Por: Bache3000

La Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Mariana Minuth, emitió la Recomendación RECO-DPB:8/2026, firmada este viernes 2 de octubre, con la que se pronunció sobre lo ocurrido durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del miércoles 30 de septiembre. El documento está dirigido al Intendente Municipal y al Presidente del Concejo.

El texto describe una jornada atravesada por gritos, abucheos, aplausos e interrupciones, en la que, según consigna, el público presente "gritaba a viva voz" durante las alocuciones de los ediles. Sobre la procedencia de esas personas, la Defensoría afirma que "no era difícil identificar su procedencia o sector", y enumera entre los asistentes a "funcionarios municipales, empleados contratados por la Municipalidad, trabajadores del Estacionamiento Medido, referentes barriales, y personas que por su pública actividad se desempeñan en el comercio en conexión con la vida política de la ciudad".

La Recomendación no individualiza a ninguna persona. El documento sostiene que "claramente, no es un ambiente propicio e ideal para que los Concejales desarrollen sus actividades legislativas". Aclara que existe "el fragor de la discusión" y "la pasión por defender ideas", pero fija un límite: "no debe aceptarse y debe repudiarse que los representantes del pueblo realicen su tarea legislativa en el medio de gritos, agresiones verbales, con interrupciones permanentes y/o juzgamiento de su persona".

En este sentido, la Defensoría afirma que "es de público conocimiento que algunos concejales fueron hostigados, amenazados y agraviados en el ejercicio de sus funciones constitucionales". Además, dice haber recibido un comunicado de un asesor de un concejal que ratificó los hechos y expresó temor por el nivel de agresividad. Esa comunicación, según el texto, menciona que debió acudir a la Fiscalía a denunciar "graves amenazas recibidas de personas a quien pudo identificar y que tenían como 'excusa' el desarrollo de sus tareas laborales".

(Imagen de la Defensoría del Pueblo)

El documento también registra que, según las imágenes de la transmisión oficial del Concejo, hubo concejales que dialogaron directamente con el público. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Gobierno y Legales intentó calmar a quienes gritaban llamándolos por su nombre de pila. A la vez, la Defensoría sostiene que en la puerta del Concejo "se produjeron intercambios verbales agresivos entre las partes".

La Defensoría remarca que "nuevamente en una sesión del Concejo Municipal se producen incidentes que alteran su normal funcionamiento y son evitables con medidas administrativas al alcance de los poderes del gobierno municipal".

El antecedente de marzo y lo que recomienda

La Recomendación recuerda que en la primera sesión del año legislativo hubo "graves incidentes que incluyeron la agresión de un funcionario a un vecino, y por el cual aquel atraviesa un proceso penal". Ese episodio motivó la RECO-DPB:1/2026, del 2 de marzo, para garantizar mecanismos de seguridad y evitar nuevos episodios de violencia.

Ahora, la Defensora formula tres recomendaciones:

- Al Intendente le pide que instruya a los funcionarios bajo su dependencia a mantener "una conducta acorde a las normas establecidas en la Ordenanza 2554-CM-14 desempeñando su rol de manera correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función".

- Al Presidente del Concejo le recomienda que adopte "todas las medidas de seguridad a su alcance para que los Concejales Municipales desempeñen su tarea legislativa en un ambiente libre de violencia; y que no sean interrumpidos ni hostigados en el ejercicio de sus funciones".

- Y, también al Intendente, le pide que instruya a la Subsecretaría de Seguridad del Departamento Ejecutivo para que adopte "todas las medidas a su alcance para que el Concejo Municipal desempeñe sus funciones en un ambiente libre de violencia".

Como fundamento, Minuth cita el artículo 2 bis de la Ordenanza 2554-CM-14, que obliga a los funcionarios a "desempeñar frente al público ciudadano una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando comportamientos que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve". Cita también el artículo 4, según el cual "el cumplimiento de los principios básicos de ética de la función pública, en el ejercicio de las distintas acciones, constituye un requisito para la permanencia en el cargo".

El texto invoca además el artículo 8 de la Carta Orgánica, que establece la defensa del orden democrático, y recuerda que el Reglamento Interno del Concejo faculta al Presidente a dirigir las sesiones y a tomar medidas para asegurar su normal desarrollo. Sobre el carácter de quienes participaron, la Defensoría remarca que quienes ejercen un rol público, ya sea por designación política o por figuras contractuales, "poseen un grado mayor de responsabilidad".

Finalmente, el organismo planteó que "debe hacerse un llamado a la reflexión en pos de la paz social y la buena convivencia de los vecinos en los espacios de participación ciudadana; y más aún en el organismo por antonomasia que es considerado como la Casa del Pueblo, es decir el Concejo Municipal".