Por: Bache3000

Esta semana los amparistas que impulsan la defensa de la Ley de Tierras presentaron ante la Justicia Federal una ampliación de la demanda en la causa “Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo Colectivo”, un escrito que incorpora hechos ocurridos después del inicio del expediente y ofrece nueva prueba sobre la extranjerización de tierras, en el marco del cuestionamiento a la derogación de la Ley 26.737 mediante el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

La causa tiene sello barilochense desde su origen, porque el amparo fue presentado a fines de 2023 en el juzgado federal con sede en Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon y la legisladora Magdalena Odarda, Fue ese expediente el que terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso la suspensión provisoria del artículo 154 del decreto y devolvió las actuaciones a Bariloche. Los demandantes solicitaron ahora que esa protección se mantenga mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Se trata de un tema que Bache3000 fue documentando a lo largo de este año: desde la visita en febrero del emir de Abu Dhabi hasta el caso Baguales de capitales qataríes y el testimonio del testaferro polista que se escuchó en un juicio oral en la ciudad, entre otras polémicas. 

Según un comunidado de prensa de Odarda, el escenario en el departamento Bariloche ya era delicado antes de que existiera la derogación, porque la superficie rural en manos extranjeras alcanzaba el 21,53 % en 2017, por encima del límite del 15 % que establece la Ley 26.737. Los amparistas advierten que la eliminación de la norma nacional dejaría sin sustento a las herramientas provinciales destinadas a controlar la concentración y la extranjerización de tierras, y como ejemplo del apetito que despertó la posibilidad de aplicar la derogación incorporaron la publicidad de una inmobiliaria de Chubut que ofreció casi 3.000 hectáreas con lago, cascada y acceso al río Pico, destacando las nuevas oportunidades para compradores extranjeros.

Los casos que suman los amparistas

El principal es el de Baguales Mountain Reserve, un emprendimiento de unas 20.000 hectáreas en la cordillera rionegrina, dentro del departamento Bariloche, vinculado a capitales de la familia real de Qatar. Los amparistas cuestionan especialmente que se haya otorgado a Río Villegas S.A.U. el permiso para aprovechar el agua del arroyo Baguales mediante tres centrales hidroeléctricas privadas, con una concesión por 30 años, y advierten que no hay garantías suficientes de evaluación ambiental, participación ciudadana y control legislativo sobre el impacto en bosques, humedales y cursos de agua.

El segundo tiene origen en un juicio realizado en Bariloche, donde Hugo Alberto Barabucci declaró en abril haber recibido una donación de aproximadamente dos millones de dólares del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para adquirir cerca de 19.269 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut, próxima al cerro Carreras, una declaración que este medio viralizó en su momento y que tuvo repercusión nacional. A partir de esos dichos, los amparistas piden que se incorpore el registro audiovisual de la audiencia y que se investigue quiénes son los verdaderos beneficiarios de la operación, para determinar si hubo una adquisición mediante una persona interpuesta con el fin de eludir las restricciones de la Ley de Tierras, y vinculan el caso con los conflictos territoriales que atraviesan las comunidades mapuche de esa región.

El escrito también pone el foco en la situación de las comunidades Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon, que forman parte de la acción judicial y reclaman el reconocimiento y la protección de sus territorios ancestrales, y sostiene que el avance de los intereses inmobiliarios sobre grandes extensiones se suma al debilitamiento de las herramientas de protección indígena, en particular por la derogación de la Ley 26.160, que había declarado la emergencia territorial de las comunidades y suspendido los desalojos de las tierras que ocupan tradicionalmente. Entre los hechos incorporados figura además el aeropuerto privado de Joe Lewis en la costa atlántica rionegrina, cuya propiedad habría sido transferida a una sociedad con participación de capitales de Emiratos Árabes Unidos, según la documentación que presentan los demandantes.

Con el expediente de nuevo en el juzgado federal de Bariloche, lo que sigue es que la Justicia resuelva sobre la legitimación de los actores, la cautelar y la prueba ofrecida, mientras la suspensión dispuesta por la Corte se mantenga vigente.