Por: Bache3000

En Bariloche hay costumbres que se cumplen como los rituales de un club de barrio: cuando termina la temporada de esquí, el EAMCEC, el ente que controla la concesión del cerro, almuerza en la parrilla del Tucu con la gente de CAPSA. Se brinda, se cuentan las anécdotas del invierno, se rezonga por la nieve que faltó o por la que sobró, y cada uno vuelve a su trinchera hasta el año siguiente. Esta vez, sin embargo, la empresa no fue. No apareció el gerente Hugo Tossio ni el equipo que siempre está invitado, y las sillas vacías hablaron más fuerte que cualquier discurso.

Bache3000 pudo saber, a través de fuentes de la propia empresa, que la ausencia no fue un descuido sino una orden del dueño, Sebastián Trappa, de la familia que controla Vía Bariloche y que tiene el Catedral bajo su concesión. Según esas fuentes, la gerencia tiene prohibido dialogar con el intendente Walter Cortés y con Martín Domínguez, presidente del EAMCEC. Dicho de otro modo, hoy no hay diálogo entre la concesionaria y el ente que la controla, en un cerro donde los problemas aparecen todos los días, con temporada o sin ella, y donde el vínculo es obligado aunque las partes se lleven bien o se lleven mal.

Los funcionarios municipales leyeron el faltazo como un mensaje, igual que habían leído el retiro de la publicidad de CAPSA del medio de comunicación que pertenece a la empresa en la ciudad. Y el mensaje, entienden en el Ejecutivo, tiene un destinatario y un motivo: la empresa quiere ir por todo. Desde hace tiempo presiona en distintos medios sosteniendo que la inversión en el cerro no avanza porque el Municipio tiene frenada una telesilla de gran porte, que no podría traer por los permisos municipales. Del otro lado responden que eso no se sostiene: la inversión que CAPSA está obligada a hacer por su concesión, que corre hasta 2056, no tiene nada que ver con aprobar los parámetros urbanísticos de las 77 hectáreas que pide para un desarrollo inmobiliario.

Para entender por qué todo gira alrededor de esas hectáreas hay que mirar atrás. La concesión se extendió hasta 2056 en 2018, después de un debate accidentado, y la expectativa de un negocio inmobiliario en la montaña fue desde el principio una pieza central de aquel acuerdo. Las 77 hectáreas representan alrededor del 4% de las 1.920 que la empresa administra, pero se reparten en distintos sectores del cerro y, según los planes que circularon, incluirían hoteles y complejos que sumarían miles de plazas, entre ellos un hotel a mil doscientos metros de altura. Esas tierras son inalienables por Carta Orgánica, y ahí está el nudo de la discusión.

Esta semana, además, se terminó de promulgar la ordenanza de Leandro Costa Brutten que ratifica ese principio, un proyecto acompañado por todos los concejales, del oficialismo y de la oposición. Con la duda instalada hasta último momento sobre si lo firmaría, Cortés dejó correr el tiempo y finalmente puso su firma de puño y letra. La rúbrica cayó como una piedra en el zapato de CAPSA, que no tardó en responder.

El tablero y la bomba

El debate de fondo es de escala. La empresa quiere que le den información y habilitación sobre toda la tierra, las 77 hectáreas completas, para llevar adelante un emprendimiento multimillonario. El Municipio propone lo contrario: ir de a poco, empezar por una parte muy pequeña, ver cómo impacta en la ciudad, cómo cumple la empresa y, si todo sale bien, avanzar en otro momento. La oposición, según se escucha en el Concejo, acompañaría algo más acotado, más situado y con menor impacto ambiental y ecológico. Quieren la inversión, pero para complementar la cadena de valor, no para monopolizarla. Hubo, incluso, un acuerdo previo entre la empresa y el Municipio para abrir el contrato y generar una adenda que permitiera rediscutir y sumar las demandas de la ciudadanía y del resto de la cadena de valor turística, para que el impacto económico del cerro llegue a todos y no solo a unos pocos.

Pero hay otro motivo, más silencioso, por el que nadie quiere apurar el paso: el 80% de la población está en contra de que las tierras se entreguen de la forma que pide la empresa. En política hay pocas preguntas tan claras como la que se hacen hoy los concejales, quién va a levantar la mano contra el 80% de la sociedad. Ni siquiera el oficialismo es un bloque homogéneo: Tomás Hercingonja ya adelantó que no votará un proyecto que entregue esas 77 hectáreas y que, de alguna manera, expulse a los barilochenses de la montaña. Así, mientras la empresa busca una cosa, el resto discute cómo se avanza, si se avanza, y cuáles serían los límites y los alcances de lo que se le permitiría hacer.

Para el oficialismo el proyecto tiene que avanzar y llegar al Concejo Deliberante. La Audiencia Pública ya se hizo y el paso siguiente sería el recinto. Sin embargo, desde el Ejecutivo consideran que no están dadas todas las condiciones técnicas y hablan de "inconsistencias técnicas" que exigen cambios y mejoras. Además, pretenden conformar el Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE), cuya Asamblea es el órgano superior y fija la política general a seguir. La preside el intendente o el secretario que designe, y la integran tres funcionarios del Ejecutivo, dos miembros del Concejo, dos representantes de universidades e institutos de investigación con domicilio en Bariloche y tres de organizaciones sociales y ambientales registradas en el Municipio. A ellos se suman un representante de los sindicatos, uno de los colegios y consejos profesionales, uno de las cámaras empresarias y un vecino por cada Delegación Municipal, designado por las juntas vecinales. Sus integrantes duran dos años, pueden ser reelegidos, y la Asamblea se renueva por mitades cada año.

Suponiendo que todos esos pasos legales y técnicos se cumplan, el expediente debería terminar en el Concejo. Y ahí aparece la bomba. Walter Cortés les pidió a todos sus concejales que lleguen al recinto con una propuesta concreta: realizar un referéndum para definir qué se hace con la tierra que CAPSA pretende usar para su negocio inmobiliario. No se trata de la concesión, que seguiría su curso hasta 2056, sino de las 77 hectáreas. El argumento se repite puertas adentro de la Municipalidad, donde se lo resume así: "si se usó para definir si se pone un supermercado, entonces se puede usar para esto que es mucho más importante. Que sea la gente la que decida".

Así quedó el tablero en el cerro: una empresa que quiere todo junto y ya, un intendente que pide ir despacio y guarda un referéndum bajo la manga, y una ciudad que mira la montaña con desconfianza. Falta saber si ese 80% que no quiere entregar el Catedral tendrá, por fin, la oportunidad de decirlo en las urnas.