Por: Bache3000

La tensión entre el oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante volvió a subir de tono. Después de que el presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, cuestionara públicamente a los bloques que no dieron quórum para tratar el aumento del módulo fiscal, el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) salió a responder con una definición filosa: si el Ejecutivo necesita subirle las tasas a los vecinos, primero tiene que mostrar en qué gasta la plata que ya recauda.

Del Río había planteado la urgencia de la actualización en duros términos. "Hay concejales que están apostando a que esto sea un caos y no podemos permitirlo. Hace un año y medio que no tenemos ninguna actualización del valor del módulo fiscal y claramente con el marco inflacionario que tenemos, es difícil encontrar alguna otra alternativa. Tenemos que generar esta actualización porque la propia dinámica inflacionaria lo demanda, yo no veo otra variante", sostuvo.

Frente a ese cuadro de urgencia planteado por Del Río, Costa Brutten respondió sin ceder terreno y puso el eje en otro lado: la falta de controles sobre el gasto municipal. "El pueblo de Bariloche quiere saber qué está pasando en la Municipalidad. El informe de auditoría es la respuesta y un posible determinante de responsabilidades judiciales en caso de incumplimientos", sostuvo el edil.

El concejal no se guardó nada a la hora de marcar la cancha: "¿Quién se puede oponer a que lo auditen cuando se manejan fondos de todos los barilochenses?", disparó.

El trasfondo del enfrentamiento es la negativa de la oposición a convalidar una suba de tasas sin antes conocer el destino de los fondos ya recaudados. Según estimaciones del propio bloque, la gestión Cortés habría sumado alrededor de trescientos contratados entre obras y personal en los últimos tiempos, un número que la oposición quiere ver reflejado —con nombre, monto y fundamento— en un informe oficial antes de discutir cualquier ajuste tarifario.

Aunque el proyecto lleva la firma de Costa Brutten, la iniciativa dejó de ser un planteo individual: Roxana Ferreyra y Julieta Wallacese suman a la propuesta, en lo que empieza a perfilarse como un frente común de la oposición para condicionar la discusión del módulo fiscal a la transparencia de las cuentas municipales. Laura Totonelli y Facundo Villalba analizan ser parte de la iniciativa.

El proyecto de ordenanza crea una Auditoría Externa Integral e Independiente que deberá relevar, entre otros puntos, el estado del pasivo consolidado y la deuda flotante, las disponibilidades bancarias y compromisos futuros, y un capítulo específico sobre obra pública: montos contractuales, certificados, anticipos, redeterminaciones, adicionales, avance físico y financiero, multas y garantías por cada obra ejecutada, en ejecución o adjudicada. También apunta a las tasas, derechos y contribuciones pendientes de cobro, a las multas municipales que hayan sido condonadas, reducidas o prescriptas, y a las contrataciones de personal político, asesores, consultores y personal de confianza, con el detalle de función, modalidad, costo mensual y anual, y fuente presupuestaria de cada una.

El texto obliga además al Departamento Ejecutivo a remitir, dentro de los quince días de promulgada la ordenanza, un Informe Económico Financiero Integral con el estado de la caja, la deuda y los compromisos salariales pendientes, y a elaborar un Plan Integral de Recupero de Recursos Municipales para las acreencias impagas. Como parte del esquema de control, la iniciativa crea una Mesa Institucional de Concertación Financiera y Salarial, integrada por representantes del Ejecutivo, del SOYEM, de cada bloque del Concejo y del Tribunal de Contralor, para seguir de cerca la evolución de ingresos, gastos y paritarias.

La auditoría, de aprobarse, debería tener un dictamen final dentro de los noventa días de adjudicada, con informes mensuales obligatorios al Concejo y al Tribunal de Contralor sobre su avance, y la ordenanza tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Con este proyecto ganando apoyos dentro del propio Concejo, la oposición marca su condición para destrabar la discusión por el módulo fiscal: primero transparencia, después el aumento.