Por: Bache3000

José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, sostuvo que las decisiones del Superior Tribunal de Justicia revelan «subordinación» al gobierno de Alberto Weretilneck. También apuntó contra otros integrantes del Poder Judicial y ratificó el impulso al juicio político a cuatro miembros del máximo tribunal.

En diálogo con FM de la Costa, el legislador definió al Poder Judicial como «el poder menos democrático» y marcó la diferencia con el resto de los poderes: «uno sabe cuándo ingresa al Poder Judicial, siendo juez, fiscal y demás, pero nunca sabes cuándo te vas». Y agregó: «Es más, hay algunos que se fueron, como se dice en el barrio, con las patas para adelante. Entonces estamos ante una cuestión de un poder monárquico. Yo insisto con esta palabra: son monárquicos». Más adelante fue todavía más directo: «estamos hablando de una justicia totalmente adicta al poder político».

Sus críticas acompañan las presentaciones impulsadas por legisladores de Vamos con Todos y Cambia Río Negro contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el juez Adrián Zimmermann y el fiscal jefe Hernán Trejo. Se trata de actuaciones distintas: el juicio político a los vocales corresponde a la Legislatura, mientras que las denuncias contra Zimmermann y Trejo deben tramitarse ante el Consejo de la Magistratura.

Gennuso, las amenazas a Santos y los diez años de mandato

Berros cuestionó el recorrido de la causa Gennuso y el cambio de enfoque penal que, según planteó, se produjo después de pronunciamientos favorables al exintendente. También mencionó el archivo de las amenazas contra Santos y su familia. Su argumento apunta a un funcionamiento selectivo de la Justicia, con insistencia sobre determinados expedientes y falta de investigación cuando aparecen elementos vinculados con el oficialismo.

La crítica alcanzó además la estabilidad de los cargos judiciales. «Pasan los legisladores, pasan los gobernadores, pasan los intendentes, pasan los concejales», enumeró, antes de señalar que los magistrados permanecen en sus puestos. Berros recordó su iniciativa para establecer un límite de diez años y discutió la legitimidad de un sistema que conserva a sus integrantes mientras cambia la representación elegida por la ciudadanía.

Sobre el tiempo que demoran los expedientes, fue categórico: «Cuando la justicia tiene causas que tienen más de 10 años deja de ser justicia». Precisó que el perjuicio alcanza a ambas partes, «ni para el que está siendo acusado ni para el damnificado». Según su planteo, las dos quedan sujetas a un poder que administra el proceso sin ofrecer una resolución.