Por: Bache3000

Los vecinos enviaron el 29 de octubre de 2026 cartas documento al Municipio y a la Provincia para intimarlos a cumplir con la Ordenanza 3349-CM-22 y con la Ley Provincial 5491, las dos normas que establecen la erradicación del vertedero municipal. Explican que dieron este paso después de presentar durante todo el año distintos recursos administrativos que, sostienen, no recibieron respuesta.

Un día después, el gobernador Alberto Weretilneck anunció la intención de buscar un sitio regional para un relleno sanitario y planteó la idea de usar fondos de la agencia francesa que hoy financia el proyecto GIRSU del Alto Valle. Según relatan los vecinos, ese dinero se destinaría solamente a analizar cuál sería el sitio regional y no a obras, y aseguran que no hay fondos asegurados ni una contratación concreta, por lo que entienden que todo quedó planteado como una promesa a futuro.

Los vecinos rechazan el momento elegido para el anuncio, que llegó a 48 horas de la elección, y entienden que podría incumplir la veda electoral. También recuerdan que el relleno sanitario que el gobernador impulsó para Viedma es, a su criterio, un desastre. “Hasta que no vean un paso hacia adelante no le vamos a creer”, sostienen, y agregan que “siempre dicen promesas, no cumplen nada”.

Aun así, rescatan un punto, el de haber instalado la discusión regional. Recuerdan que hace unos meses el gobernador decía que el vertedero no era un problema regional y que hoy admite que sí lo es.

El reclamo tiene un largo recorrido, que los vecinos reconstruyen desde enero de 2019, cuando referentes de las juntas vecinales, encabezados por el vecino Tomás Guevara, presentaron un amparo ambiental por los incendios recurrentes, el humo, los malos olores y los posibles efectos sobre la salud asociados al basural a cielo abierto. Pedían un plan integral para mejorar la gestión de los residuos, remediar el predio y prevenir incendios.

En noviembre de 2020, la Justicia hizo lugar al reclamo. Sin embargo, en junio de 2021, luego de que la Municipalidad apelara, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó los principales puntos del fallo por considerar insuficiente la evaluación técnica y científica que lo fundamentaba. Faltaban estudios que permitieran determinar con mayor precisión el estado ambiental del predio y definir las medidas necesarias, y a partir de entonces la causa quedó durante años sin avances.

En 2020 se sancionó la Ley 5491, que obliga a erradicar los basurales a cielo abierto en Río Negro. En 2022, la Ordenanza Municipal 3349-CM-22 estableció el cierre definitivo del vertedero para 2023, además de su relocalización y saneamiento. En mayo de 2025, la Justicia retomó el caso y consideró que ya no correspondía resolver sobre la obligación de cierre, porque estaba establecida por una norma, aunque ordenó una pericia técnica para evaluar el estado del predio.

Los vecinos señalan que esa evaluación continúa pendiente y cuestionan su alcance, ya que entre otros aspectos remarcan la necesidad de monitorear el agua subterránea para determinar si hay contaminación y en qué magnitud. Agregan que tampoco estaría contemplado el análisis de la calidad del aire.

Un pliego retirado, contenedores y nuevas celdas

En abril de 2026 se discutió un pliego presentado por Walter Cortés que proponía extender la vida útil del vertedero por diez años más, con el argumento de que se necesitaba ese tiempo para analizar y encontrar una alternativa para la gestión de los residuos. Los vecinos se opusieron firmemente y participaron durante una semana en las instancias de audiencia pública. Consideraban injustificable ese plazo, especialmente porque, según denuncian, durante los tres años de gestión de Cortés no se registró ningún avance hacia una solución integral. Por el contrario, aseguran que hubo retrocesos, como la eliminación de la recolección diferenciada, la supresión de la Secretaría de Ambiente y la falta de un equipo profesional dedicado a desarrollar alternativas modernas de gestión de residuos. Ante la falta de garantías y de diálogo con el Ejecutivo municipal, rechazaron el proyecto y finalmente el pliego fue retirado.

Meses después, Cortés anunció la instalación de contenedores diferenciados para residuos secos y húmedos en el centro de la ciudad, como prueba piloto. Los vecinos cuentan que consultaron a la Asociación de Recicladores Bariloche, que les informó que no estaba recibiendo esos materiales, y que a partir de esa información siguieron a los camiones municipales y observaron que los residuos se depositaban mezclados en el vertedero.

En septiembre de 2026, los vecinos filmaron cómo el Municipio había comenzado a construir nuevas celdas en el vertedero, pese a que el pliego para extender su vida útil no había sido aprobado. Consideran que estas obras son ilegales, dado el marco normativo que establece el cierre del predio, y cuestionan que se avance con la construcción sin que se haya cumplido con la evaluación de impacto ambiental correspondiente, estudio que, sostienen, no habría aprobado el inicio de las obras.