Por: Bache3000

El Tribunal de Contralor respondió por escrito al proyecto de ordenanza 759/26, que establece medidas de auditoría externa sobre las cuentas municipales. Lo hizo mediante la Nota 170-TC-2026, fechada el 29 de septiembre y dirigida al presidente del Concejo, Gerardo Del Río. Bache3000 accedió al documento, que ingresó ese mismo día por Mesa de Entradas del Concejo.

El escrito lleva la firma del presidente del organismo, Estanislao Cazaux, y del vocal Esteban Romero.

Según el Tribunal, la Carta Orgánica lo define como el órgano de auditoría externa del Municipio. Cita algunos artículos y recuerda que el 59 lo faculta a fiscalizar las cuentas mediante auditorías de contenido económico o financiero, por iniciativa propia o a pedido del Intendente o del Concejo. Agrega que la Ordenanza 1754-CM-2007 reglamenta esas atribuciones.

Con ese marco, concluye que el proyecto busca invadir competencias propias de un órgano de gobierno. Habla de una gravedad institucional y constitucional. Y va más lejos. Advierte que se estarían tercerizando o privatizando funciones indelegables. A su criterio, eso implicaría una doble erogación para las arcas municipales. Es decir, la comunidad pagaría dos veces por el mismo servicio.

Para sostener su postura, el Tribunal apela a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sobre la división de poderes y los conflictos entre departamentos de gobierno. Cita antecedentes vinculados a Villa Regina, Río Colorado y General Fernández Oro.

Después apunta a los propios firmantes. Recuerda que los concejales que suscriben el proyecto son los mismos que demandaron al Ejecutivo en la causa "Wallace, Julieta y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ conflicto de poderes". Allí cuestionaron que el Ejecutivo dispusiera sobre una atribución del Concejo. Para el organismo, impulsar este proyecto es una contradicción con lo dicho en la prensa y con sus propias acciones judiciales.

El Tribunal recuerda además que el Superior Tribunal resolvió que la convocatoria al referéndum era atribución del Concejo y que el Ejecutivo no podía hacerla por sí. Con esa lógica, sostiene que la auditoría le corresponde al Tribunal de Contralor. El Concejo no podría delegarla ni en otro poder ni en un privado.

El documento también cuestiona el fondo del pedido. Señala que muchos de los ítems del proyecto ya están publicados en la web del Ejecutivo. Menciona las ejecuciones presupuestarias de ingresos y egresos, la deuda exigible y total, los compromisos, los residuos pasivos, el crédito disponible y lo recaudado por mes. También figuran las compras mensuales, las reestructuras presupuestarias y la nómina de contratos.

Por eso, a criterio del cuerpo, hay falta de entendimiento, ignorancia y desconocimiento en los ediles que redactaron la iniciativa. Agrega que, si quieren profundizar o validar algún dato, pueden usar las herramientas que la Carta Orgánica les otorga.

El Tribunal considera absurdo que el articulado pida remitirle el informe de la auditoría, cuando ya cuenta con esa información. Y si tuviera limitaciones para acceder a ella, dice que haría los requerimientos necesarios para auditarla. Cierra instando a los concejales a evaluar las consecuencias institucionales, constitucionales, económicas y financieras. Advierte que aprobar el proyecto violaría principios democráticos, porque cualquiera de los tres departamentos de gobierno se atribuiría competencias ajenas.

El pronunciamiento llega en pleno debate por la actualización del módulo fiscal. El Ejecutivo propone llevarlo de $373 a $492, una suba del 31,9%. El proyecto no pudo tratarse por falta de quórum en la sesión extraordinaria.

Tras esa sesión caída, Del Río defendió la suba como una necesidad urgente para sostener las cuentas, y responsabilizó a cuatro concejales por haber bloqueado antes la actualización. El secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, había vinculado el ajuste con la necesidad de sostener los compromisos presupuestarios de los últimos meses del año. Según Del Río, el problema se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Concejo aprobó el Presupuesto pero no acompañó la Fiscal y Tarifaria. 

La oposición respondió con la auditoría. Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra impulsaron una revisión sobre contratos, obra pública y otras erogaciones municipales. La pregunta de fondo es adónde fue el dinero de las tasas que ya pagan los vecinos. 

Costa Brutten salió además a contestarle a Lerra. Planteó que el funcionario evidentemente no habla con el intendente. Según el concejal, Walter Cortés había dicho tiempo atrás que el Municipio tenía guardadas dos masas salariales. Ahora, con el Tribunal de Contralor en escena, el debate por las tasas suma un capítulo más.