Por: Bache3000

A menos de 48 horas de que terminaran las elecciones constituyentes, Catedral Alta Patagonia (CAPSA) salió a la cancha con dos interlocutores de peso para explicar en la prensa que, si el Estado municipal no avanza con la urbanización de las 77 hectáreas, no va a poder instalar la nueva telecabina para el año que viene. No fue una declaración suelta ni un comentario al pasar: la presión llegó además con un comunicado de prensa, todo en la misma ventana, apenas se apagaron las urnas.

Una de esas voces fue Hugo Tossio, coordinador general de CAPSA, que le dijo al diario Río Negro: “Lo que está pasando en el Catedral es que la falta de decisión está frenando toda la obra y la inversión en el cerro”. Y fue más lejos, con un reproche directo a la gestión municipal: “Por un lado nos piden inversión pero por otro nos frenan”.

La otra voz fue la de Helga María Salvatelli, directora de Proyectos de la empresa, que habló con Radio Seis y dijo que "hoy estas 68 cabinas que la empresa compró y que están en Argentina están guardadas en un galpón esperando el tratamiento y las definiciones del Estado municipal para que se pueda avanzar con las obras”, explicó.

Tierra por un lado, inversión por el otro

Lo que CAPSA presenta como un solo problema son en realidad dos asuntos distintos, y esa mezcla no parece casual. Por un lado está la cuestión de la tierra: los parámetros urbanísticos sobre las 77 hectáreas del cerro, con un debate político abierto sobre qué se puede construir y bajo qué condiciones. Por el otro está la inversión, que no es un gesto de buena voluntad de la empresa sino una obligación que asumió por el contrato de concesión y por la licitación que la dejó a cargo del centro de esquí. Al atar una cosa con la otra, las declaraciones prestan a la confusión y dejan al Municipio (Ejecutivo - Concejo) en el lugar del que frena el progreso, cuando lo que está en discusión es otra cosa.

La propia empresa admite el marco en su comunicado: “Nos corresponde operar el centro de esquí, invertir y ejecutar las obras en el marco del contrato de concesión”. Salvatelli, además, insistió con que la modernización de la telecabina “es necesaria, es urgente, es prioritaria para la concesión”, y apuntó contra el Estado municipal: “Al Estado municipal le corresponde definir las reglas para que estas inversiones y la mejora de los servicios se puedan llevar adelante”.

El reloj de la obra también quedó puesto sobre la mesa como argumento de presión. Según Salvatelli, las obras “ya tendrían que haber empezado para poder llegar a julio de 2027 y hoy están frenadas esperando definiciones”. La directora agregó que en los últimos meses no hubo avances en la planificación de los futuros proyectos del cerro, y vinculó esa falta de tratamiento con la discusión de la Carta Orgánica. El comunicado suma otro dardo político: la empresa invitó a los concejales a recorrer el cerro y, según CAPSA, la invitación sigue sin respuesta. Con todo eso, la empresa pidió al Concejo Municipal y al Ejecutivo que, cada uno en el ámbito de sus competencias, den una respuesta formal.

El movimiento de CAPSA tiene un timing empresarial y político difícil de ignorar. La advertencia sale con la elección ya definida y con los 15 constituyentes a punto de empezar a analizar, desde la semana que viene, temas sensibles como si el carácter inalienable de las 1920 hectáreas de tierras públicas que rodean al Cerro Catedral va a seguir vigente. En esa discusión también habrá que ver cuál será el rol político de CAPSA dentro de la Asamblea Constituyente, y hasta dónde piensa llegar la empresa para condicionar el debate.

Según pudo saber Bache3000, desde el oficialismo municipal no se está pensando en quitarle la inalienabilidad a las tierras del cerro ni a las que lo rodean. En el marco de la discusión de la Carta Orgánica, esas tierras segurían siendo inalienables, y es por eso que CAPSA también salió mediáticamente a presionar.