Por: Bache3000

Una mujer que ayudaba a una adulta mayor con sus trámites bancarios y sus tareas cotidianas fue imputada por estafas reiteradas en su contra. El vínculo entre ambas databa de más de cuarenta años, ya que la acusada es hija de una amiga histórica de la denunciante.

El fiscal del caso, Guillermo Lista, expuso que en el primer semestre de 2022 la imputada se ofreció a colaborar con la víctima, que atravesaba dificultades para realizar gestiones digitales. Era el contexto posterior a la pandemia de Covid-19, cuando múltiples trámites bancarios pasaron a hacerse de manera virtual, y las claves de acceso le fueron entregadas en virtud de la relación que las unía.

Una relación de confianza que se habría convertido en una maniobra sostenida

Desde entonces y hasta enero de este año, la mujer habría operado la cuenta con regularidad y gestionado al menos cinco préstamos personales. La mayor parte de los importes acreditados habría sido derivada, mediante sucesivas transferencias, a cuentas propias. También se le atribuyen compras por internet y planes de cuotas con la tarjeta de crédito de la víctima, todo sin su consentimiento.

Además, la imputada le habría asegurado que había constituido un plazo fijo con sus ahorros, aunque esa inversión nunca existió. Ante las consultas periódicas de la mujer por el estado de los fondos, le transmitía información inexacta, lo que le impidió conocer la situación real de sus finanzas.

En enero de este año la adulta mayor preguntó por el vencimiento del plazo fijo, no obtuvo respuestas y recibió contestaciones en malos términos, por lo que fue a la entidad bancaria. Allí supo que no tenía ningún tipo de inversión y que registraba préstamos y consumos que no había autorizado. Más tarde tomó conocimiento de las transferencias a favor de la acusada y radicó la denuncia penal.

La imputación se sustentó en la denuncia y su ampliación, informes bancarios, registros de movimientos, resúmenes de cuenta y de tarjeta de crédito, además de información sobre las cuentas bancarias y virtuales vinculadas a ambas mujeres. La Fiscalía encuadró de manera provisoria las conductas como estafas reiteradas y le atribuyó la autoría a la acusada. Las medidas de prueba continúan, entre otros aspectos, para determinar el monto total del perjuicio económico, y la querella adhirió en todos los términos a lo expuesto por la Fiscalía.

La defensora particular consideró adecuado el plazo de cuatro meses propuesto para la investigación, aunque aclaró que eso no implicaba aceptar la imputación. También anticipó que su asistida ejercerá su derecho a brindar su versión de los hechos ante la Fiscalía, con asistencia de su defensa, conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal de la provincia.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos por estafas reiteradas en concurso real y fijó el plazo de investigación hasta el 8 de marzo de 2027. Además impuso medidas cautelares, por las que la acusada deberá mantener actualizado su domicilio, asistir a las audiencias y comunicar cualquier cambio de residencia o ausencia prolongada.