Por: Bache3000
Hay notas oficiales que pasan sin pena ni gloria y hay otras que caen como un baldazo de agua fría sobre el escritorio de más de uno. La que firmó la Jueza de Faltas Debora Ester Bietti, y que está dirigida a la directora de Recursos Humanos, Roxana Valeria Hernandez, pertenece claramente a la segunda categoría. En pocos renglones la magistrada denuncia una inasistencia, habla de falta grave y pide que se abra un sumario contra Myriam del Carmen Flores, contratada municipal asignada al Juzgado de Faltas N° II.
Según el documento al que accedió Bache3000, a Flores ya la habían puesto a disposición de Recursos Humanos mediante una nota del 8 de septiembre. El último miércoles, un día antes de Bietti firme su nota, la contratada no se presentó al organismo y avisó por WhatsApp que "iba al concejo autorizada por personal". Y ahí viene el golpe más fuerte del escrito, porque la jueza asegura que Flores fue "registrada participando activamente en horario de servicio en el recinto del Concejo Municipal, realizando manifestaciones de militancia politico partidarias ajenas a la función pública".
La magistrada no se queda en el relato de lo ocurrido y avanza sobre el encuadre legal, ya que sostiene que la conducta configura "una flagrante violación al Estatuto Muncipal, el que extiende las prohibiciones de la planta permanente a los contratados". En el mismo sentido, recuerda que "los agentes municipales tienen estrictamente vedado ejercer militancia o actividades partidadarias dentro del horario de prestación de servicios", y afirma que lo sucedido corrobora "de manera fáctica" lo que ya se había planteado en el Recurso de Reconsideración, "evidenciando la desviación de poder planteada, destinando fondos públicos para militancia en lugar de servicios administrativos idoneos".
Bietti también deja constancia de que lo que hizo Flores en el recinto "se encuentra ampliamente documentada en filmaciones periodisticas y crónicas de los diarios locales y regionales", y asegura que ese material "sustentará las acciones judiciales". Según el escrito, allí queda registrado que la agente "ejerció militancia político partidaria activa con proclamas y carteles en horario de jornada de labor", lo que a criterio de la jueza "rechaza cualquier intento de encuadrar dicha conducta con un ejercicio legítimo de derecho vecinal particular".
(Concejo Municipal, marzo de 2026)
Con ese panorama, la magistrada ratifica "el rechazo a la permanencia en este recinto de la agente", apoyándose en "la gravedad de las faltas que han sido denunciadas y la nulidad de su designación". Además ratifica la puesta a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, pide que se le notifique a la agente "de manera inmediata de la no concurrencia a este Juzgado" y solicita que se inicien "en forma inmediata las acciones disciplinarias correspondientes por inasistencias injustificadas y violación a las prohibiciones del estatuto muncipal", girando las actuaciones a la Junta de Calificación y Disciplina para que el Departamento Ejecutivo "instruya el correspondiente sumario por falta grave". Una copia de todo lo actuado fue enviada al Concejo Deliberante y al Tribunal de Contralor.
Para quienes siguen de cerca el día a día del Concejo, el nombre de Flores no suena nuevo. Se la vio entre las vecinas que en distintas sesiones increparon a los concejales de la oposición, que los interrumpieron a los gritos y que agitaron el recinto hasta el punto de que a varios ediles les resultó imposible hablar con normalidad, en un rol que más de un presente describió como el de una verdadera fuerza de choque.
Con Bache3000 la historia tiene además un antecedente propio. En otra de las jornadas escandalosas de las que ya se perdió la cuenta, un grupo de vecinas del que Flores formaba parte fue al Concejo intentó sacarle el teléfono a uno de los cronistas de este medio que estaba filmando lo que pasaba, como si el problema fuera la cámara y no lo que la cámara mostraba.
Ahora la pelota quedó en manos de Recursos Humanos, de la Junta de Calificación y Disciplina y del Ejecutivo municipal, que tendrá que decidir si le da curso a un pedido de sumario que viene firmado por una jueza y con copia a los organismos de control, y que además abre el interrogante sobre la autorización que Flores dijo haber recibido para ausentarse.