Por: Bache3000

La renuncia de Diego Piquín a la conducción ejecutiva de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) volvió a exponer una crisis que excede largamente la salida de un funcionario. El referente del organismo comunicó que dejará sus funciones el próximo 30 de noviembre por motivos personales, aunque también se habla de dificultades operativas, desgaste y problemas de funcionamiento institucional.

El momento elegido para hacer pública la decisión no es un dato menor, ya que ocurrió durante Bariloche a la Carta, uno de los acontecimientos gastronómicos y turísticos más representativos de la provincia, y a pocas semanas del inicio de una nueva temporada estival. La salida del responsable ejecutivo de la agencia obliga a revisar qué se hizo desde su puesta en marcha, cuáles fueron sus resultados y qué estructura queda para afrontar los próximos meses.

Pero el problema no empezó en octubre de 2026, y para comprenderlo es necesario retroceder hasta la discusión política que dio origen a la ATUR y a las modificaciones que transformaron la organización de la actividad turística rionegrina.

Una nueva agencia y una ley que abrió más interrogantes de los que resolvió

La Ley Provincial 5771 fue sancionada el 17 de diciembre de 2024, promulgada el 23 de diciembre mediante el Decreto 551/2024 y entró en vigencia el 1 de enero de 2025. La norma creó la Agencia de Turismo de Río Negro y modificó de manera sustancial el esquema institucional y normativo que regulaba la actividad.

(La secretaria de Turismo María Sol Canalda; el gobernador Alberto Weretineck y el ministro de Producción Carlos Banacloy)

Entre sus efectos se encuentran la derogación total de varias normas anteriores y la modificación de otras. La reforma alcanzó instrumentos vinculados con la organización del turismo, la promoción y el financiamiento de infraestructura turística. Entre las normas derogadas están la que creó el Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico y la ley del Programa Provincial para la Promoción Turística de Río Negro.

La derogación de esas leyes no significa, por sí sola, que todos los fondos o proyectos hayan desaparecido, aunque para establecerlo es necesario analizar las disposiciones de la nueva ley, los recursos reasignados y la ejecución presupuestaria. Sin embargo, sí modificó el marco jurídico bajo el cual se organizaban esas herramientas, por lo que resulta indispensable explicar qué mecanismos las reemplazaron y cómo se garantizó la continuidad de las políticas y las obras.

La pregunta de fondo es si una reforma de semejante magnitud se construyó a partir de un diagnóstico integral del turismo provincial y de una participación efectiva de los profesionales, los equipos técnicos, los municipios y los representantes de las distintas regiones.

Hoy el propio gobierno de Río Negro reconoce que debe modificarse el texto de la ley y revisarse la situación de la Secretaría de Turismo, que quedó solo para cuestiones administrativas y de fiscalización. Además, esa área atraviesa una fuerte crisis interna, con desplantes, renuncias y falta de rumbo, situación que plantearon los propios trabajadores hace algunas semanas. De hecho, puertas adentro de dicha cartera se habla de más conflictos internos que todavía no salieron a la luz.