Por: Bache3000

La Legislatura rionegrina aprobó ayer jueves, por mayoría, la reforma de la Ley Orgánica del IPROSS impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck. El cambio reemplaza la afiliación obligatoria por un esquema que permite a los agentes públicos activos y pasivos elegir otra cobertura de salud para sí mismos y su grupo familiar primario.

Según el texto aprobado, el 100% del aporte personal —4% para activos y 5,5% para pasivos— se transferirá a la entidad de salud que cada trabajador elija. Si esa cobertura cuesta más que el monto derivado, la diferencia la pagará el afiliado de su bolsillo. La contribución patronal, del 7%, en cambio, seguirá entera en el IPROSS y quedará afectada a planes oncológicos y especiales, discapacidad, prótesis, farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de cambiar de obra social no alcanza a funcionarios electivos o de designación política ni a las autoridades superiores del Estado. Y si la entidad elegida deja de dar cobertura por una causa ajena al afiliado, la ley prevé la reincorporación automática y sin carencias al IPROSS.

"El IPROSS no se vacía"

Horas después de la sanción, la UnTER Bariloche convocó a una conferencia de prensa bajo la consigna "¡El IPROSS no se vacía! En defensa del IPROSS", realizada este viernes 25 de septiembre a las 10 de la mañana en la sede local del organismo, como parte de una acción que el gremio definió como de alcance local. Allí, la secretaria de Actas y Administración, Silvia Schroeder, apuntó al cálculo económico detrás de la reforma: "el que está sano [...] es lo que le interesa al negocio de las prepagas, capturar a los docentes, a los trabajadores públicos sanos". Pero advirtió que "el resto de los compañeros y compañeras que tienen complejidades, que tienen sus familias con preexistencias, no se van a ir de la obra social y nos vamos a seguir sosteniendo".

Schroeder también cruzó al Gobierno por el estado de control del organismo: "lleva 15 años sin una comisión funcionando son 15 años sin transparencia", en referencia a la Comisión de Seguimiento del IPROSS que nunca terminó de ponerse en marcha.

La secretaria adjunta, Romina Gómez, fue más directa sobre el fondo del planteo gremial: "queremos romper con esa lógica de mercado, de defender nuestra obra social; nosotros decimos no, nosotros queremos defender nuestra obra social". Y agregó el pedido central que la UnTER pondrá sobre la mesa en las próximas semanas: "lo que sí exigimos es que queremos transparencia, queremos que haya una auditoría ahí y que podamos saber cuál es el estado actual de nuestra obra social hoy".

Schroeder también respondió a las declaraciones del gobernador, quien había calificado de "autoritaria" la postura del gremio: "autoritario para nosotros es presentar un proyecto sin la voz de los trabajadores". Y cerró con una definición sobre por qué el sector rechaza la salida individual hacia una prepaga: "irnos de IPROSS no lo va a mejorar, porque al contrario las otras prepagas piden incluso muchísimo más dinero. Lo que queremos es que funcione como corresponde y que en verdad sea un derecho enfermarse y poder recibir una atención de calidad".

Con la ley ya sancionada, la discusión se traslada ahora al terreno de la implementación: cuándo y cómo empezará a regir la libre elección, y si la Comisión de Seguimiento —reclamada por la oposición y ahora también por la UnTER— finalmente se pone en funcionamiento.