forma permanente, pero también ha sido históricamente una cueva de designaciones políticas, que devienen de los acuerdos dados para el nombramiento de sus titulares y asesores.
Los defensores suelen tener trascendencia, o no, de acuerdo a su propio perfil. Pero no se conocen en general las temáticas que se resuelven o que se tratan semanal o mensualmente dentro del organismo.
En algunos casos, los titulares de la Defensoría han marcado posiciones más político-partidarias con fines personales, que soluciones para los vecinos. Asimismo, sus opiniones hacia el poder de turno no son vinculantes, por lo que en ciertos temas, las declaraciones son meramente declamativas.
Todo esto ha llevado a que los diferentes partidos políticos cuestionen a la Defensoría, su necesidad y los gastos que le genera al Estado, por lo que sin dudas será un tema que se debatirá en la reforma de la Carta Orgánica y que hay varias fuerzas que pretenden eliminarla, aunque otras no.
Un dato no menor, es que como la designación del defensor o defensora de turno (y su equipo de trabajo político), es designado por los concejales, siempre ha sido una herramienta de negociación de los diferentes bloques del Deliberante, lo cual ha generado disputas, acefalías y nombramientos de titulares y asesores por mera conveniencia partidaria.

Arrancó con el pie izquierdo

La Defensoría del Pueblo se creó por ordenanza en 2007 y tuvo un primer proceso trabado, por lo que en el mes de marzo de 2009, tras una elección de más de diez meses que incluyó ternas fallidas y renuncias de candidatos, el Concejo Municipal eligió a Vicente Mazzaglia como titular.
Se convirtió formalmente en el primer defensor del Pueblo de la historia de Bariloche, tras alcanzar los dos tercios de los votos exigidos por la Carta Orgánica. En mayo de 2012, un grupo de trabajadoras de la propia Defensoría denunció públicamente a Mazzaglia por maltrato laboral, hostigamiento, arbitrariedades y discriminación de género. El Concejo Municipal reaccionó dictando de manera consecutiva tres ordenanzas: una primera suspensión provisoria por 90 días, una prórroga de la suspensión por otros 90 días y hasta que a inicios de 2013, se ejecutó una suspensión precautoria definitiva que lo apartó del cargo hasta el vencimiento formal de su mandato. El ente fue intervenido por el Concejo.

Situación regulada

Luego del escándalo la situación fue normalizada, se eligió a la médica Andrea Galaverna (2013–2017) como defensora y la mujer llevó adelante la gestión que tal vez haya sido la más sobresaliente de su corta historia.
Le siguió la abogada Beatriz Oñate (2017–2021) y a su término, el Concejo de entonces designó a la también abogada Analía Woloszczuk (2021–2025). Allí se generó una nueva polémica, ya que la letrada no cumplía con los tres años de residencia inmediatos que pide la Carta Orgánica para este tipo de cargos, pero fue ratificada de igual forma por los ediles. Antes hubo meses de acefalía porque los concejales no se ponían de acuerdo para definir el caso.
La mujer había vivido en España hasta un año antes de su nombramiento, pero como no había hecho el cambio de residencia, ese ítem fue suficiente para acceder al cargo. Lo que estaba en discusión era la cuestión moral y desde ya, el conocimiento que podría no tener de los temas y de los actores sociales de la ciudad, por no vivir en Bariloche. Su gestión pasó sin conocerle grandes logros y así llegó el fin de su mandato.
En ese momento, volvió una vez más la polémica, ya que los concejales tampoco lograban ponerse de acuerdo para nombrar a una titular del área. Acefalía por algunos meses nuevamente y no sin enojos y tironeos políticos, se nombró a Mariana Minuth (2025–presente), quien es psicóloga social, y se convirtió en la defensora más joven en la historia del municipio y del país.