Por: Bache3000

Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Con esa decisión vuelven a regir las restricciones a la adquisición de predios rurales por parte de ciudadanos extranjeros, que el decreto del presidente Javier Milei había eliminado.

La noticia es de alcance nacional, pero el expediente que provocó el freno no nació en Buenos Aires. Lo inició a fines de diciembre de 2023, ante la justicia federal de Bariloche, la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Futa Anekon, representantes gremiales, vecinos y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, con el patrocinio de los abogados rionegrinos Martín Palumbo y Ernesto Montecino Odarda. Plantearon un amparo colectivo contra la derogación porque, sostuvieron, ponía en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado que consagra el artículo 41 de la Constitución, y pidieron como cautelar que se suspendieran sus efectos.

Bache3000 viene siguiendo este tema porque la tierra y quién la compra es una discusión que atraviesa a la zona andina de Río Negro. Ya publicamos otras notas con distintos casos de la región, como el de los Emiratos Árabes Unidos y el de Qatar, que mostraron por qué lo que pasa con la Ley de Tierras se siente de manera directa en esta parte de la Patagonia.

Casi tres años sin respuesta

En febrero de 2024, el Juzgado Federal de Bariloche, sin expedirse sobre el fondo ni sobre la cautelar, envió la causa a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba el caso “CECIM”. En julio de 2024, esa Cámara la remitió a la Corte, nuevamente sin analizar los planteos de los actores.

El 29 de septiembre de 2026, el máximo tribunal resolvió el caso CECIM y rechazó la demanda por falta de legitimación activa, aclarando que la cuestión era procesal y que no se había pronunciado sobre el fondo. Un día después, los amparistas de Bariloche le pidieron que aclarara si esa sentencia los alcanzaba y reiteraron la solicitud de cautelar. La Corte entendió que la demanda trata “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental” y que era necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”. También remarcó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda”.

(Edificio sede de la Corte Suprema de Argentina, en Buenos Aires)

“Frenamos la derogación de la Ley de Tierras y demostramos el valor de la universidad pública”

La legisladora provincial Magdalena Odarda festejó la resolución y destacó que el máximo tribunal reconoció que el amparo de Árbol de Pie contiene fundamentos jurídicos distintos a los del caso CECIM, especialmente en lo referido a la protección del ambiente. “Es una enorme alegría y un triunfo de la lucha colectiva. Desde Río Negro venimos defendiendo esta ley porque sabemos lo que significa para nuestra provincia y para toda la Patagonia”, expresó.

Odarda también vinculó el logro con la educación superior, al señalar que los abogados que llevaron adelante la presentación son egresados de universidades públicas. “Este triunfo también es un homenaje a la universidad pública argentina”, sostuvo.

Cómo sigue

Lo resuelto por la Corte no es definitivo, porque la suspensión rige hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine la medida cautelar solicitada. La causa vuelve así al lugar donde empezó, y de lo que resuelva ese juzgado depende que la Ley de Tierras siga vigente mientras se discute el fondo del asunto.

Habrá que ver, además, qué alcance le da el juzgado a la legitimación de cada uno de los demandantes, un punto central porque la Corte rechazó el caso CECIM justamente por ese motivo. En este expediente, en cambio, entendió que la situación era distinta, ya que los planteos giran en torno a la protección del ambiente.

El fallo tampoco fue unánime. Como los tres integrantes del tribunal no alcanzaron un acuerdo, se convocó a los conjueces, y Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia: consideró que la Corte no tenía competencia para dictar una medida cautelar o interina y propuso enviar la causa a Bariloche sin dictar ninguna medida, lo que en los hechos habría dejado vigente la derogación.

En paralelo, la discusión también se juega en la calle y en el Congreso: la propia Odarda advirtió que la decisión judicial es temporal y ratificó la convocatoria a la movilización del próximo 15 de octubre, con la expectativa de que la Cámara de Diputados rechace por completo el DNU 70/2023. Convocó a organizaciones sociales, ambientales y sindicales y a la ciudadanía en general a sumarse: “Hoy tenemos motivos para celebrar, pero también para seguir luchando”.