Por: Bache3000

Después de treinta años dando clases, cientos de docentes rionegrinos, muchos de Bariloche, descubrieron que no pueden jubilarse por una pelea entre la Provincia y la ANSES en la que ellos no tienen nada que ver. Presentaron todos los papeles que les pidieron, esperaron y hoy pagan los platos rotos de un conflicto entre Estados. Según un documento que circula entre los propios afectados, hay 377 expedientes frenados, y uno de los docentes consultados por Bache3000 habla de “unos cuatrocientos” y asegura que la cifra crece todos los días.

Ahora la oposición decidió llevar el reclamo a la Legislatura. El pedido de informes está dirigido al presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, para que gestione ante el Gobernador y el Ministerio de Hacienda las respuestas que hasta ahora nadie dio. Lo firman María Patricia Mc Kidd, Daniel Sanguinetti, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Martina Valeria Lacour y Marcela González Abdala. Todavía no fue tratado, pero el mensaje político es claro: la pelota la tiene el Ejecutivo, y es el Gobierno de Weretilneck el que tiene que dar la cara.

Los fundamentos: sumas que no aportan y un convenio bajo sospecha

Los legisladores plantean que la situación tiene “particular gravedad” en el sector docente, donde los trámites jubilatorios y los pedidos de reajuste acumulan demoras y observaciones vinculadas con los conceptos salariales no remunerativos y con la acreditación de las obligaciones previsionales de la Provincia como empleadora.

El eje de la denuncia es que Río Negro liquida parte de los salarios mediante conceptos no remunerativos, sobre los que no se hacen aportes. Citan un informe técnico sobre finanzas públicas provinciales, cuya autoría, fecha y metodología piden que se identifiquen, que estima para 2025 una participación promedio del 71,80% de esos conceptos en los salarios.

Según ese informe, representarían unos $12.071 millones mensuales, de los cuales $5.162 millones serían aportes personales y $6.908 millones contribuciones patronales, con un acumulado de $1,5 billones entre 2014 y abril de 2025, a valores constantes de ese mes. El texto aclara que son estimaciones sujetas a verificación oficial y no una deuda determinada, reconocida o exigible, y que la calificación de no remunerativo no alcanza por sí sola para determinar una deuda, pero tampoco exime de examinar si hubo importes que debieron integrar la base de aportes.

Los fundamentos apuntan además a la Ley Nacional 24.016 y al Decreto 137/2005, que prevé un aporte diferencial del 2% adicional a la alícuota general y un suplemento del régimen especial docente, y al convenio ANSES-Provincia de 2021, con su circular PREV-11-69/21 y la Resolución CPE 5933/2021, que consideran la clave para saber a qué se comprometió el Gobierno. Suman la Ley provincial L 4640, que incorpora adicionales como sumas remunerativas sujetas a aportes para empleados del Ejecutivo desde los 50 años en las mujeres y los 55 en los varones. Recuerdan también que UnTER ya llevó el conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que los casi 380 expedientes pendientes no equivalen necesariamente a igual cantidad de beneficios denegados, por lo que le exigen al Ejecutivo que precise la cifra y diga cuántos se reactivaron tras las gestiones de octubre y cuántos siguen trabados, sobre todo los de quienes ya dejaron sus cargos.

Catorce preguntas que el gobierno no puede esquivar

El pedido funciona, en los hechos, como un interrogatorio al Ejecutivo. Los legisladores exigen que se detalle, año por año desde 2014, cuánto de la masa salarial provincial y del sector docente se pagó con conceptos no remunerativos, cuáles fueron los aportes y contribuciones declarados, retenidos, ingresados y pendientes, y qué deuda previsional reconoce la Provincia, cuál reclaman la ANSES o la ARCA y cuál está discutida.

Preguntan, además, qué partidas presupuestarias se asignaron y ejecutaron para regularizar los aportes y, si no hubo ninguna, por qué. Piden que se explique cómo se calculó la estimación de más de $156.900 millones anuales que haría falta para preservar los salarios netos en un plan integral de regularización, y que se distingan las obligaciones del pasado de los costos futuros. Quieren saber si se retuvo, declaró e ingresó el 2% adicional para los docentes alcanzados por el Decreto 137/2005 y si hubo casos en los que solo se aplicó el 11%, y reclaman las actas y comunicaciones de las negociaciones con la ANSES y la ARCA, incluidas las de septiembre y octubre, junto con la copia íntegra del convenio de 2021, sus anexos y las constancias de cumplimiento.

Uno de los puntos golpea de lleno a quienes hoy esperan sin cobrar: el Ejecutivo debe informar cuántos docentes cesaron o fueron intimados a cesar sin haber empezado a percibir su jubilación, cuánto tiempo pasó desde que dejaron el cargo y qué medidas de asistencia o continuidad salarial se previeron mientras se resuelve cada trámite. Son los docentes que, como contó a Bache3000 uno de los afectados, eligieron la renuncia definitiva cuando la jubilación tardaba entre cuatro y seis meses en salir y hoy siguen sin cobrar después de un año.

El último punto pone la lupa sobre los convenios individuales de regularización. Los legisladores preguntan si la Provincia los ofrece a docentes activos, jubilados o con trámites pendientes, con qué fundamento legal, quién es el obligado al pago, qué descuentos se aplican sobre los haberes presentes o futuros y cuántos se firmaron. Y preguntan, sin vueltas, si la Provincia asume las obligaciones que legalmente le corresponden como empleadora.

Mientras tanto, los docentes hacen lo único que tienen a mano: se juntan, presentan denuncias en la Defensoría del Pueblo, entregan notas en la ANSES y hablan con legisladores y periodistas. “Estamos en el horno”, dijo uno de ellos a Bache3000, y agregó: “Los docentes hemos cumplido en todo: con el trabajo, con los aportes y con la documentación que nos pidieron”.

Con el pedido de informes sobre la mesa, la presión política ya está puesta. Ahora el Gobierno de Río Negro tiene que decir cuánto debe, por qué no se cumplió con lo firmado en 2021 y qué va a hacer para que cientos de docentes que dieron treinta años de trabajo puedan, por fin, cobrar lo que les corresponde.