Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro sancionó este 24 de septiembre, con 35 votos a favor y 8 en contra, la ratificación del esquema de compensación financiera transitoria para 14 municipios de la provincia, entre ellos Bariloche. Pero detrás del amplio consenso legislativo quedó una denuncia puntual y con nombre propio: la de la legisladora por Bariloche Marcela González Abdala, que votó en contra y acusó al Gobierno provincial de aplicar el criterio de reparto "a la carta" y en perjuicio directo de la ciudad.

La iniciativa ratifica los convenios bilaterales firmados entre la Provincia y 14 comunas para atender la mayor demanda de servicios e infraestructura derivada del crecimiento poblacional registrado en el Censo 2022. Se financia con fondos de Rentas Generales del tesoro provincial, sin tocar los coeficientes de coparticipación del resto de los municipios.

Que la crítica más dura haya salido de la banca que representa a Bariloche le da un peso distinto al reclamo. González Abdala fundamentó su voto negativo con los propios datos del Ministerio de Hacienda provincial: Bariloche concentra el 25,64% de la recaudación y el 18,36% de la población de Río Negro, ambos porcentajes por encima de Cipolletti (19,12% y 14,45% respectivamente). Es decir, un 28,7% más de peso poblacional y un 36% más de peso en recaudación que su par.

Sin embargo, a la hora de traducir esos números en plata, Bariloche recibirá un monto base mensual de $195.902.616, mientras que Cipolletti se llevará $319.406.080. "Un municipio con menos peso poblacional y menor peso en recaudación termina percibiendo una compensación un 63% superior a la del municipio con mayor magnitud", sostuvo la legisladora ante el pleno.

Su diagnóstico fue más allá del número puntual: para Abdala, el mecanismo no responde realmente al censo ni a la recaudación —las variables que el Gobierno dice usar— sino a la diferencia entre el índice de coparticipación de 2001 y el actual de cada municipio, un criterio que premia a quien más "saltó" respecto de una foto de hace 25 años, y no a quien hoy tiene mayor magnitud demográfica, económica e institucional. Bariloche, remarcó, es la ciudad turística más relevante de la provincia y motor económico de la región andina, con una demanda de servicios que no guarda proporción con lo que recibe.

La legisladora también apuntó contra el método: los convenios se firman ad referéndum del Poder Legislativo, así que la Cámara solo puede aprobarlos o rechazarlos en bloque, sin modificar una coma de lo ya negociado por el Ejecutivo. Para Abdala, eso construye un sistema paralelo a la Ley de Coparticipación, convenio por convenio, sin criterios generales ni verificables para todos los municipios, y sienta un precedente de negociación bilateral gobernador-intendente por fuera del control legislativo pleno.

El reclamo no se quedó en el recinto: horas después, González Abdala lo llevó a sus redes con un video en el que fue directa: "nos están cagando".

Amplio respaldo oficialista

El resto del arco legislativo avaló la medida. Como miembro informante, Lucas Pica (JSRN) la definió como "un acto de reparación e integración territorial" y citó a Ulpiano: "es darle a cada uno lo suyo". Aclaró que la compensación —$1.028 millones mensuales en total— sale de las arcas provinciales "sin detraer de la masa coparticipable" del resto de los municipios, y destacó el rol del gobernador Alberto Weretilneck.

El titular del bloque JSRN, Facundo López, remarcó que "el gobernador está para gobernar a todos los rionegrinos de la misma manera, sin dejar a ninguno atrás". José Luis Berros (Vamos con Todos) justificó el acompañamiento como respuesta a "la retracción de recursos nacionales" y lo calificó de "un parche". En el mismo sentido votaron Juan Martín (PRO), Ariel Bernatene (UCR), Leandro García (PJ-NE), Javier Acevedo (CC ARI), Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), Magdalena Odarda (Vamos con Todos), Pedro Dantas (PJ-NE), Juan Murillo (PRO), Lorena Matzen (UCR) y Soraya Yauhar (JSRN).

Junto a González Abdala, el otro voto crítico fue el de Santiago Ibarrolaza, quien advirtió que la medida "genera inestabilidad política, genera inestabilidad financiera" y que lo que necesitan los intendentes es "una nueva ley de coparticipación provincial", no convenios caso por caso.