Por: Bache3000

El Concejo Deliberante de Bariloche volvió a quedar en el centro de la polémica. En la reunión de hoy, el debate retomó los hechos de violencia ocurridos en la sesión anterior y derivó en un fuerte cruce entre concejales, con acusaciones cruzadas, pedidos de orden y reclamos de repudio.

Juleta Wallace planteó que existe una denuncia por amenaza de muerte contra un asesor de un edil y cuestionó que ningún otro concejal expresara solidaridad. "Hubieron agresiones cometidas por funcionarios públicos, municipales", sostuvo, y afirmó que entre quienes participaron había personas que "se hacen pasar simplemente por vecinas, pero hoy trabajan en el juzgado de faltas", además de delegados municipales y secretarios.

La edial, señaló que hubo "una patota paga" y calificó lo ocurrido como "una alteración al orden democrático". Recordó además el episodio de la apertura de sesiones del 1 de marzo, por el que, dijo, hay una causa penal tras una agresión a un vecino. "Esto es una institución democrática", remarcó, y se preguntó si los jóvenes que participaron del programa "concejal por un día" quieren ejercer el cargo "con este nivel de agresión".

Más tarde, Wallace fue más puntual y mencionó a los funcionarios que, según afirmó, estuvieron presentes: el subsecretario de Inspección General, Fabián Lasser; el secretario de Desarrollo Humano, Fabián Zúñiga; los delegados municipales Gastón Muñiz (Cerro Catedral), Oscar Mallet y Hernández (Cerro Otto); y Miriam Flores. "No estoy hablando de los vecinos que vinieron a expresarse, de ninguna manera. Estoy hablando de los funcionarios que nos vinieron a patotear", enfatizó.

Por su parte, Leandro Costa Brutten, se sumó al repudio por hechos "de extraordinaria gravedad institucional" y los vinculó con la agresión de la apertura de sesiones. Aseguró que cada vez que se organiza algo en el Concejo "se determina una zona liberada" para que se agreda a vecinos y concejales, y que hay registros de que los funcionarios presentes "no se movilizan espontáneamente". Citó también lo dicho por la concejal Julieta Wallace.

En la misma línea, Laura Totonelli, aseguró que se fue "vergonzoso" lo que pasó, y describió lo que se vivió ese día: una empleada municipal, haciéndose pasar por una "vecina" con una pala en la mano con la que podría haber lastimado a alguien.

Desde el otro sector rechazaron el planteo de victimización. Juan Pablo Ferrari, sostuvo que "la violencia fue generalizada" y que alcanzó tanto a concejales como al público: "Hubo que pararse a separar gente contra gente". Recordó que ya había repudiado episodios anteriores, como lo ocurrido con Uber, la agresión a una concejal y los insultos durante el tratamiento del estacionamiento medido. "Sea funcionario, vecino o hincha de un club de fútbol, está mal", dijo, y agregó que si hay denuncia "que actúe la justicia". También admitió que "muchas veces nos equivocamos".

Por su parte, Gerardo del Río dijo que no estuvo presente ni vio los hechos denunciados, por lo que "mal puedo argumentar algo que yo no vi". Afirmó que, si hay una denuncia, "seguirá los carriles que tenga que seguir" y que el material de prueba está a disposición. Cuestionó que, según el sector opositor, los vecinos que convocan ellos sean "ciudadanos" y quienes acompañan la gestión "patoteros": "Eso también es violencia". Reclamó un repudio generalizado y dijo que "fuimos insultados todos".

En el tramo más tenso, quien conducía la reunión pidió orden en reiteradas ocasiones para que "se deje hablar a todos". Del Río, advirtió que "se está desnaturalizando la comisión", pidió disculpas por ello y desafió: "Si algún concejal quiere que se sesione a puerta cerrada, que lo pida. Yo no lo voy a hacer". Añadió que "nadie trajo a la policía" y que, si estaban presentes, "habrán venido por su cuenta".