Por: Bache3000

Tomás Guevara y Federico López Lámbert, (el primero, candidato a convencional por Fuerza Bariloche) integrantes de la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable (FADEHS), presentaron este jueves cartas documento dirigidas a la Provincia de Río Negro y a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. En ellas los intiman a dar cumplimiento a la Ordenanza 3349 y a la Ley 5491, que mandan al cierre, la remediación y la relocalización del vertedero municipal.

Guevara, vecino que peleó durante años por el cierre del basural y cuarto candidato a convencional constituyente por Fuerza Bariloche, vinculó la medida con la elección del domingo. “Weretilneck y Cortes creen que pueden desconocer las leyes y hacer lo que se les canta, no vamos a permitir que mantengan el vertedero en el lugar de forma indefinida, queremos ver avances concretos en su relocalización. Este domingo también votamos para ponerle un límite a tanta arbitrariedad”, afirmó.

Los integrantes de la ONG tomaron la decisión después de presentar reclamos administrativos a lo largo de 2026 que, según denuncian, ninguno de los dos gobiernos contestó. Ante el Municipio, el recurso fue presentado el 16 de enero y el pronto despacho el 15 de mayo. Ante la Provincia, el recurso data del 19 de enero y el pronto despacho del 12 de marzo.

En la carta dirigida al Municipio, FADEHS exige el cumplimiento de la Ordenanza 3349-CM-22, que dispone el cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) como sitio de disposición final. También recuerda la sentencia del 22 de mayo de 2025 en el amparo colectivo “Guevara, Tomás Alejandro y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche”. Señala que el plazo para el cierre venció el 4 de diciembre de 2023 y que el sitio sigue en uso, por lo que intima a impulsar la localización y puesta en funcionamiento de un nuevo sitio de disposición final ambientalmente adecuado.

A la Provincia le reclama que ejerza los deberes de control, fiscalización e intervención que le asignan los artículos 8 y 11 de la Ley 5491, que controle el cumplimiento del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y que, ante la persistencia del incumplimiento, arbitre los mecanismos legales para ejecutar el cierre y la remediación por cuenta y cargo del Municipio. En ambos casos, la fundación advierte que promoverá acciones administrativas y judiciales y que hará responsables civil y penalmente a los funcionarios competentes por el daño ambiental y a la salud de las personas.

Con las intimaciones despachadas, la vía administrativa queda agotada y se habilita la demanda. Desde la fundación explicaron por qué irán directamente al máximo tribunal provincial. “El amparo de 2019 (que firmó el mismo Guevara junto a Juntas Vecinales) era previo a estas normas y por eso el juez no quiso pronunciarse sobre el cierre. Hoy, en 2026, no queda duda que la norma vigente obliga al cierre y relocalización, por eso vamos a presentarnos directamente ante el Superior Tribunal de Justicia, para obligar al cumplimiento de las leyes vigentes en la materia”, concluyeron.