Por: Bache3000

La jueza Marcela Trillini dio curso al amparo ambiental colectivo contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y dictó una medida cautelar de no innovar sobre los predios de los proyectos Faena y Cauma. La resolución es del miércoles 14 de octubre y ordena que, hasta nueva disposición judicial, nadie realice actos, obras o intervenciones que puedan causar o agravar un daño ambiental, alterar las condiciones actuales o volver irreversible la afectación denunciada.

El fallo alcanza a los expedientes 421/2010 y 565/2018, de Faena, y 005/2020 y 446/2022, de Cauma. Los dos emprendimientos están dentro de las Reservas Naturales Urbanas Laguna El Trébol y Morenito-Ezquerra. La jueza también pidió un informe a la Municipalidad, que deberá responder en tres días bajo apercibimiento de ley. Con esa respuesta, evaluará si convoca a la audiencia prevista en el artículo 77 del Código Procesal Constitucional.

La acción fue presentada el viernes 2 de octubre por Wallace y Costa Brutten, junto con más de 500 vecinos, las comunidades de ambas reservas y organizaciones ambientalistas y sociales. El pedido central es una evaluación de impacto ambiental conjunta, integral y acumulativa de los dos proyectos, que hasta ahora se analizaron por separado. Reclaman además que intervengan las Comisiones Mixtas de las reservas, que se realicen audiencias públicas y que se sancionen las ordenanzas correspondientes. Aclararon que no buscan declarar inviables los proyectos ni cancelarlos, sino que las decisiones administrativas se tomen con una base ambiental suficiente.

La jueza dejó en claro que la cautelar no da por acreditado un daño ambiental ni invalida las autorizaciones cuestionadas. Según el fallo, el objetivo es preservar el bien colectivo hasta tener elementos para una decisión fundada, a la luz del principio precautorio de la Ley General del Ambiente.

Wallace celebró la decisión: “Es una victoria para el cuidado del Ambiente de nuestra ciudad”. Y explicó el sentido del reclamo: “Acompañamos junto con el concejal Leandro Costa Bruten el reclamo de más de 500 vecinos para que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral sobre los proyectos CAUMA Y FAENA, que se encuentran ubicados dentro de áreas protegidas municipales en la zona oeste”. Señaló que la jueza ordenó el cese de las construcciones hasta que la Municipalidad informe sobre las evaluaciones de impacto ambiental existentes. “Se trata de poder identificar si se producirá daño ambiental, y actuar preventivamente para evitarlo”, agregó.

La concejala también remarcó que el reclamo no va contra el desarrollo: “No se trata de frenar el desarrollo, sino de avanzar en un desarrollo sustentable que no es más ni menos que garantizar un ambiente sano, equilibrado y apto para nuestros hijos, y las generaciones que vendrán”.

Según publicó Tiempo Argentino, el proyecto de Alan Faena contempla unos 33.400 m² cubiertos, mientras que el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste, vigente desde hace siete años, habilitaría en ese lote hasta 500 m² cubiertos en un solo edificio. Los vecinos sostienen que esa diferencia de escala debe analizarse también por sus consecuencias ambientales y por su interacción con Cauma, una obra que ya lleva cerca del 70% de avance. La zona está repleta de mallines y humedales, fuente de agua y hábitat de numerosas especies, y los vecinos advierten que Faena, Cauma y los barrios de las reservas comparten un único camino de montaña como salida, sobre el que no existe un estudio de carga.

Desde la Asociación Civil Árbol de Pie Bariloche, a través de un comunicado, explicaron que con la cautelar Cauma debe detener su avance y Faena no puede empezar. Indicaron que ambos proyectos suman más de 40.000 m² dentro de las dos reservas y que el pedido de un estudio conjunto ya se había hecho desde el Concejo y desde la Defensoría del Pueblo, pero fue desoído por el área de Planeamiento municipal. Si la jueza hace lugar al amparo en el fondo, ordenará un nuevo estudio de impacto ambiental conjunto, lo que además implica una audiencia pública. La entidad cerró con una crítica directa: “Una vez más, los vecinos debimos recurrir a la Justicia ante la sordera del ejecutivo municipal de turno”.