Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, por mayoría, la reforma de la Ley Orgánica del IPROSS impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck. Desde ahora, los agentes públicos activos y pasivos podrán elegir otra cobertura de salud para ellos y su grupo familiar primario, algo que hasta hoy estaba prohibido por la afiliación obligatoria al Instituto.

El proyecto no contó con el respaldo de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.

El corazón de la discusión pasó por la plata. Quien decida irse podrá llevarse el 100% de su aporte personal —4% en el caso de los trabajadores activos, 5,5% en el de los pasivos— hacia la nueva cobertura. Si esa cobertura cuesta más que ese monto, la diferencia la paga el bolsillo del afiliado. La contribución patronal del 7%, en cambio, se queda adentro del Ipross, destinada a planes oncológicos, discapacidad, prótesis y enfermedades crónicas.

No todos podrán optar: quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, las autoridades superiores de los poderes del Estado, los organismos de control y las empresas estatales quedan afuera de la posibilidad de cambiar de obra social. Y si la nueva cobertura elegida deja de funcionar por una causa ajena al afiliado, ese trabajador vuelve automáticamente al Ipross, sin carencias.

Como miembro informante, la legisladora oficialista Andrea Escudero (JSRN) sostuvo que la reforma no implica ni privatización ni vaciamiento del Instituto, y remarcó que a nadie se lo obliga a irse. Habló de terminar con la figura del "afiliado cautivo" y resumió el espíritu del proyecto en tres ejes: libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada de los prestadores.

Desde la oposición, las críticas apuntaron al mismo lugar: la letra chica. Gabriela Picotti planteó que la libertad real sería sin restricciones, y cuestionó que el trabajador solo pueda disponer del 4% mientras tiene que poner de su bolsillo cualquier diferencia. Martina Lacour fue más dura todavía: calificó el esquema como una estafa a los empleados, porque el Estado libera a la persona pero retiene buena parte del financiamiento. Ayelén Sposito, de Vamos con Todos, habló directamente de "marketing libertario" y advirtió que discutir que la gente se vaya del Ipross es discutir mal el problema, cuando lo urgente sería mejorar la obra social que ya existe.

Magdalena Odarda fue la voz más filosa del rechazo. Pidió frenar el tratamiento, hacer una auditoría de los números del Instituto y evaluar qué pasa si se van justo los trabajadores con salarios más altos, dejando adentro a jubilados, personas con discapacidad y pacientes con tratamientos de alto costo. También cuestionó que el proyecto haya llegado con acuerdo de ministros, lo que achicó el debate a una sola vuelta y dejó afuera a sindicatos, municipios y jubilados.

Del lado oficialista, Lucas Pica defendió el punto más técnico de la ley: el 7% patronal no le pertenece al trabajador porque tiene otra naturaleza jurídica, es una obligación del empleador para sostener un sistema solidario. Facundo López, presidente del bloque de JSRN, cerró la defensa con una frase que resume la apuesta del oficialismo: no van a desfinanciar el Instituto, porque quien se va se lleva una porción menor de la plata y deja de demandar prestaciones, mientras la mayor parte de los recursos sigue adentro.

Hubo, también, matices dentro del bloque que terminó acompañando. Javier Acevedo advirtió sobre el riesgo de "selección adversa" —que se vayan los jóvenes sanos y bien pagos, y se queden los que más necesitan al sistema— y propuso crear un fondo de estabilización financiado con una retención solidaria a quienes se vayan. Yolanda Mansilla y Lorena Matzen acompañaron sin reparos, esta última citando una encuesta entre trabajadores judiciales donde las posturas aparecieron divididas casi en tercios.

La sesión no fue solo un debate de artículos. Representantes de UNTER, en medio de un paro docente de 48 horas, siguieron la discusión desde las bandejas de la Legislatura, y hubo cruces directos entre el gremio y López durante su exposición. El presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, tuvo que pedir silencio y garantizar que se respetara el uso de la palabra.